Aunque a priori no lo parezcan, las organizaciones sociales son, ante todo, espacios de construcción política, tarea que encarnan no desde la concepción partidaria tradicional que lleva a disputar espacios dentro del sistema de representación, sino en el campo de las políticas públicas. Trabajan así en su diseño e implementación, proponiendo la instrumentación de políticas de Estado y de acciones que fortalecen la alicaída institucionalidad y la participación ciudadana más allá del voto.

En julio pasado, se reconoció y otorgó la personería jurídica a la Confederación de la Sociedad Civil (CSC), constituida como entidad de tercer grado que nuclea, entre otros, al Grupo de Fundaciones y Empresas, creado en 1995; al Foro del Sector Social (1996), y a la Red Argentina de Bancos de Alimentos (2009), entre otras. Esa flamante institución asume el rol político propio de la sociedad civil para encarar una serie de propuestas que abarcan iniciativas de políticas públicas en diversos rubros, como un paquete de medidas concretas para fortalecer a las organizaciones sociales con un marco legal, fiscal y laboral adecuado a sus particularidades, medidas que, hasta el momento, el poder político les ha negado de manera sistemática, pues erróneamente considera a las organizaciones de la sociedad civil competencia en lugar de lo que realmente son: agentes de cooperación.

De cara al proceso electoral 2015, que se inició prematuramente con la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas del año pasado, la CSC acerca a los candidatos un valioso programa de propuestas en políticas públicas no sólo para la consideración de los futuros gobernantes, sino también como insumos de nuevas normativas por considerar en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales.

Hace muchos años que otros sectores han constituido entidades similares como, por ejemplo, la Confederación General del Trabajo (CGT) o la Unión Industrial Argentina (UIA), convertidas en espacios de interlocución con los gobiernos y los dirigentes políticos. Por eso, resulta más que saludable para la democracia que las organizaciones sociales se hayan nucleado para proponer políticas públicas, controlar e incidir en los gobiernos y asumir un rol de liderazgo en la innovación política, abiertas al diálogo.

En el marco de la campaña electoral cientos de organizaciones que integran la CSC, representadas por sus federaciones y redes, aportarán su experiencia y conocimiento al servicio de quienes resulten elegidos. De esta forma, no sólo se potencian las posibilidades de alcanzar objetivos que, por su dimensión, las entidades sociales no pueden lograr por sí solas, sino que se compromete también la necesaria participación del Estado y del sector empresario a fin de garantizar a la población un mayor acceso a las oportunidades. Tal el caso de conocidas organizaciones como Techo, que trabaja en pos de reducir el déficit habitacional, o de Cáritas, con su programa Pobreza Cero, cuya creatividad y trabajo se potencian notablemente al establecer sinergias con el Estado o con grupos de particulares.

Especialistas de la CSC trabajaron sobre veinte propuestas, un verdadero plan de gobierno, presentadas en el Salón Azul del Senado de la Nación ante más de 400 asistentes. Esas iniciativas abordan el déficit habitacional, la salud, las adicciones, la lucha contra la pobreza, la malnutrición, la educación, la equidad de género, la institucionalidad democrática, la lucha contra el crimen organizado, la democracia global, el medio ambiente, la seguridad, la economía del conocimiento, la energía, el déficit en servicios públicos y la construcción de infraestructuras. Los legisladores Diego Santilli y Pablo Tonelli (Pro-Capital), Alberto Assef (UNIR-Buenos Aires) y Cynthia Hotton (Valores para mi País) reconocieron que el Parlamento no se nutre de las inteligentes e innovadoras iniciativas que surgen de la sociedad civil. Las bases del diálogo quedaron sentadas.

En tiempos electorales es bueno recordar que no sólo se eligen candidatos sino también plataformas, programas de gobierno para los que el aporte de la sociedad civil resulta indispensable. Replicando exitosas experiencias como las de Brasil o Alemania, hace unos meses se presentó un proyecto de ley para crear una oficina dentro del Congreso Nacional, que acerque la presencia y los efectos de una sociedad civil que necesita ser escuchada para que los diputados y senadores se informen y aprovechen su experiencia a la hora de legislar. En este último encuentro en el Congreso, se propuso impulsar la creación de una Oficina de Vinculación Ciudadana a ese fin. En las Naciones Unidas (ONU), desde 1948, funciona la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales, dentro de la cual fundaciones y asociaciones de todo el mundo, con estatus consultivo, contribuyen a proponer y discutir un sinnúmero de temas a los Estados miembros de la ONU.

La Confederación encarna el enorme crecimiento que la sociedad civil ha tenido en el país en los últimos 30 años y que, como venimos insistiendo desde estas columnas, no se ha visto acompañado por un marco legal, fiscal y laboral acorde que promueva y facilite sus actividades. Otras naciones, en cambio, han generado legislaciones que responden al desarrollo y la importancia alcanzada por el sector. En nuestro país, federaciones como las de los abogados, escribanos y contadores fueron invitadas por la CSC con este fin para que sumen su aporte.

Se impone revisar la normativa que regula la actividad de asociaciones civiles y fundaciones, así como la reglamentación de la figura de simple asociación que permitiría regularizar la situación del 90 por ciento de las entidades sociales. En materia impositiva, por un lado, modificaciones en el impuesto a las ganancias permitirían promover beneficiosamente las siempre valiosas donaciones individuales y empresariales, así como eximir del pago de impuestos a los sellos y a las transferencias bancarias a las entidades.

Eduardo Mallea decía en Historia de una pasión argentina, que el trabajo creador se origina en una inteligencia desinteresada, en un ensueño, en el proceso de una fantasía transformadora. Éste es el motor de la sociedad civil. La naciente Confederación de la Sociedad Civil aspira precisamente a que se aproveche esta enorme riqueza de las entidades sociales argentinas y, por ello, asume un rol político dentro de la sociedad civil, convirtiéndose en impulsora de una agenda que contribuya a enriquecer las políticas públicas generadoras de bien común, y en referente institucional para el fortalecimiento de las organizaciones sociales y cívicas. Articular y generar sinergias entre distintos ámbitos es el desafío que la Argentina debe enfrentar para alcanzar crecimiento, equidad e inclusión.