Se trata de un clásico de la política económica reciente: cada vez que está urgido de dólares, el Gobierno de Cristina Kirchner echa a rodar la idea de recrear algún organismo que, al estilo de la liquidada Junta Nacional de Granos (JNG), intervenga activamente en el negocio de la exportación agrícola, con unos 30.000 millones de dólares anuales la principal fuente de divisas del país. La última versión de este ensayo, por estas horas, toma el nombre de Mesa Nacional de Granos. En teoría, aspiraría a comprar un 40% de la cosecha a través de un manejo diferencial de las retenciones.

Por sus inconsistencias, está muy claro que la idea surge de sectores académicos ligados al kirchnerismo y no de actores reales del mercado local de granos, que ponen en duda las posibilidades de concretar una iniciativa semejante sobre todo porque el Estado se deshizo, al liquidar la JNG en 1991, de toda la estructura de silos, elevadores y puertos que le permitiría manejar cerca de 40 millones de toneladas de granos. Salvo que se produzca un proceso de expropiaciones masivas de todas esas instalaciones, o que se las alquile generando un elevado sobrecosto logístico, no existe organismo con infraestructura para almacenar y vender semejante volumen de granos.

El diario El Cronista desarrolla en su edición de hoy algunas de las ideas que rondan sobre una posible intervención estatal en el mercado de granos. Cita como fuentes a Fernando Vallejos, un economista del kirchnerista Foro de Pensamiento Económico, y a Hernán Fardi, vicepresidente de la CNV. Otro funcionario que sin pausa agita esta idea es Guillermo Martini, titular del Registaro de Trabajadores Rurales y coordinador de la CANPO (Corriente Agraria Nacional y Popular). Según estas fuentes, dos precandidatos a suceder a Cristina, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, estarían de acuerdo con promover une medida de ese estilo.

La última versión de estos ensayos teóricos indican que la Mesa Nacional de Granos podría establecer un diferencial de 5 ó 10 puntos de las retenciones de la soja (equivalentes a entre 1.000 y 1.500 millones de dólares) para ofrecer un mejor precio a los productores, presuponiendo que así venderían sus granos al flamante organismo estatal. Pero este esquema difícilmente pueda prosperar, ya que implicaría la existencia de una "competencia desleal" entre ese ente oficial y el resto de los exportadores agrícolas.

Por otro lado, la existencia de una agencia estatal de granos no necesariamente implica que haya una mejoría de las reservas del Banco Central, como pregonan quienes impulsan la idea. En rigor, el BCRA recibe desde 2002 todos los agro-dólares generados por el país, pues todos los exportadores están obligados a liquidar sus operaciones en sus ventanillas. Los balances, en ese aspecto, sólo tenderían a aumentar si se incrementa -por volumen o por precio- el valor de las cosechas exportadas.

Tampoco mejoraría la recaudación impositiva. Por el contrario, caería si se cede parte de las retenciones para ofrecer un "premio" en el precio a los productores.

Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, dijo esta mañana que la idea, de confirmarse, "es una cosa bastante tardía, pues si se trataba de reestructurar en serio la distribución de rentas en el comercio de granos, debió haberse abordado tempranamente de otra manera". En ese sentido, recordó que desde 2006 el Estado actúa de mala manera en el comercio agrícola, pues las autoridades "cerraban las exportaciones, los productores vendíamos a pesos devaluados, pero las exportadoras vendían a precios internacionales y se quedaban con ganancias multimillonarias. Los negocios a las multinacionales se los daba Guillermo Moreno y los productores éramos rehenes", aseguró.

Para Buzzi, cuya entidad propicia la intervención del Estado en diversos sectores de la economía, lo que debe existir "es alguna forma de agencia moderna, siempre y cuando los productores, las asociaciones de consumidores y las bolsas de cereales estén dentro y controlando". Recordó que el diputado socialista Omar Barchetta presentó un proyecto en ese sentido, que el oficialismo hasta ahora no ha querido discutir en el Congreso.