Son consecuencia de su propia actividad. La principal estrategia de Axel Kicillof para resolver los problemas económicos es programar una recesión. Según el Indec, en 12 meses se destruyeron 450.000 puestos de trabajo.

Contra el telón de fondo de este malestar, la corrupción se vuelve más visible. Es la otra arma con la que el kirchnerismo acostumbra a lastimarse. El vínculo entre las empresas hoteleras de los Kirchner y los negocios del contratista de obra públicaLázaro Báez colocó a la Presidenta en el centro de una trama de irregularidades.

Según información procedente de tribunales a raíz del allanamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio , la empresa Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate, aún no ha presentado a la Inspección General de Justicia (IGJ) los balances de los últimos tres años. El último es el de 2010, pero carece de la firma de profesionales o de los responsables de la empresa.

En el domicilio porteño declarado por esa sociedad, Lavalle 975, 4ºA, hay una oficina que desde hace cuatro años pertenece a un abogado que la ha dado en alquiler. Por lo menos no hay un médano.

Ayer Hotesur SA emitió un comunicado en el que admitió sus contravenciones, pero explicó que son triviales. Consignó que la documentación que no está en la IGJ está en la AFIP y cumple las exigencias reglamentarias.

Aclaró también que su domicilio está en Santa Cruz, pero que ha habido demoras para registrarlo. La empresa de la Presidenta también dictaminó que, si fuera sancionada por el gobierno de la Presidenta, le correspondería una multa de 3000 pesos. ¿Aparecerá el valiente que le aplique otro castigo?

El anónimo redactor de la declaración demuestra que además de los secretos de la actividad turística domina los de la vida institucional. Por ejemplo, describe los antecedentes disciplinarios del juez Bonadio en el Consejo de la Magistratura. Y advierte, como si fuera un pecado, que fue secretario de Carlos Corach: innecesario desaire a Daniel Scioli, que tiene hoy en Corach a uno de sus consejeros más cercanos.

El parte denuncia también una persecución contra la empresa orquestada por medios de comunicación, dirigentes de la oposición, y "vaya a saber qué otra apoyatura externa", para atacar a la Presidenta y sus hijos. Nació la hotelería militante.

Los incumplimientos detectados por la Justicia quizá serían triviales, si no fuera porque Hotesur SA es sospechada de formar parte de una operación gigantesca y sistemática de lavado de dinero que habría organizado Báez. Esa sociedad controla Alto Calafate, el hotel cuyas habitaciones alquiló Austral Construcciones durante años a precios que llegaron a duplicar los de mercado.

Son acuerdos muy extraños, sobre los que todavía no hay un comunicado. Durante los períodos en que Báez reservaba todas las habitaciones para su compañía, en el sitio Tripadvisor seguían apareciendo brasileños, italianos, franceses y alemanes recomendando ese paraíso. ¿Serían empleados de Báez? Hay un detalle que lleva a pensar que sí. Casi todos se quejan de que Alto Calafate quede lejos de la ciudad. Es otra rareza: Báez premiaba a sus abnegados albañiles con un alojamiento lujosísimo, pero ubicado muy lejos del trabajo.

MODUS OPERANDI

El alquiler de hoteles a contratistas de obra pública parece ser un modus operandi de los Kirchner para enriquecerse. En 2006 el matrimonio rentó Los Sauces, otro de sus emprendimientos en El Calafate, a Juan Carlos Relats, quien en aquel momento construía un acueducto en la provincia y un tramo de la autopista Córdoba-Rosario, ambos adjudicados con la anuencia del ex presidente.

Si bien en Harvard la Presidenta explicó su fortuna en su carrera de abogada exitosa, las declaraciones juradas de ella y de su esposo justificaron su progreso patrimonial en actividades mucho menos productivas: la renta de los hoteles y la tasa preferencial con que remuneraban sus ahorros los Eskenazi, propietarios del Banco de Santa Cruz que hoy están cerca de Sergio Massa.

Relats, el benefactor de los Kirchner, murió en diciembre del año pasado. Dos años antes, en Corrientes, se había suicidado su socio, Raúl Clebañer. Sin embargo, el Gobierno sigue asignando negocios a JCR SA, la empresa de Relats. Por ejemplo, el 5 de agosto pasado la señora de Kirchner concedió a su antiguo inquilino patagónico el primer tramo del Gasoducto del Nordeste. JCR SA se asoció para esa licitación con Servicios Vertúa. Es la firma de Raúl Vertúa, a quien en el mercado suponían desahuciado por dramas financieros que parecen ahora superados por la intervención de una mano bondadosa. Un caso sui géneris de empresa recuperada. Vertúa ganó notoriedad hace unos años en Neuquén porque se lo acusó por la quiebra fraudulenta de una empresa de transportes. En enero pasado la señora de Kirchner le adjudicó la ampliación de otro gasoducto, el Cordillerano, también en combinación con los Relats.

