En maratónica sesión, en la madrugada del jueves 4 de septiembre, el Senado aprobó cambios a la Ley de Abastecimiento y dio media sanción a la iniciativa que busca cambiar el lugar de pago a los bonistas reestructurados.

Según lo informado por Infobae, el oficialismo juntó 38 votos para avanzar con el proyecto, fuertemente resistido por el sector empresarial, así como también se dio luz verde a la creación de un Observatorio de Precios y de un fuero judicial específico para canalizar los reclamos de los usuarios.

Con la media sanción de la nueva Ley propuesta por el Ejecutivo, se actualizan las multas y se autoriza una mayor intervención del Estado en el proceso de formación de precios.

La previa del debate se vio recalentada por la presencia del vicepresidente Amado Boudou presidiendo la sesión, y por el denominado G6, que anunció a través de un comunicado que acudirá a la Justicia si se sanciona la ley, a la que las cámaras empresarias tildan de "inconstitucional" porque "establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas".

 

La preocupación de CARBAP ante el avance del Proyecto de Ley de Abastecimiento

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aries y La Pampa expresa su más profunda preocupación ante el proyecto de Ley de Abastecimiento.

"Entendemos que el proyecto limita la libertad de empresa, conculca libertades y aumenta la discrecionalidad en la aplicación de la Ley, concentrando el poder en un solo funcionario", expreso el presidente de CARBAP Horacio Salaverri.

Tal como lo expuso Confederaciones Rurales Argentinas en el seno de las comisiones en el Senado de la Nación, el proyecto no busca en absoluto alcanzar una mayor transparencia como pretende esgrimir el Ejecutivo en esta nueva versión del "relato", sino que por el contrario solo promueve legalizar mecanismos de intervención por parte del Ejecutivo nacional que el sector agropecuario conoce acabadamente como el cierre de exportaciones, las limitaciones por cupos y la elección discrecional de quienes venden y compran.

Lejos de aprender de estos errores que solo nos llevaron a la caída de la producción y a una gran pérdida en el ingreso de divisas, se intenta profundizar las acciones.

La intención del Gobierno de imponer precios máximos y mínimos, de obligar a las empresas a producir determinados productos, de utilizar elementos sancionatorios de manera arbitral con procedimientos poco claros, solo acorralará aún más la inversión privada, con la consabida repercusión que esto traerá en la pérdida de fuentes de empleo.

CARBAP expresa su preocupación ante el impulso de leyes que solo promueven el desincentivo a la producción, quitándole competitividad y sustentabilidad al sector en su conjunto, y en particular a las empresas productivas de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.