NUEVA YORK.- El juez Thomas Griesa escuchó a los abogados de la Argentina, Carmine Bocuzzi, y del fondo NML Capital, Robert Cohen. Sin meditar mucho sus palabras, tomó una decisión que tenía en mente desde hacía casi dos meses: declarar a la Argentina en desacato. "El tribunal sostiene que la República Argentina está en desacato civil", sentenció.

La razón de su decisión, que llegó al cierre de una nueva audiencia, fue el plan del Gobierno para mover los pagos de la deuda de Nueva York a Buenos Aires. Sus órdenes judiciales, insistió Griesa, eran claras: la Argentina no podía afrontar los vencimientos de sus bonos a menos que les pagara la sentencia a su favor a los demandantes, los fondos buitre NML, Aurelius Capital y Blue Angel y los 13 ahorristas argentinos. El plan del Gobierno, agregó, buscaba eludir las obligaciones con los demandantes y "mover los asuntos" de la deuda soberana lejos de Estados Unidos. "El problema es que la Argentina ha dado pasos y está tomando pasos en un intento por evadir partes críticas de la orden judicial del 23 de febrero", dijo Griesa, recordando su ya célebre decisión a favor de los fondos buitre y los ahorristas argentinos de principios de 2012, sobre la cláusula pari passu, que llevó a la Argentina hasta un nuevo default "selectivo" a fines de julio pasado. "Todos esos pasos propuestos son ilegales y no pueden implementarse", agregó.

Griesa postergó la imposición de sanciones al país. Dijo que "no era apropiado" hacerlo ayer por la tarde, y rechazó así, por ahora, la propuesta de los fondos buitre, que habían sugerido una multa de 50.000 dólares diarios. El desacato quedó así huérfano de consecuencias materiales inmediatas, pero, además del revés que conlleva para el país y el daño de su imagen, deja a la Argentina en una posición más vulnerable ante la Justicia y le suma voltaje a una causa judicial de por sí ya politizada.

Rusia y la República Democrática del Congo también fueron declarados en desacato en la justicia de Estados Unidos, dos antecedentes que los fondos buitre utilizaron contra la Argentina. A ambos países se les impusieron multas.

Luego de una seguidilla de reveses en el tribunal de Griesa -que ya había rechazado un pedido de desacato-, los fondos buitre consiguieron, finalmente, una victoria simbólica que poco hace para cambiar el statu quo del caso: las negociaciones con el Gobierno continuarán, por ahora, congeladas. De hecho, Robert Cohen reconoció la parálisis en las discusiones en busca de un acuerdo durante un tramo en el que quiso despejar el temor de que la declaración del desacato alejara aún más al Gobierno de la mesa de negociaciones. "No creemos que empeoraría las cosas, porque es difícil imaginar cómo la situación podría empeorar aún más", sostuvo el abogado.

La audiencia atrajo menos público en general aunque más periodistas que la del viernes pasado, en la cual Griesa postergó una de las definiciones clave del caso: el destino de los bonos argentinos en dólares, hoy en un limbo legal. La discusión, más política, fue menos intensa. De hecho, Edward Friedman, abogado de Aurelius, vapuleado por Griesa el viernes, debió esforzarse esta vez para no quedarse dormido.

El argumento que el principal abogado de NML llevó al tribunal fue simple: el Gobierno había incurrido en "repetidas violaciones" de las órdenes judiciales de Griesa. Cohen leyó una traducción de la ley de pago soberano tal como había sido publicada en el Boletín Oficial argentino y recordó declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner y del ministro de Economía, Axel Kicillof, sobre la estrategia del cambio de lugar de pago de la deuda. Además, le recordó a Griesa que la justicia de Estados Unidos había establecido que los tribunales federales podían declarar en desacato a una nación soberana. "Hemos sido más que pacientes con la Argentina", sostuvo Cohen.

Bocuzzi, uno de los abogados del país del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, dijo que, con su pedido, los demandantes buscaban castigar a la Argentina. El desacato, agregó, sólo empeoraría la situación, en vez de facilitar una resolución. Sumó dos argumentos: las órdenes judiciales de Griesa eran "la regla del día", puesto que la Argentina no había podido pagar toda su deuda, y ningún plan había sido implementado aún. "Estamos hablando de muchas cosas en futuro", afirmó Bocuzzi. Griesa le dijo que la Argentina podría haber intentado solucionar sus problemas de la deuda y haber actuado "responsablemente". En vez de eso, le espetó, había hecho lo contrario.

Bocuzzi recordó los riesgos de la cláusula RUFO, que, en su visión, le impide al país hacer una oferta de pago a los demandantes mejor que la oferta del canje de 2010 hasta el año próximo. "La República ha actuado como un [país] soberano responsable", retrucó el abogado.

Griesa no lo vio así. Pero al postergar las sanciones elevó la presión sobre la Argentina sin ir a fondo, manteniendo una suerte de estrategia gradualista: a principios de agosto, había amenazado con declarar el desacato; unas semanas más tarde, rechazó un pedido de los demandantes para hacerlo, y, ayer, finalmente accedió, una decisión "rara", según él mismo reconoció, a la que le quitó impacto al postergar las sanciones. "Va a imponer una multa, y la Argentina tendrá éxito ignorando esa multa", anticipó a LA NACION Mark Weidemaier, profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Chappel Hill y uno de los abogados que han seguido de cerca el caso. "[Griesa] había querido mucho evitar la situación en la que está ahora, porque sabe que tiene poco poder para hacer cumplir su orden", agregó.

La Argentina, rebelde

Casi sin meditarlo, el juez de Nueva York Thomas Griesa declaró al país en desacato por el cambio de jurisdicción para el pago de la deuda reestructurada

Según el magistrado, el "problema es que la Argentina ha dado pasos y está tomando pasos en un intento por evadir partes críticas de la orden judicial del 23 de febrero [en referencia a su célebre fallo, que les dio la razón a los fondos buitre y condujo a la Argentina al default]"

Los fondos buitre le reclamaron al juez que aplique una multa de 50.000 dólares diarios en contra de la Argentina, pero Griesa rechazó tomar esa medida, al menos por el momento

La declaración de desacato no tiene efectos materiales e inmediatos concretos sobre la Argentina. Sin embargo, complica aún más el camino para solucionar la crisis de la deuda.