Héctor Méndez levantó su vista y le preguntó serio a sus interlocutores: “¿Quién quiere ir con la delegación oficial?” El medio centenar de poderosos hombres de negocios que estaba reunido mantuvo un sonoro silencio político.

Fue el martes en la Unión Industrial Argentina y en presencia de los máximos dirigentes fabriles. Molesto, el jefe de la UIA insistió: “Yo no puedo ir por prescripción médica, pero la Casa Rosada dispuso una plaza para que participemos del acto del Día de la Independencia”. Hubo un pequeño debate y, otra vez, no apareció ningún voluntario para acompañar y avalar a Amado Boudou en Tucumán.

Así, la central empresaria decidió hacerle un vacío político al vicepresidente procesado por la Justicia. Con esa decisión, la UIA también resolvió no apoyar la estrategia de Cristina Kirchner de avalar y darle cobertura a Boudou, después de que el juez Ariel Lijo dijo que se apropió ilegalmente de la fábrica de hacer billetes.

Ningún empresario –ni siquiera los oficialistas– quiso estar en esa patética foto de un vicepresidente procesado, liderando el acto central del Día de la Independencia. La actitud refleja una idea que tienen los hombres de negocios: que el tiempo de Boudou terminó en la política y en el gobierno de Cristina. Por eso, los dirigentes más críticos argumentaron que la UIA no podía respaldar con su presencia la figura de Boudou.

En la entidad fabril muchos enumeraron la cantidad de ministros y gobernadores que cuestionan que la propia Presidenta sostenga a su vice.

En la lista contabilizan a Florencio Randazzo, a Julio De Vido y hasta al propio Axel Kicillof. Ignacio De Mendiguren fue concreto: “El Frente Renovador le pidió juicio político, y yo no voy a ir a Tucumán”.

Pero los hombres de negocios que apoyan el modelo también prefirieron no prestarse a la maniobra de la Presidenta. En la ADIMRA de Juan Lascurain dicen: “Una cosa es avalar el modelo y otra la corrupción”. La bronca de los dirigentes empresarios refleja la magnitud que el “problema Boudou” representa para Cristina. Su defensa la desgasta fuertemente y ayer lo tuvo que esconder en el Senado.

En la UIA critican el tiempo que la Casa Rosada utiliza para encubrir al vice, mientras existe una realidad económica difícil: se profundiza la recesión, por la caída del consumo, fruto de la fuerte baja del salario.

Existe consenso en que ahora la menor actividad la impulsan los sueldos licuados por la inflación que generó el ortodoxo Plan Kicillof. Un documento reservado de la UIA, al que tuvo acceso Clarín, confirma que “la producción industrial mostró en mayo una contracción del 5,1% interanual.” El “paper” confirma fuertes caídas del comercio exterior y habla del desplome en las terminales automotrices y la industria de la construcción.

También dice que hay destrucción de trabajo en las fábricas pequeñas y medianas y sostiene que la crucial industria de la alimentación sufre bajas en ventas. Adrián Kauffman Brea, de Copal, afirmó: “Hay caída en grandes firmas del 2% al 3 %”.

El documento está terminado y su difusión se haría después de concluido el Mundial. Los hombres de negocios coinciden en que la polémica con los fondos buitre esconde un problema mayor: una desaceleración que se extiende desde el inicio del segundo mandato de Cristina.

Axel Kicillof llevó adelante el ajuste económico y ahora está concentrado en la crisis externa que provocó la impericia de la propia Casa Rosada para litigar astutamente en los tribunales de Nueva York.

El ministro concurrió el último sábado a un recital de Kevin Johansen, pero tuvo que tomar una precaución: entrar y salir con la sala a oscuras, para evitar un eventual abucheo del público. La recesión deteriora –aún más– la imagen de Kicillof y le provoca una pérdida de credibilidad que no se recupera con los discursos encendidos contra los buitres.

Kicillof tiene un problema: nadie en el sistema financiero cree en sus relatos épicos sobre la deuda externa. Los banqueros piensan que el ministro pretende acordar y evitar el trauma económico de un default. Máximo Kirchner estaría impulsando un acuerdo, porque admite que un traspié con la deuda profundizaría la recesión y metería presión sobre el dólar.

La propia dicotomía entre las amenazas de Kicillof y el comportamiento ascendente de los bonos argentinos, refleja la ausencia de credibilidad que tiene la gestión del Palacio de Hacienda. Daniel Marynberg, del fondo Latam Securities, tiene acceso directo a Kicillof y difundió en el mercado que el ministro pretende arreglar con los fondos buitre. Marynberg tiene inversiones fuertes en bonos y presionó para hacer una compra directa de títulos al Banco Central.

Jorge Brito fue cauto en la última reunión de la Asociación de Bancos Argentinos. El titular de ABA dijo: “Hay un 50% de posibilidades de acuerdo y otro tanto que no”. Y agregó: “Kicillof quiere acordar, pero Cristina no sabe cómo presentar un cambio de su relato político”. En ADEBA sostienen que ese problema de la Presidenta hace que el Gobierno sea inestable y no termine de encarar la negociación. En esa reunión los banqueros afirmaron que la fluctuante realidad obedece a cambios de opinión de la propia Cristina y no del ministro.

Ayer, Robert Shapiro de la ATFA –grupo de choque de los holdouts– aprovechó las contradicciones y dijo: “La promesa de pago de la Presidenta no es suficiente.” Pero los fondos buitre saben que juegan con fuego. Un default afectaría sin duda a la Argentina, pero MNL Elliot perdería definitivamente la posibilidad de cobrar su añoso litigio.