FADA, con sede en la Ciudad de Río Cuarto, publica trimestralmente la medición de la participación del Estado en la renta agrícola, el índice FADA. Este índice es medido como la sumatoria de los principales impuestos provinciales y nacionales, los derechos de exportación y la reducción de precios que generan las intervenciones que afectan a la producción y comercialización agrícola.
La última medición publicada, correspondiente a junio de 2014, informaba que el Estado se quedaba con $73,90 de cada $100 de renta que generaba una hectárea promedio de Argentina. Esto se realiza tomando distancias al puerto, rindes y costos medios a nivel nacional y la ponderación de los cuatro principales cultivos del país: soja, maíz, trigo y girasol. Esta fórmula arroja un incremento de la participación del Estado sobre la renta agrícola hasta alcanzar el 81,7% para el mes de septiembre.
Esta proporción es la más alta desde diciembre de 2008 y marzo de 2009, cuando confluyeron una importante sequía en Argentina y una reducción de los precios internacionales de los commodities por efecto de la “crisis hipotecaria”.
La principal razón de este aumento es la caída de precios que han sufrido los principales productos agrícolas del país, que ha generado que el valor de la producción y, por tanto, la renta agrícola se reduzcan. Esta reducción del denominador del índice, junto a la rigidez a la baja de la estructura impositiva, genera el incremento de la participación del Estado.
Con respecto a septiembre de 2013, cuando el índice FADA fue de 75,4%, el precio FOB de la soja cayó un 21,6%, el del maíz un 26,6% y el del trigo un 8,6%, todos medidos en dólares. Esto genera que el valor bruto ponderado de producción de una hectárea promedio del país haya caído un 20,7% en dólares. Esta caída de precios genera que el girasol, el trigo y el maíz entren en terrenos de rentabilidades negativas, quedando la soja como único cultivo rentable y presionando aún más sobre la sustentabilidad del sistema productivo agrícola.
Si se analiza la participación del Estado para los casos del trigo y el maíz se entienden los reclamos constantes que realizan gran parte de los actores de la comunidad agroalimentaria. Para el caso del trigo es del 99% y para el maíz es del 118%, la interpretación didáctica es que el productor promedio que cultive maíz en la próxima campaña deberá sacar dinero de su bolsillo para pagar los impuestos. En el maíz en particular, pero también se aplica al trigo, se observa una caída crónica de la rentabilidad durante los últimos 8 años. Sin embargo, la caída de prácticamente el 27% de su precio en dólares más un costo de intervención del mercado del 9%, proyectan un margen negativo que gran parte de los productores no podrán afrontar, lo que se traduce en una caída del área a sembrar con este cultivo. Las estimaciones más moderadas hablan de una caída del 20% en el área para la campaña que se avecina.
Tomando en cuenta estas estimaciones y la importancia del maíz en la rotación de cultivos y en la generación de empleo es que desde FADA se está impulsando un proyecto de ley que contempla toda la cadena del maíz e incluye medidas como la eliminación de los derechos de exportación y los Registros de Operaciones de Exportación a todos sus derivados, a todos los productos cárnicos y a todos los productos lácteos, entre otras disposiciones para su industrialización. Se espera este proyecto siga los pasos del proyecto de ley sobre trigo que estuvo acompañado por la firma de más de una docena de diputados de 7 distritos diferentes y 4 bloques políticos distintos.
Más allá de los resultados en estos dos cultivos, lo que entra en juego es la producción agrícola en sí misma, la sustentabilidad del sistema, la reposición de nutrientes y la cantidad de tecnología que se utiliza, ya que un resultado de 0,3% para una hectárea promedio sembrada proporcionalmente con los cuatro principales cultivos, es un número que no permite seguir produciendo como se hace en la actualidad. Esto se traduce en el corto plazo, en menores rindes, menor producción, menor ingreso de divisas, menos empleo y menos desarrollo en todo el país.
Es así, que ante un nuevo contexto internacional, el país se debe un debate sobre la conveniencia de mantener medidas distorsivas como los derechos de exportación y los obstáculos a la comercialización externa.
