La Argentina acaba de ser declarada en "desobediencia" o "desacato" por el juez Griesa en relación con el juicio en el que el fondo NML y otros pretenden cobrar bonos emitidos por el país bajo ley norteamericana, impagos desde el default de 2001. La desobediencia o desacato es un castigo simbólico contemplado por la justicia de Nueva York, a la que se sometió la Argentina en los años 90, pero también cuando emitió los bonos correspondientes a los canjes de 2005 y 2010, durante la "década ganada".

Un demandado ante ese fuero que desobedece un fallo puede ser obligado a pagar una multa diaria de un valor elevado para un particular, pero pequeño para un país. Es un castigo simbólico, cuyo único efecto es poner en cuestión la capacidad de los abogados norteamericanos de seguir asesorando al cliente "desacatado". Probablemente esto no sea un castigo para la Argentina porque se trata del estudio Cleary y Gottlieb, cuyos resultados están a la vista. Recordemos el memo interno de ese estudio del 3 de junio, que se filtró a la prensa, en el que recomendaba a la Argentina entrar en default. Se puede concluir que no sólo la extravagancia de la Presidenta y la de su ministro Kicillof están detrás de las penurias económicas que enfrenta hoy el país.

Ahora la Argentina luce una doble cucarda en medio de su gesta contra el resto del mundo. Ya no sólo está en default, junto a nadie. Ahora también está en desacato, también junto a nadie.

Con ánimos de ser un poco constructivos podríamos recordar que en los últimos 20 años existieron otros dos casos de países en desacato ante las cortes norteamericanas: Rusia y Congo, peripecia por la cual debieron abonar multas diarias de entre 10.000 y 150.000 dólares por día.

En el caso de la Argentina, la multa, cuyo valor aún no ha sido determinado, tendrá un carácter doblemente simbólico. En primer lugar, porque su costo en términos macroeconómicos será seguramente insignificante comparado con la megarrecesión en la que nos ha sumergido el default. En segundo lugar, porque obviamente el Gobierno no la pagará. El default del default. Una mamushka de fracasos.

Kevin Sullivan, el funcionario a cargo de la embajada de Estados Unidos, fue reprendido por el canciller Héctor Timerman por sugerir que sería beneficioso para la Argentina salir del default. Cómo salir de un lugar en el que no se está, fue la réplica. Y en la presentación que la Argentina efectuó ante el juzgado de Griesa, para la audiencia de ayer, el Gobierno rechazó la figura del desacato soberano en razón de que está "prohibida por las legislaciones de Canadá, Reino Unido, Israel y Australia, y por la Carta de las Naciones Unidas".

Pero, lamentablemente, la Argentina no emitió sus bonos bajo ley de las Naciones Unidas, sino que lo hizo bajo ley de Nueva York. La dificultad del Gobierno para lidiar con el default en el plano de lo concreto es cada vez más notoria y aumenta la tendencia a la negación. "No estamos en default, no estamos en desacato."

La declaración de Griesa provocará seguramente una nueva escalada retórica del gobierno argentino, lo que constituirá sin duda una dificultad adicional para imaginarse un probable escenario de negociación dentro de unos meses. Cada vez será más difícil pegar un giro, como se hizo en el caso de YPF, donde se pasó de los pasivos ambientales reclamados por el ministro Axel Kicillof a pagarle no menos de 5000 millones de dólares a Repsol por la confiscación de sus acciones en la petrolera.

Convertir a Paul Singer de buitre en acreedor recalcitrante requerirá una voltereta discursiva que sólo el devenir de una macroeconomía muy deteriorada podría generar. Esa macroeconomía deteriorada ya está con nosotros.

La economía tendrá en el cuarto trimestre de este año la peor contracción respecto de un trimestre precedente desde el hiperrrecesivo 2001. Si el Gobierno iba a negociar como producto de la necesidad, todavía no se nota.