Al Secretario Legal y Técnico y a la Procuradora General de la Nación los desvela la misma cosa. Esa constituyó la razón del encuentro: la situación del empresario K Lázaro Báez, cuyas denuncias sobre corrupción empiezan a esparcirse como una enorme nube tóxica sobre el poder kirchnerista.
La inquietud de Zannini y de Gils Carbó es también la principal preocupación de Cristina. Quizás por ese motivo ese par de funcionarios celebró el cónclave sin consultar antes la opinión presidencial. Tampoco se pudo saber –las versiones son, en ese sentido, confusas- si las conclusiones de la charla llegaron a los oídos de la mandataria. Antes internada en una clínica privada, ahora convaleciente en Olivos.
Los damnificados políticos por la llamada “peste Báez” parecen crecer cada día. Por supuesto, lo mas trascendente sería el vínculo societario del empresario K con Cristina, mas allá de las precisiones que pretendió hacer semanas atrás Ricardo Echegaray. En las últimas horas la agenda incorporó los apremios de otros dos hombres. Carlos Gonella, el fiscal ad hoc, que está en la mira del juez Claudio Bonadío. Se trata de un hombre todoterreno para las necesidades K en la Justicia. El otro aquejado transita el desierto desde que la Presidenta resolvió echarlo por televisión de la jefatura del Banco Central: Juan Carlos Fábrega asoma salpicado por investigaciones sobre lavado de dinero que afectan a la sucursal del Banco Nación en Nueva York. Pero habría ramalazos en otras sedes bancarias del interior. La principal —tal vez no la única— por casualidad en Santa Cruz, el refugio de Báez.
Gonella es fiscal antilavado. Pero nunca se ocupó de indagar en las denuncias sobre las rutas clandestinas del dinero K del empresario patagónico. Bonadío lo acusa ahora por abuso de autoridad y violación de secreto en una investigación. Gonella la habría emprendido contra María Gabriela Lanz por el respaldo que esa jueza brindó al fiscal José María Campagnoli para que escarbara sobre Báez. Gonella posee un privilegio de pocos: es el “sobrino” político de Zannini y el “ahijado” de Gils Carbó.
La preocupación kirchnerista por Gonella difiere de cierta indiferencia que rodea al mundo Fábrega. Aunque no convendría confundir personas con las instituciones: que el Banco Nación aparezca ligado a un presunto lavado de dinero, en una investigación de un fiscal del distrito de Montana (en la frontera con Canadá), sería otro escuálido aporte al conflicto con los fondos buitres y a la idea de mantener fuera de contagio a los bonistas que ingresaron en los canjes de la deuda. El Nación motoriza, precisamente, el cambio de sede de pago para esos acreedores. Hasta ahora la maniobra del Gobierno significó un estruendoso fracaso. Nada indica que, con las novedades a la vista, le pueda ir mejor.
Fábrega aparecería comprometido en ambas irregularidades (la externa y la interna) por una razón: buena parte de la pista que se sigue fue trazada en tiempos en que comandó la entidad. El ex funcionario, en realidad, hizo toda su carrera en el Nación, desde el escalón mas bajo. Fueron 45 años de recorrido que concluyeron con la presidencia desempeñada entre noviembre del 2013 y octubre del 2014. Prácticamente un año.
Quizás en el caso del Banco Nación en Santa Cruz, Fábrega cargue con la peor parte. En esas entidad Báez acumuló largo tiempo cheques sin fondos de su empresa, Austral Construcciones, por casi $3 millones. Curiosidad: nunca esa cuenta fue objetada. La mitad de esa deuda terminó siendo pagada pero el mayor monto también se acumuló durante el 2014. Con un añadido: después de la salida de Fábrega continuaron las rarezas contables y financieras. Desde octubre preside el Banco Nación el ingeniero Juan Ignacio Forlón, de Río Gallegos, integrante de La Cámpora y amigo de Máximo Kirchner. Aún en su eclipse –por las denuncias y la ausencia de obra pública— Baez seguiría teniendo protección en el sur.
Algunos allegados a Fábrega suponen que parte de las presentes desgracias habría que adjudicarlas a Axel Kicillof y a Alejandro Vanoli, su sustituto en el Central. El veterano ex funcionario supo en su momento de las malas artes del joven ministro de Economía. Podría endilgársele en el caso de Santa Cruz alguna culpa. Pero conjeturar con una influencia subterránea de Kicillof sobre el fiscal de Montana, respondería sólo a las consecuencias de algún alucinógeno. La lección de toda esta cenagosa historia sería mas lineal: la defensa política de Cristina y de su tropa exige sacrificios extremos. Aún de aquellos que, a priori, portarían identidad de inobjetables.
Esta misma semana la diputada bonaerense, Margarita Stolbizer, denunció penalmente a Cristina por fraudulentos negocios hoteleros con Báez. Quizás desee que no queden dudas sobre aquella frase que lanzó la titular de la Coalición Cívica de Santa Cruz, Mariana Zuvic, cuando sostuvo que “los Kirchner y Baez fueron socios de toda la vida”.
Zannini y Gils Carbó habrían conversado sobre la manera de echar un cerco al crecimiento de este escándalo. Lo que tienen a mano es conocido: la posibilidad de inyectar en el sistema judicial 17 fiscales y 1.600 empleados. Un número importante pero quizás insuficiente si se lo compara con otras estadísticas. Sólo durante el 2014 el Gobierno recibió en la Justicia Federal 750 denuncias sobre corrupción. La mas vapuleada ha sido Cristina con 300. En competencia cercana estarían Amado Boudou y Julio de Vido.
Aquel mismo plan, tal vez, contemplaría la decisión de cubrir la vacante que dejará en enero Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema. Un nombre que Cristina tiene en mente es el del jurista Roberto Carlés. Pero su kirchnerismo habría inducido a aquellos que deben negociar con la oposición en el Senado –donde se requieren los dos tercios para una aprobación— a flamear el nombre de Mónica Pinto, titular de Derecho de la UBA.
Mas allá de como funcione toda esa estrategia, resulta claro que la Justicia es la última trinchera donde el kirchnerismo tiene pensado aguardar su fin de ciclo.
