El procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por los presuntos delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función tiene implicancias insoslayables para el país. Tanto por la dureza de las acusaciones como por tratarse de la primera vez en la historia argentina que un vicepresidente es procesado por corrupción, ni la sociedad ni la dirigencia política pueden pasar por alto este hecho de inusitada gravedad institucional.
Tras la decisión adoptada por el juez federal Ariel Lijo, cuyos contundentes fundamentos fueron vertidos en 330 folios, el gobierno nacional optó por el silencio o bien por buscar artificiosas excusas para seguir protegiendo al vicepresidente de la Nación.
Buena parte de la oposición política, en tanto, impulsó la realización de un juicio político a Boudou, en el marco de lo que dispone la Constitución nacional. Sería deseable que todos los sectores de la oposición se unieran detrás de ese objetivo, al tiempo que en los legisladores del oficialismo prevaleciera el afán por buscar la verdad y por salvar a las instituciones antes que el espíritu de cuerpo y la mal llamada disciplina partidaria.
La endeble situación del vicepresidente se acrecienta por el hecho de que, además del escándalo por la transferencia de la ex imprenta Ciccone a la empresa The Old Fund, hay otras causas judiciales en las cuales es investigado. Ellas son su presunto enriquecimiento ilícito; la irregular adquisición de 19 vehículos de alta gama por el Ministerio de Economía, sin llamar a licitación; la compra de un automóvil con documentación falsa y la supuesta percepción de dádivas por utilizar la aeronave de un empresario de Tierra del Fuego.
También se investiga el papel que cumplió Boudou en el escandaloso convenio entre The Old Fund y el gobierno de Formosa por 7,6 millones de pesos por los aparentemente innecesarios servicios de asesoramiento de la primera en una reestructuración de deudas de esa provincia con la Nación. Varios motivos tornan muy sospechoso ese convenio: en primer lugar, la falta de trayectoria de The Old Fund, compañía presidida por Alejandro Vandenbroele que apenas contaba con una empleada; en segundo término, que semejantes refinanciaciones de deudas se realizan habitualmente mediante el diálogo entre funcionarios, sin intermediarios privados, y, finalmente, el hecho de que Boudou, en su carácter de ministro de Economía, y el eternizado mandatario formoseño, Gildo Insfrán, se habían reunido en varias ocasiones en los días previos a que se celebrara el acuerdo entre la provincia y The Old Fund.
Los actos del vicepresidente fueron avalados expresa o tácitamente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pues fue la primera mandataria quien consintió la renuncia del procurador general de la Nación Esteban Righi, luego de que éste fuera infundadamente acusado por Boudou, quien además logró el apartamiento de un juez de la causa, como Daniel Rafecas, y del fiscal Carlos Rívolo. Pero, por sobre todas las cosas, fue la jefa del Estado quien envió al Congreso el proyecto de ley de expropiación de la ex imprenta Ciccone, que la mayoría parlamentaria del kirchnerismo se ocupó de sancionar en forma llamativamente veloz, con la presumible finalidad de tapar el escándalo.
Es evidente que Boudou se halla moralmente inhabilitado para ocupar el lugar de la Presidenta en su ausencia y hasta para presidir las sesiones del Senado. En estas circunstancias, se impone que el Congreso tome cartas en el asunto y le inicie un juicio político al vicepresidente, siguiendo el orden constitucional. Es ésa la forma en que funcionan las repúblicas, aunque quienes nos gobiernan pretendan ignorarlo.
