En Venezuela se la llama "ley de precios justos": se aprobó este año y ordenó crear una "Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socieoeconómicos", encargada de fijar los precios máximos de las cadenas de producción, importación, distribución y consumo "fundado en importancia económica en beneficio de la población".

Las empresas que infrinjan la norma sufrirán sanciones con multas; la suspensión temporal en el registro donde deben anotarse obligatoriamente todas las firmas; ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios y hasta transportes de bienes por un lapso de hasta 180 días, y confiscación de bienes.

Ésta es la ley que rige en Venezuela a instancias del presidente Nicolás Maduro . Cualquier coincidencia con el paquete de proyectos que envió el Poder Ejecutivo al Senado para modificar la ley de abastecimiento -que comienza a debatirse hoy en comisión- no parece ser una mera casualidad.

Estas iniciativas, que van de la mano de un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos -que habilitaría una mayor injerencia de la Nación sobre la soberanía hidrocarburífera de las provincias petroleras- y la aplicación, por primera vez, de laley antiterrorista para castigar la quiebra de una empresa -la imprenta Donnelley- pusieron en estado de alerta máxima a la oposición y encendieron luces amarillas en el tablero del oficialismo,inquieto por primera vez por su tambaleante mayoría legislativa .

Se anticipa un segundo semestre intenso en la agenda parlamentaria, que estará teñido de iniciativas que auguran una mayor intervención del Gobierno y del Estado en la economía. Además de los proyectos ya mencionados, está en gateras una nueva ley de regulación de la producción y comercialización de los medicamentos, una propuesta cuyos promotores kirchneristas alientan en la Cámara de Diputados para evitar abusos en los precios de estos productos esenciales.

Cambio de planes

Con esta agenda, el Gobierno parece haber virado rotundamente sus planes para el Congreso: en un segundo plano quedaron la sanción de los nuevos Códigos Civil y Penal, la discusión de una nueva ley antipiquetes e, incluso, la polémica estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

Ahora, la prioridad será contener el alza de precios por vía de mayores controles y sanciones a las empresas, como así también frenar la sangría de divisas que provoca la importación de combustibles con nuevas inversiones extranjeras en el sector hidrocarburífero. Pero, para ello, la Nación propone recortar importantes potestades tributarias a las provincias petroleras.

"El Gobierno no quiere achicar el gasto público y por eso pretende trasladar el ajuste al sector privado. Hay que impedir que avance toda ley que distorsione las reglas de juego de la actividad económica", enfatizó el radical Oscar Aguad .

Como telón de fondo, la ley antiterrorista se cristalizó en una amenaza real para empresarios con la aplicación de la norma a la firma Donnelley. La oposición intentará hoy, en la Comisión de Legislación Penal, aprobar un dictamen para derogar la polémica norma.

El cuerpo, si bien es presidido por la oposición, tiene mayoría oficialista, por lo cual es difícil que la derogación de la ley prospere. No obstante, la jefa de la comisión, Patricia Bullrich (Unión Pro) hará el intento.

"Es una ley abusiva y discrecional, una herramienta para perseguir trabajadores, periodistas (como el caso de Pablo Suárez, de Santiago del Estero) y ahora usada como pantalla para evitar discutir los graves problemas económicos que tiene el país y querer endilgarlos a una empresa que, si cometió una quiebra fraudulenta, deberá ser condenada por ello en el marco de la ley vigente", dijo.

Hasta ahora, Bullrich cuenta con el apoyo de la UCR, del Partido Socialista, Pro, la Coalición Cívica y Libres del Sur. Sin embargo, el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, no cree que la derogación sea la mejor alternativa.

"En lo que hay que trabajar es en «cerrar» el tipo penal incluido en la ley, que es demasiado amplio y por eso se permiten estas arbitrariedades", enfatizó Graciela Camaño (Frente Renovador). En ese espacio, al igual que en círculos judiciales y empresarios, se teme que la derogación perjudique al país en momentos en que está por arribar una nueva misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recientemente sacó a la Argentina de la "lista gris" de países "en capilla" tras la sanción de la norma hoy cuestionada.

Por su parte, Ivana Bianchi (Compromiso Federal), también miembro de la comisión, indicó a LA NACION que recién hoy definirá su postura tras el debate en la comisión.

El escenario parlamentario que viene

El Gobierno fijó como prioridad para lo que resta del año contener el alza de precios por vía de mayores controles y sanciones a las empresas, como así también frenar la sangría de divisas que provoca la importación de combustibles con nuevas inversiones extranjeras en el sector hidrocarburífero.

De esta manera dejó en un segundo plano aquellos proyectos de ley de tinte político que tenía previsto llevar al CongresoLa Casa Rosada postergará así la sanción de los nuevos códigos Civil y Penal, la discusión de una nueva ley antipiquetes e, incluso, la polémica estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

El primer paso de esta estrategia se dará desde hoy en el Senado, donde comenzará el debate para la modificación de la ley de abastecimiento que prevé sanciones a empresas y la imposición de precios en el mercado.

Por otra parte, la oposición intentará derogar en la Comisión de Legislación Penal de Diputados la ley antiterrorista por la que el Gobierno busca sancionar a la empresa Donnelley, de capital norteamericano, que se declaró en quiebra y despidió a 400 trabajadores.

El oficialismo tiene allí mayoría, por lo cual es difícil que la derogación de la ley prospere. No obstante, la oposición hará un intento e instalará el debate.