Un país que se va acostumbrando a no honrar sus compromisos, un país cuyos gobernantes pueden cambiar todos los depósitos bancarios a las familias y a las empresas -y darles compulsivamente un bono estatal a 10 años tal como ocurrió en 1990 y 2002-, un país donde los legisladores votan leyes para proteger al deudor sin importar nada del ahorrista o acreedor, un país cuyo Congreso festeja y aclama el default declarado por el presidente... es un país antiético, es un país que va mal.
Ahora el Gobierno está coqueteando con hacer un default voluntario limitado a unos 6 meses, lo cual es aún más incomprensible ya que hemos tenido 12 años para evitarlo. Quizá no se llegue al default, pero sí a cosas difíciles de entender, como que los bonistas "buenos"(los que aceptaron los canjes de 2005 y 2010) aceptarían no cobrar sus cupones hasta enero de 2015, para lo cual podrían firmar un permiso ("waver") a tal fin. De esta forma los fondos buitre no podrían embargar los fondos pues no habría pagos, al menos hasta que venza la cláusula RUFO en enero de 2015. El camino que se ha elegido podría llevar a más controles de cambio para maniatar todo movimiento de divisas con el objetivo de proteger el nivel de reservas lo que, de ocurrir, podría disparar aún más rápido al mercado paralelo de cambios.
Con este tipo de políticas hemos declinado relativamente en los últimos 70 años. Esto a pesar de haber tenido en los últimos tiempos precios internacionales extraordinariamente altos para los productos que exportamos. Hemos rifado esa extraordinaria bendición en vez de mejorar la infraestructura del país, que ahora "está atada con alambre".
El Gobierno estaba en la dirección correcta al tratar de arreglar los diferendos pendientes con el mercado financiero internacional para poder volver a colocar deuda voluntaria hacia fin de año o en 2015. Después de estar más de 12 años en default con el Club de París hace dos meses el Gobierno decidió normalizar esa deuda que ascendía en realidad a u$s 9750 millones y no a alrededor de u$s 5900 millones como indicaba nuestra contabilidad. También el Gobierno arregló con el organismo de solución de controversias del Banco Mundial (Ciadi) y pagó los juicios adversos en realidad a un fondo que apenas meses antes había comprado dichos juicios a los demandantes originales. También pagó la expropiación a Repsol del 51% de las acciones de YPF, contrayendo una deuda en bonos de alrededor de u$s 6000 millones adicionales. Originalmente, las autoridades argentinas habían dicho que Repsol iba a tener que pagarle a la Argentina por haber vaciado YPF.
Ahora el Gobierno habría cambiado de posición y parece que hasta podría preferir un default general de la deuda con la excusa de que con otras alternativas podría incurrir en consecuencias inmanejables para el país. Dicha excusa es la cláusula "Right upon future offers" (RUFO) que firmó Néstor Kirchner en el contrato de reestructuración de deuda de 2005. Dicha cláusula, sin embargo, no contempla como causal para disparar ese procedimiento el cumplimiento de una sentencia judicial y, por lo tanto, no aplica a este caso. La cláusula RUFO indica que si la Argentina hace una mejor oferta a bonistas después de haber cerrado contrato con los que aceptaron los canjes, debe ofrecerles lo mismo a todos los bonistas. El actual pago no es una mejor oferta a nadie. Además, es lógico que en una sentencia judicial alguien negocie no pagar algunos conceptos, como punitorios, intereses adicionales, las costas de abogados y demás, y eso no implica que no sea una sentencia. Este pagar menos no es una nueva oferta hecha a los bonistas que no entraron en el canje de 2005 o 2010.
Recordemos que habíamos "borrado de la contabilidad argentina" estas deudas con los holdouts para mostrar un mayor "desendeudamiento". Eso sí que era incomprensible. Otro punto a recordar es que el canje de 2010 se instrumentó, un conjunto de bancos hicieron una propuesta y lograron abrir el canje por unos días en ese año, pues sus clientes habían comprado mayormente los bonos en la crisis subprime de 2008 y 2009 a precios muy bajos (seguramente igual que los precios que pagaron por nuestros bonos los llamados fondos buitre) y en 2010 los negociaban mejor al entrar en el canje reabierto a propuesta de ellos y que no fue una iniciativa gubernamental.
Al hacer el pago de los vencimientos de la deuda reestructurada hace 30 días, tal como lo hicieron nuestros funcionarios, los abogados de los holdouts hubieran embargado esos fondos, pero el juez lo evitó pidiéndole al banco pagador que dejara depositado ese dinero en su cuenta en el Banco Central de Argentina por 30 días, mientras tanto se negociaría entre las partes cómo se podría cumplir la sentencia que condenó a la Argentina a pagar. Para ello nombro a un facilitador, aclarando el juez Thomas Griesa en la última audiencia, que si los abogados de la Argentina tuvieran alguna duda legal durante la negociación, eso podía quedar cubierto en la redacción del acuerdo, es decir, era parte del cumplimiento de la sentencia.
Entrar en default es una medida extrema, es algo que debemos erradicar de nuestras decisiones. Nunca más podemos entrar en default. No es ético, debemos afrontar nuestros compromisos. Nosotros "festejamos los créditos y lloramos las deudas" sin darnos cuenta de que son la misma cosa.
El costo de este eventual default voluntario será más recesión, más inflación y más desempleo. Ya sabemos quién sufre más estos problemas y que ese grupo social no tiene ninguna defensa. Debemos protegerlos con estabilidad total de precios, crecimiento económico firme y sustentable en el largo plazo y con ocupación productiva formal, no meros puestos estatales burocráticos. Si erradicamos el default de nuestras decisiones podremos cambiar la historia de los últimos 70 años y reenfocar nuestra trayectoria que ha sido de decadencia relativa. Necesitamos pensar de otra manera y vamos a mejorar rápidamente.
