Las versiones acerca de contactos reservados entre funcionarios kirchneristas y representantes del mundo financiero internacional y local en los cuales los primeros habrían admitido que la Argentina buscaría un acuerdo con los holdouts a partir de enero próximo provocaron optimismo entre los operadores del mercado, aunque el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, se haya empeñado en las últimas horas en desmentir la consideración de esa cuestión en aquellos encuentros.
Lo cierto es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se encuentra ante tres alternativas para enfrentar las derivaciones de la actual crisis de la deuda, generada tras la ratificación por parte de la justicia norteamericana del fallo que condena al Estado argentino a pagarle a un grupo de inversores que no aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010.
La negociación con los fondos buitre no será sencilla; no estarían muy dispuestos a resignar intereses y punitorios
El primer escenario es arreglar con los holdouts, incluidos los llamados fondos buitre beneficiados por el juez Thomas Griesa, una vez vencida la cláusula RUFO, que exige extender a la totalidad de los bonistas que aceptaron los canjes de deuda cualquier beneficio adicional que el Estado nacional conceda antes de que termine 2014 a quienes rechazaron esos canjes. El argumento que avalaría esa posición negociadora sería la necesidad de salir del default para que el país pueda reinsertarse en el mercado financiero internacional y tomar deuda para hacer frente a compromisos en dólares para los cuales las cada vez más menguadas reservas del Banco Central no alcanzarían.
Claro que este escenario encuentra varias vallas: la primera es que la negociación con los fondos buitre no será sencilla, por el hecho de que éstos no estarían muy dispuestos a resignar intereses y punitorios, atento al tiempo transcurrido desde que la sentencia a su favor quedó firme. La segunda es que hoy existe una ley de pago soberano, sancionada recientemente por el Congreso argentino, que fuerza el pago a todos los acreedores en iguales términos. La tercera está representada por las duras declaraciones de la Presidenta hacia un acuerdo con los fondos buitre y por el riesgo de que la primera mandataria termine siendo esclava de sus propias palabras.
Al Gobierno no le preocuparía terminar 2015 con un nivel de reservas brutas semejante al que heredó del gobierno de Eduardo Duhalde
El segundo escenario consiste en que la fiesta la pague el próximo gobierno, haciendo un uso intensivo de las reservas del Banco Central (hoy en unos 27.300 millones de dólares) hasta que finalice el mandato de Cristina Kirchner, en diciembre de 2015, sin negociar con los holdouts. Paralelamente, profundizar los controles formales e informales en el mercado cambiario, con el fin de frenar la fuga de divisas, y forzar mediante los mecanismos más variados a las cerealeras a liquidar exportaciones e incluso a anticiparlas. Todos remedios que, por el momento, vienen agravando la gran enfermedad del país, que es la desconfianza.
La frase "Las reservas están para ser usadas", dicha por Alejandro Vanoli en recientes declaraciones al diario Página/12, dan cuenta de que al Gobierno no le preocuparía terminar 2015 con un nivel de reservas brutas semejante al que heredó del gobierno de Eduardo Duhalde en 2003, inferior a los 15 mil millones de dólares.
El último escenario no es muy distinto del segundo, aunque sumaría la ilusión del gobierno cristinista de contar con el apoyo de China y Rusia en materia crediticia, algo que suena dificultoso y distante, pese a los intereses genuinos que ambos países puedan tener en hacer negocios en la Argentina. Esta ilusión de los gobernantes argentinos trae a la memoria la ingenua actitud del presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri cuando, durante la Guerra de las Malvinas de 1982, apostó vanamente a que, precisamente, las posiciones de la Unión Soviética y de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frenarían la ofensiva de la OTAN contra la Argentina.
