De acuerdo a un informe realizado por Iván Cachanosky, analista económico de la Fundación Libertad y Progreso, una vez más el financiamiento del elevado gasto público del Gobierno se convierte en la principal amenaza para la estabilidad de la economía local. “El crecimiento del gasto público pareciera ser más alto del que se podría soportar y continúa creciendo. Por otro lado, las fuentes de financiamiento ya se encuentran exprimidas. Como si esto fuera poco, la industria continúa debilitándose. El Estimador Mensual Industrial (EMI) llevado a cabo por el Indec ya acumula 13 meses consecutivos con variaciones negativas. Además, los principales sectores se encuentran en crisis: automotriz, construcción, inmobiliario. Incluso el sector agropecuario comienza a debilitarse por la caída de los precios futuros y menores expectativas de cosecha”, explicó Cachanosky.

De acuerdo al economista, sin la capacidad de lograr un financiamiento a nivel interno ni externo y con una industria debilitada, Argentina comenzará a atravesar un período de recesión. Por eso en primera instancia, sería recomendable, una vez vencida la cláusula RUFO, acordar con los holdouts y amigarse con el mercado internacional. Sin embargo, aunque esto suceda, Argentina tan solo podrá atenuar la recesión, pero no evitarla.

Sin embargo, para Cachanosky el principal problema a corto plazo se relaciona con la confiabilidad en la moneda. Argentina, por su historia, es un país propenso a huir de su moneda para refugiarse en una más sana (por ejemplo el dólar). En otras palabras, la demanda de pesos tiende a debilitarse fuertemente cuando se comienza a observar un proceso inflacionario. Debido a la menor demanda de dinero, la gente comienza a desprenderse del mismo acelerando la velocidad de circulación de dinero. De ocurrir esto, terminaría impactando en la inflación y el proceso tiende a espiralizarse. “Si a este problema se le suma la necesidad de emisión que posee este Gobierno para financiar el gasto público, la deuda remunerada y que el nuevo presidente del Banco Central se encuentra alineado con el ministro Kicillof y su política emisionista, es de esperar un aceleramiento en la ya elevada inflación de Argentina de aquí en adelante”, explicó el economista.

Gasto Público

En lo que respecta a la actividad, para Cachanosky para poder recuperarse en el futuro es necesario tomar medidas más profundas que resuelvan los problemas de fondo. El debilitamiento institucional debe revertirse para atraer nuevas inversiones al país y comenzar a generar actividad nuevamente. “Pero para que esto suceda, es preciso respetar los contratos y la propiedad privada, ya que nadie está interesado en invertir en un país donde las empresas pueden ser expropiadas. En segunda instancia, si bien lo ideal es reducir el elevado gasto público, por lo menos se debería ponerle un techo a su crecimiento. De esta manera, si las reformas institucionales se realizan y se atraen nuevas inversiones, el país retornará al crecimiento e incrementará nuevamente su PBI, haciendo que el gasto público, como porcentaje del PBI, vuelva a reducirse debido al crecimiento del segundo factor (PBI) y no del primero (Gasto Público)”, destacó Cachanosky.

 

Otros puntos destacados del informe de Iván Cachanosky señalan:

• El mal manejo de las variables macroeconómicas llevó a Argentina hacia una situación que no podrá revertirse en lo que resta del año ni en el próximo.

• Al país le cuesta mucho tener políticas de superávit fiscal por varios años consecutivos. Los superávits y déficits se alternan generando incertidumbre hacia el futuro.

• Los déficit fiscales observados vienen a cuenta de excesivo gasto público. Particularmente, el gobierno kirchnerista logró comenzar su gestión con superávit fiscal pero no pudo sostenerlo a lo largo del tiempo. Por otro lado, el superávit observado en los primeros años de mandato fue impulsado por el alza en el precio de los commodities.

• El Gasto Público Consolidado creció desde un 28% del PBI en 2003 hasta un 47% del PBI en el 2013. El incremento de las erogaciones fue destinado principalmente a generar más empleo público, pago a jubilados, subsidios directos a familias y subsidios al sector energético, transporte y empresas públicas. Lo cierto es que el crecimiento del gasto público fue demasiado elevado en la última década.

• La recaudación tributaria alcanzó máximos históricos. En el año 2000, la presión tributaria era del 22,4% del PBI y se estima que para finales de este año alcanzará el 45,5% del PBI. Los datos no son menores, ya que si se analiza la historia de Argentina, nunca antes se había registrado una presión tributaria que supere el 30% del PBI. Este gobierno lo superó por primera vez en el 2008 y continuó incrementándolo año a año.

• El efecto de la emisión en el índice de precios fue innegable, ya que éste, desde mediados del 2013 comenzó a acelerarse fuertemente hasta alcanzar hoy en día aproximadamente un 40% interanual.

• La inflación es una de las principales consecuencias del elevado gasto público que adoptó este gobierno. Las políticas populistas tienen su precio, que se observan en la evolución de la inflación. Como el nivel de precios comenzó a ser un problema, tuvo que reducirse la emisión monetaria ante la reducción de la demanda real  de pesos. Sin embargo, debido a que el gasto nunca disminuyó, las necesidades de financiamiento continúan presentes

• En síntesis, el famoso dilema de “frazada corta” acecha al gobierno. Si la financiación vuelve por el lado de la emisión, la inflación continuará su escalada. En cambio, si la apuesta es por el lado deuda remunerada, se deberán incrementar las tasas de interés golpeando el consumo y la inversión. Además, comprometería cada vez más la solvencia del Banco Central.

 

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