Retomada la actividad legislativa tras el receso de invierno, en la Cámara de Diputados existe la intención de volver a debatir un tema sumamente delicado que ha provocado muchísimos enfrentamientos sociales: la regulación de los piquetes, que la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó en su mensaje de apertura de las sesiones legislativas de este año.

Sobre ese tema existe cerca de una docena de proyectos con disposiciones más o menos coincidentes en cuanto a que ningún derecho es absoluto, a que queda ratificado el derecho a la protesta social pacífica -es decir, cuando no haya comisión de delitos como daños a personas y a bienes materiales-, a que debe garantizarse el derecho de circulación de personas y vehículos y no poner en juego la prestación de servicios, y a que deberá privilegiarse la negociación con los manifestantes antes que la represión.

A principios del mes pasado, las fuerzas de seguridad nacionales, bajo la conducción del secretario de Seguridad, Sergio Berni, dispersaron con balas de goma a trabajadores de Emfer y de Taisa que cortaban la General Paz, y disolvieron otra manifestación en la ruta Panamericana encabezada por empleados de la autopartista Lear, conflicto que ya lleva dos meses y que no ha podido frenar ni un fallo de la Justicia.

Por haber actuado de aquella forma, Berni protagonizó duros enfrentamientos verbales con representantes de organizaciones de derechos humanos y con legisladores que le recriminaron el "preocupante desplazamiento" de la política oficial referida a la no represión de la protesta social. En efecto, fue el propio kirchnerismo el que durante más de una década dejó hacer en las calles sin adoptar ninguna decisión porque entendía que tomar la iniciativa para recuperar el orden significaba "criminalizar la protesta social".

Lo cierto que ese desentendimiento y hasta la propia utilización que el Gobierno ha hecho de los piquetes para extorsionar a no pocos sectores de la sociedad derivaron en un creciente malestar ciudadano del que Cristina Kirchner tomó nota para realizar su pedido del 1° de marzo ante la asamblea legislativa. Acaso lo haya hecho más preocupada por los efectos negativos que podría redundarle la profundización de la intolerancia y de la violencia a su propia imagen, pero lo cierto es que por primera vez se la escuchó hablar de la necesidad de elaborar una norma de convivencia ciudadana que regule las protestas callejeras.

Sin embargo, el pedido presidencial nunca se tradujo en un proyecto redactado por el Poder Ejecutivo, sino que directamente se impulsó la presentación de varias iniciativas de diputados oficialistas. Quedó claro que el Poder Ejecutivo quiere avanzar en el asunto, pero a un costo mínimamente personal o, al menos, si resulta políticamente oneroso para su sector partidario, que también lo sea para la oposición, con la suma de sus votos.

De no lograrse ese amplio acuerdo, son pocos los que en el Congreso tienen expectativas de que avance una ley regulatoria de la protesta social. Hay un punto especialmente ríspido, alentado desde el Frente para la Victoria (FpV), que no es compartido por buena parte de la oposición: la declaración de una amnistía para todas las personas procesadas o acusadas por haber participado en protestas sociales, con excepción de las que lo fueron por hechos donde se registraron homicidios, lesiones graves o violencia física. Según uno de los proyectos del FpV, cuya autora es la diputada Diana Conti, ese perdón podría recaer en unas 4000 personas. Sin embargo, hay quienes calculan que serían más de 5000.

La historia de los procesamientos de participantes en piquetes ha sido variada en el país. Se recuerda especialmente la decisión de la Justicia en el caso de los 39 cortes simultáneos de calles realizados por la Uocra que, en 2008, paralizaron la ciudad de Buenos Aires. Por aquel hecho, once dirigentes de ese gremio fueron condenados a pintar escuelas y a dar clases de seguridad laboral. La Justicia pudo establecer esas condenas a partir de la intervención que había tomado la Policía Federal para identificar a los violentos, cosa que no siempre ocurre si no media el requerimiento de un fiscal.

Desde ese entonces hasta hoy, la reacción policial y judicial fue diversa, pero casi siempre con un dejo de permisividad que resulta injusto y angustiante para la gente que nada tiene que ver con los piquetes y que ha sentido y siente enormemente vulnerados sus derechos de circular y trabajar.

Como ya hemos dicho desde estas columnas, los piquetes requieren un límite, pues el derecho de peticionar a las autoridades en la vía pública no puede dañar otros derechos consagrados constitucionalmente.

Es necesario reglamentarlos para que todos puedan coexistir sin provocar daños. Seguir haciendo caso omiso de esta necesidad profundizará las diferencias, agravará los enfrentamientos e impedirá poder cumplir cabalmente con el mandato constitucional de que los argentinos podamos convivir en orden y pacíficamente.