En la teoría, los contribuyentes son los dueños del Estado toda vez que, a la vez, son electores. Sin embargo, en la Argentina K los contribuyentes son sirvientes del Estado, y los funcionarios K han mutado de servidores públicos en dueños de ese Estado y beneficiarios y manipuladores de sus privilegios. Por si faltara un ejemplo para exhibir la injusticia, sucede la baja global en el precio de las naftas que no consigue reflejarse en un beneficio al consumidor argentino porque el precio final se encuentra estructurado en función de los tributos que percibe el Fisco. Entonces, no es flexible porque lo que le importa al Fisco es recaudar más, nunca que el contribuyente/elector/consumidor/usuario obtenga algún beneficio por su sacrificio.
Aún no hay definición sobre el precio de los combustibles, que ha bajado en todo el mundo menos en la Argentina, donde la petrolera dominante, además, es del Estado, YPF.
En teoría, el Ejecutivo Nacional no fija los precios del mercado de combustibles porque está desregulado, pero YPF es del Estado y su política tarifaria tiene la capacidad de influir sobre el resto de la oferta.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, admitió la posibilidad, de una baja pero no la confirmó y, además, todos conocen la baja credibilidad de Capitanich, funcionario patético si los hay.
"No puedo responder hoy y eso será motivo de análisis de las carteras correspondientes", aclaró el gobernador del Chaco en uso de licencia.
Él sostuvo que "eventualmente, si existe una decisión será públicamente anunciada por los ministros"de Economía, Axel Kicillof; y de Planificación, Julio De Vido.
Sin embargo, el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles, Raúl Castellanos, ya aclaró que una baja en el precio implicaría "resignar ganancias por parte de las compañías petroleras y las estaciones de servicio", en especial de YPF, que financia sus inversiones en parte con la caja del expendio de combustibles, y por lo tanto no será "fácil".
En declaraciones a radio El Mundo, Castellanos recordó que YPF "necesita fondos, y por eso una decisión de este tenor se tiene que tomar de manera conjunta entre el Gobierno y la petrolera".
Además, él reiteró que una eventual baja de precios repercutiría en "la rentabilidad de las estaciones de servicio", un sector que, advirtió, atraviesa "un mal momento".
El titular de la Federación de Entidades de Combustible Bonaerense, Luis Malchiodi, coincidió, y por eso dijo que la reducción del precio de las naftas en Argentina no será significativa.
“El precio tiene un 70% de impuesto. En la Provincia de Córdoba, aunque hay un impuesto a la Tasa Vial que han aplicado, que por otra parte es ilegítimo porque los convenios de coparticipación de impuestos lo prohíben, el impuesto sobre el precio del combustible es de más del 70%”, dijo.
“Es decir, si una persona paga $100 de líquido, el 70% es impuesto. Por eso, si llega a haber algún anuncio, la reducción va a ser mínima porque el precio comercial es un mínimo componente de la estructura del precio”, explicó.
Malchiodi enfatizó que el caso argentino no es comparable al de otros países. “En aquellos países donde prácticamente no hay impuestos (por ejemplo, USA), cuando se habla de una baja del precio realmente se siente porque el precio es casi en un 100% comercial”.
“En Argentina tenemos una estructura diferente. Por eso cuando se habla de bajas a nivel mundial, no se puede comparar tan simplemente”, aseguró.
“Argentina ha fijado un precio de venta interno superior al externo. Este precio de referencia se generó para resguardar a los consumidores de los aumentos en el exterior, y hoy en día juega en contra”,afirmó.
Malchiodi informó que la entidad que preside se ha dirigido al ministro Kicillof, para explicarle en qué situación están los expendedores. “Somos la parte más débil de la cadena y no quisiéramos pagar por una cuestión netamente política”, dijo.
“Aunque la reducción no va a ser significativa, si nos obligaran a nosotros a reducir utilidades, no podríamos soportarlo”, finalizó.
Nadie quiere resignar ingresos y menos el Estado porque tendría que bajar el gasto público, lo cual está prohibido de facto. El Estado K es oneroso y por eso acepta la inflación: ayuda a recaudar más en términos nominales. Pero si el Estado no aceptar ingresar menos dinero por el litro de nafta en una coyuntura de estanflación, ¿por qué deberían aceptarlo los privados?
