Editar la realidad es una pasión dominante del kirchnerismo. Lo fue en sus albores, cuando Néstor Kirchner era intendente de Río Gallegos y llamaba a los programas de radio haciéndose pasar por un oyente que celebraba las acciones de gobierno o fustigaba a los opositores. Siguió siéndolo cuando, como gobernador, cooptó, compró o controló con excesos regulatorios los medios de comunicación de Santa Cruz (como se narró en el libro El amo del feudo, en marzo de 2003). Y a partir de 2005, tras dos años de buenos modales, volvió a la carga "administrando" el reparto de la publicidad oficial para ajustar las líneas editoriales de los medios. Así, la cuenta "prensa y difusión" se volvió una herramienta fundamental en la construcción del relato.

En 2006, Editorial Perfil presentó la primera denuncia contra el Poder Ejecutivo -por entonces integrado por dirigentes hoy abiertamente opositores- por discriminación en el reparto de la pauta oficial. La Corte Suprema, la misma que declaró constitucional la ley de medios, falló a favor de Perfil y le prohibió al Gobierno que use el dinero público para condicionar la línea editorial de los medios. En cuanta oportunidad tuvieron, los jueces ratificaron ese fallo.

Pero el caso Perfil fue apenas el primero de una larga lista de presiones, persecuciones y aprietes económicos (entre los que destacaría el cepo publicitario de 2013). Desde 1983, ningún gobierno gastó tanto en "publicidad de los actos de gobierno", expresión constitucional con la que la administración nacional justifica las decenas de miles de millones de pesos (que aún no han sido completamente contabilizadas) destinadas a la propaganda.

Según un relevamiento del académico e investigador Martín Becerra en 2010, el Estado nacional es el principal anunciante en la Argentina. Una torta publicitaria estancada y el crecimiento del gasto público en este rubro sólo pueden haber profundizado esa situación.

A veces, los avisos gubernamentales tienen forma de mensaje ideológico (del autoproclamado "proyecto nacional y popular"), otras veces son mensajes vacíos (como los institucionales de la Anses) que cumplen el papel de justificar un pago que contribuye a sostener artificialmente medios adictos. Pauta oficial, Fútbol para Todos, Televisión Digital Abierta, Ficciones para Todos, Automovilismo para Todos, Planes de Fomento de Contenidos Digitales y muchos otros eufemismos esconden la construcción del mayor aparato comunicacional al servicio de un gobierno. A ese esquema debe sumarse la aplicación selectiva de la ley de medios, que autoriza a unas empresas lo que prohíbe a otras y le dio al Gobierno un instrumento formidable para condicionar la libertad de prensa.

Para el gobierno nacional, que no se ruboriza por seguir alimentando esa maquinaria, la pauta oficial es un elemento clave del aparato propagandístico, tanto como la distribución cruzada de concesiones públicas en telecomunicaciones, energía, obras públicas o juegos de azar, y subsidios indirectos a empresarios privados sin trayectoria previa en la actividad editorial.

Según contabilizó la Fundación LED, con la última reasignación, en 2014 el gobierno nacional habrá gastado $ 1763,3 millones en "prensa y difusión", apenas una de las cuentas -y no la más generosa- que proveen de recursos al relato. Entre 2003 y 2014, los fondos con ese destino aumentaron 3811 por ciento.

Es fácil saber cuánto gasta el Gobierno porque aún publica esos números. Más difícil es saber cómo reparte los fondos, porque los últimos datos oficiales disponibles en el sitio web de la Jefatura de Gabinete corresponden al primer semestre de 2013. En el último relevamiento hecho por LA NACION, los medios de la sociedad Szpolski-Garfunkel, Carlos Lorefice Lynch (representante del mexicano Remigio González), Telefé-Telefónica, el grupo Uno Manzano-Vila, Página 12-Sokolowicz e Indalo-Cristóbal López lideraban ampliamente un listado de casi 2000 receptores de publicidad oficial en todo el país.