El cambio climático es muy poco equitativo: aunque los países desarrollados son los que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, son los países del Sur, que solo emiten el 20%, los que sufren las peores consecuencias. Latinoamérica es un ejemplo de ello, según publicó la Revista Argentina Ambiental.
Esta región es, después de África, la que menos emite a nivel internacional. Considerando la contribución per cápita, cualquier ciudadano de un país desarrollado emite el triple de gases de efecto invernadero que uno de Latinoamérica. Sin embargo, es una de las zonas del mundo más vulnerable a los efectos del cambio climático, entre otras cosas porque la mayor parte de su territorio se sitúa en la franja de huracanes y hay muchas zonas costeras y bajas, con elevado riesgo de inundación por el previsible incremento en el nivel del mar.
Conscientes de la situación, los países industrializados han llegado a compromisos en el marco de las convenciones de Naciones Unidas sobre el cambio climático para reducir sus emisiones. Sin embargo, estas medidas son parciales y no garantizan la seguridad climática, ya que no incluyen a los países en desarrollo, en los que el peso de las emisiones de gases de efecto invernadero va en aumento.
Los países industrializados han alcanzado su nivel de bienestar mediante el uso de combustibles fósiles, responsables del cambio climático. En los países del Sur hay actualmente unos 1.400 millones de personas (un 25% de la población mundial) sin acceso a la energía.
La relación entre la falta de energía y la pobreza es muy estrecha. No tener acceso a la energía significa no poder contar con servicios básicos como la salud, educación, comunicaciones ni tener oportunidad de desarrollar actividades productivas para vivir de una manera digna. Es curioso que el acceso de la energía no sea uno de los objetivos del milenio, cuando es esencial para el logro de todos ellos.
Así, la reducción de la pobreza pasa por que toda esta población acceda a la energía. El indudable derecho al desarrollo económico conlleva un riesgo inherente, ya que si se repiten los patrones seguidos por los países industrializados, el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaría unos niveles inasumibles. El problema es complejo y su solución pasa, entre otras cosas, porque existan incentivos internacionales más potentes para que el deseable desarrollo humano y económico se base en energías limpias.
Si bien muchos de los países en desarrollo están apostando por este tipo de fuentes energéticas y promoviendo proyectos de gran escala (centrales hidroeléctricas, de biomasa, eólicas, etc.), todavía no hay una voluntad clara para el fomento de las iniciativas de menor tamaño. Y este tipo de proyectos son clave, ya que el 80% de las personas que no tienen acceso a la energía se encuentran en zonas rurales y aisladas. Estamos hablando de comunidades como, por ejemplo, Cerrito de los Morreños, donde viven unas 140 familias en pleno Manglar de Ecuador, a 8 horas en piragua de Guayaquil.
Otro de los retos a superar es la dificultad para llevar a cabo con éxito estos proyectos de pequeña escala. Es necesario que estos se desarrollen desde una visión integral, abordándose, además del acceso a la energía, el desarrollo de servicios educativos, sanitarios y el fomento de actividades productivas.