Las decenas de allanamientos de casas de cambio, sociedades de Bolsa y entidades financieras, sumadas a los renovados ataques a periodistas, confirman que para el kirchnerismo gobernar es intimidar.
De la mano del nuevo presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli ; el titular de la UIF, José Sbattella, y un núcleo del Ministerio Público Fiscal, que lidera la procuradora Alejandra Gils Carbó , avanza una suerte de caza de brujas, al mejor estilo maccarthista, con reminiscencias de una poca recordada Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Antiargentinas, creada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón y presidida por el diputado José Emilio Visca.
Esta comisión había sido constituida hacia 1949, tras denuncias de legisladores radicales sobre torturas por parte de la policía contra militantes opositores. En lugar de aclarar esos hechos, la comisión Visca se dedicó a investigar a medios de comunicación que no fueran afines al gobierno peronista, con el propósito de aterrorizar al periodismo crítico de aquella época.
No sólo fueron allanados importantes diarios como La Prensa, Clarín y LA NACION, sino también agencias internacionales de noticias, radios y entidades como el Jockey Club, la Federación Agraria, la Asociación de Abogados porteña y el Automóvil Club Argentino, por cuanto -según Visca- nadie podía privar al Congreso de "la facultad de investigar de dónde provienen los fondos de los diarios". Cualquier semejanza entre estos abusos autoritarios y las denuncias desde el poder kirchnerista asociando a los fondos buitre con los medios independientes, ¿será pura coincidencia?
La suba en la cotización del dólar informal producida en las últimas 72 horas, tras un corto período de calma cambiaria que algunos atribuyeron al miedo a Vanoli y a la aplicación de severas multas a entidades financieras, demostró una vez más que los controles policiales de poco sirven para remediar un clima de negocios que, desde hace rato, está por el suelo.
El gobierno de Cristina Kirchner viene empleando una rara dialéctica. Por un lado, la propia Presidenta ha acusado a la oposición y a sectores empresarios y de la prensa de hablar de "crisis" para justificar un futuro "ajuste". Curiosamente, ha sido el kirchnerismo el que ha dado a entender siempre que la Argentina vive en crisis. Entre otras cosas, porque, aun en épocas de crecimiento económico a tasas supuestamente chinas, se aferró al mantenimiento de la ley de emergencia económica, para justificar delegaciones de facultades legislativas del Congreso al Poder Ejecutivo que contrariaban la propia Constitución Nacional.
El packaging policial de las últimas medidas en el mercado financiero y leyes como la de abastecimiento y la antiterrorista se sustentan en discursos conspirativos que, en el fondo, no son más que una excusa oficial para extender el intervencionismo del Gobierno por doquier.
Todos parecen estar bajo sospecha. Incluso los periodistas, como el bahiense Germán Sasso, procesado por supuesto encubrimiento, tras hacer públicos audios en los que, aparentemente, el empresario Juan Ignacio Suris, que tuvo vínculos con Lázaro Báez , y otros individuos vinculados con una causa por narcotráfico mencionan a políticos, policías y funcionarios judiciales. Sasso fue procesado tras negarse a revelar la fuente que le suministró tal información, un derecho garantizado por la Constitución. Más sospechoso aún es que el juez que lo procesó aclarara que actuó contra el periodista a pedido del Ministerio Público, a cargo de Gils Carbó. Como si la preocupación de jueces y fiscales, antes que investigar la posible trama de delitos, fuese detectar cómo llegó la información a manos del periodismo. Todo un símbolo del Estado policial que nos rige.
