NUEVA YORK.- Axel Kicillof se bajó de la camioneta Chevrolet Suburban negra y caminó rápido hasta la entrada del edificio en Park Avenue, en silencio, con una carpeta bajo el brazo. Cuatro horas más tarde, salió por la misma puerta por la que había ingresado y, forcejeando entre los micrófonos, cámaras, grabadores y teléfonos que lo rodearon hasta asfixiarlo, respondió a la marea de preguntas con la única frase que soltó antes de volver a la camioneta: "Vamos a sacar un comunicado".

Así terminó la primera reunión cara a cara del ministro de Economía con el abogado Daniel Pollack, mediador designado por el juez Thomas Griesa para guiar las negociaciones entre la Argentina y los llamados fondos buitre, NML-Elliott y Aurelius, en busca de un acuerdo que comience a poner fin a las disputas con los holdouts.

Kicillof le dijo a Pollack que era necesario reponer la medida cautelar (stay, en la jerga judicial) sobre el mandato judicial de Griesa, que le prohibió al país concretar pagos de la deuda en Nueva York si no les pagaba también a los litigantes. Le dijo que la decisión de Griesa era "de imposible cumplimiento" y que el caso no sólo involucraba a los litigantes, sino que podría alcanzar "a todos aquellos bonos que no ingresaron a los canjes, y obstaculizaría el cobro a los tenedores de los canjes 2005 y 2010".

El comunicado de Kicillof, única fuente de información, ya había comenzado a circular entre los periodistas que lo esperaban en la calle, a la salida de las oficinas de Pollack, antes de que el jefe del Palacio de Hacienda se retirara del lugar y eludiera cualquier definición sobre la reunión. Durante toda la tarde, Economía mantuvo la expectativa de que Kicillof podría responder preguntas, pero sobre el final sólo quedó la versión oficial de cuatro párrafos.

"Las discusiones han sido francas, los temas principales han sido identificados y las partes han manifestado su intención de continuar reuniéndose", dijo Pollack, también a través de un comunicado aún más escueto. No hubo más detalles ni se fijó una fecha para un próximo encuentro.

El inicio de las negociaciones sirvió para confirmar que la Argentina quiere ganar tiempo y llevar las tratativas más allá del próximo 30 de julio, cuando el país debe concretar sí o sí el pago del último vencimiento de la deuda, para eludir un nuevo default. Kicillof insistió en que la Argentina tiene voluntad de pago para asegurar condiciones "justas, equitativas y legales" que contemplen "los intereses del 100% de los bonistas".

Kicillof viajó anoche de regreso al país. La Argentina focalizará todos los esfuerzos desde ahora hasta fin de mes para lograr que los litigantes accedan a reponer el stay para poder negociar con tiempo, sin la presión del default, con el objetivo de postergar un acuerdo hasta fin de año, cuando vence la llamada cláusula RUFO (rights upon future offers), para evitar una ola de juicios de los bonistas que ya canjearon sus títulos.

La cláusula RUFO establece que la Argentina no puede hacer, de manera voluntaria, una oferta de canje a los holdouts que sea mejor que la de los canjes anteriores. Un acuerdo con los buitres, al no ser "voluntario", quedaría fuera de los alcances de la cláusula, pero esa interpretación depende de un tribunal, un riesgo que nadie en el Gobierno parece estar dispuesto a correr.

Jay Newman, director de NML y líder de la ofensiva judicial contra la Argentina, dijo en una columna en el periódico Financial Times que están dispuestos a brindarle más tiempo al Gobierno si éste toma pasos "serios y concretos para cumplir con sus obligaciones legales" (ver aparte).

Pero nadie ha dicho nada aún acerca de las condiciones para reponer el stay. Los fondos buitre podrían, por ejemplo, exigir que el gobierno nacional deposite todo o una parte del dinero del mandato de Griesa en una cuenta. Cualquier demanda quedará atada a una decisión política de la Casa Rosada.

Cualquier condición sobre el stay deberá ser acordada antes del 30 de julio, con la suficiente antelación como para permitir que se cumplan los pasos procesales. Allí se enfocarán las discusiones durante las próximas semanas.

Mientras las negociaciones avanzan, los llamados "me too" (yo también), es decir, el resto de los holdouts que poseen bonos impagos de la deuda pública, han comenzado a moverse para capturar los beneficios del triunfo judicial de NML y Aurelius. La firma de abogados Bingham McCutchen mantuvo una conferencia telefónica con bonistas para sondear la creación de un grupo de acreedores para negociar con el gobierno nacional.