La licitación de estas obras estuvo a cargo de Julio De Vido, gracias a quien Relats conoció a Kirchner en el año 2001. La gestión del concurso estuvo a cargo de Roberto Barata, mano derecha del ministro. Barata es tan decisivo en la organización de estas iniciativas que en las grandes constructoras a las obras públicas del kirchnerismo se las denomina "baratijas".

Además de la familia Relats, en el Gasoducto del Nordeste intervendrá otro viejo conocido de De Vido, Carlos Mundín, quien se hizo famoso con su firma BTU por los sobreprecios que se pagaron para las ampliaciones de gasoductos. El célebre caso Skanska, cuyas primeras investigaciones estuvieron a cargo del fiscal Carlos Stornelli y del entonces juez federal Guillermo Montenegro.

Ambos magistrados prefirieron abandonar las pesquisas después de unas gestiones de De Vido. Montenegro se incorporó al gabinete de Mauricio Macri como ministro de Seguridad. Y Stornelli fue contratado por Daniel Scioli para el mismo cargo, pero en la provincia. Fue Stornelli quien el jueves pasado solicitó el allanamiento de Hotesur SA. Es la segunda vez que a este fiscal le toca investigar a un presidente en las postrimerías de su mandato. El anterior fue Carlos Menem, en la causa por el contrabando de armas a Ecuador, por la que estuvo preso en Don Torcuato.

Los Kirchner y Menem son los presidentes que, desde la restauración de la democracia en 1983, más sospechas han inspirado en la justicia penal.

En el caso de la señora de Kirchner, las evidencias de los expedientes son reforzadas por el desopilante tratamiento que sus subordinados dan a los escándalos. Por ejemplo: el primer encargado de explicar lo que ocurre en Hotesur SA no fue el ignoto autor del comunicado de ayer, sino el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. De modo que no sólo Cristina Kirchner desarrolla una actividad comercial mientras ejerce la primera magistratura, sino que la contabilidad de su empresa es defendida por el ministro más importante de la Nación. Y sus comunicados son difundidos por la agencia oficial Télam. No está del todo mal: los hoteles familiares parecen haber formado parte, por una vía indirecta, del presupuesto del Estado. Pero convendría disimularlo.

TESIS OFICIAL

La tesis oficial, inaugurada por Capitanich, es que el interés del juez Bonadio y del fiscal Stornelli por la sociedad Hotesur es una manifestación de golpismo activo. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, esgrimió el mismo argumento. De Álvarez depende la Inspección General de Justicia, que está a cargo de Rodolfo Tailhade, que debería controlar la documentación de Hotesur. Álvarez y Tailhade pertenecen a La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, el dueño de Hotesur.

Por si el razonamiento según el cual investigar una empresa presidencial es conspirar contra la estabilidad de las instituciones no fuera del todo malo, el kirchnerismo agregó dos declaraciones. Luis DElía pidió que la cabeza del juez Bonadio sea exhibida en una pica en la Plaza de Mayo. En nombre de los derechos humanos pidió que el empalamiento se limite a algo simbólico.

En auxilio de DElía apareció el senador Aníbal Fernández, quien prestó otro servicio catastrófico a la defensa de su jefa. Dijo que "en ningún país serio la justicia allana una empresa que pertenece a la presidenta".

Es verdad: en ningún país serio los presidentes hacen negocios particulares, menos aún con empresas sospechadas de lavar dinero en combinación con contratistas de obra pública.

La reacción del Gobierno hace juego con otras anteriores. Ningún fiscal que se haya asomado a un caso de corrupción fue tan hostigado como José María Campagnoli cuando quiso reconstruir el circuito de dinero negro montado por el empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Este constructor soportó casi en silencio las denuncias sobre sus operaciones. Pero el día en que Hugo Alconada Mon detalló en este diario la lista de cheques librados por Austral Construcciones a favor de las empresas hoteleras de la Presidenta, el estoico contratista santacruceño recurrió a la Justicia para pedir censura previa.

Ahora los funcionarios hablan de golpismo. Hay que entenderlos: la causa Báez está empezando a ser la causa Kirchner.