Cuando Cristina Kirchner coleccionaba adhesiones internacionales y avales opositores para reducir el costo de la sentencia de Thomas Griesa, la fragilidad apareció en el frente interno. Lijo abrió una grieta en la segunda jerarquía del Estado.
La prensa internacional, que venía registrando a un país colgado de la cornisa del default, movió el foco hacia un caso de corrupción que carcome la cima del poder. La Presidenta sospecha, como siempre, que una mano oculta está alineando los astros en su contra: tampoco consiguió destituir al fiscal José María Campagnoli, que debía ser escarmentado por investigar negocios en los que aparece salpicada su familia. Es paradójico que una abogada exitosa tenga que atravesar el final de su mandato cercada por problemas judiciales.
Lijo fue impiadoso. Bajó el martillo del procesamiento antes de conceder a Boudou y a su socio, José María Núñez Carmona, la ampliación de indagatoria que habían pedido.
Tampoco esperó a que el Banco Mundial y el Ministerio de Economía respondieran si el representante ante ese organismo multilateral, Guido Forcieri, está impedido de prestar declaración por sus abrumadoras responsabilidades en el caso de los holdouts, como adujo el imputado.
El auto de procesamiento demuestra que Lijo acercó posiciones con el fiscal Jorge Di Lello. No podía arriesgarse a que Di Lello apelara su decisión. Por eso, siguiendo el criterio del fiscal, procesó también a Nicolás Ciccone y a su yerno, Guillermo Reinwick. El abogado de Ciccone, Maximiliano Rusconi, denunció que su cliente fue privado del beneficio de la indagatoria y que, por lo tanto, fue procesado sobre la base de afirmaciones que realizó bajo juramento. El abogado de Reinwick, Marcelo Ruiz, adelantó también una apelación. Ruiz, un ex agente de la SIDE, es amigo de Lijo. Boudou lo había acusado de urdir un complot para favorecer a los Ciccone.
¿Lijo y Di Lello coincidirán también sobre el origen de los fondos que financiaron la compra de Ciccone? El fiscal había pedido la declaración indagatoria de Máximo Lanusse, quien trabajó en el Banco Macro a las órdenes de Jorge Brito y pasó a ser luego vicepresidente de la imprenta adquirida, según el juez, por Boudou. Brito sigue cerca de la hoguera: el escrito de Lijo menciona los desembolsos de la financiera Facimex, que estaría vinculada al banquero, a favor de The Old Fund. Además, identificó a Bodou y Núñez Carmona como dueños de Ciccone, descartando los servicios de Raúl Moneta. La caída de Boudou podría arrastrar a otro empresario, del sector farmacéutico, cercano al kirchnerismo.
Los abogados de Boudou, Darío Richarte y Diego Pirota, apelarán el procesamiento. Ciccone hará lo mismo. Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah deberán resolver las objeciones procesales. Estarán más presionados que otras veces. La prueba que reunió Lijo deja en mala posición a Boudou. Que nunca se haya cruzado con Vandenbroele, a pesar de sus infinitas vinculaciones telefónicas, familiares, amistosas y societarias es una curiosidad que debería estudiarse en las aulas de Sociología.
El procesamiento del vicepresidente agiganta la distancia entre la Presidenta y la Justicia. Los tribunales federales están tomados por una suspicacia paranoide. Los jueces se sienten vigilados. Muchos creen que la Casa Rosada ha montado una rutina de seguimiento, paralela a la de la SIDE, a través de la Policía Federal y la Gendarmería. Suponen que al frente de la tarea está la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez. El juez Lijo y su hermano Alfredo, que suele realizar gestiones judiciales para algunos funcionarios del Gobierno, estarían bajo la lupa.
La Casa Rosada espía porque, a la vez, se cree víctima de una emboscada. A la Presidenta le llama la atención el origen judicial del caso Ciccone, que el juez recuerda, al pasar, en su dictamen. Todo se inició con una extraña denuncia de Jorge Pacífico, un experto en explosivos, sobreseído como presunto autor del atentado contra la AMIA, que escuchó en un bar que Ciccone sería rescatada en beneficio de alguien del Gobierno. Pacífico no pudo identificar a los que revelaron esos datos porque, dijo, cuando escuchaba estaba de espaldas. La denuncia se radicó en el juzgado de Norberto Oyarbide. La señora de Kirchner cree que Pacífico fue motivado por los servicios de inteligencia. Pero ¿quién motivó a los servicios de inteligencia?
La causa Ciccone tiene innumerables nexos con el espionaje. El denunciante originario pasó por la causa AMIA, la más importante que haya investigado la SIDE en su historia. Lijo fue el encargado de juzgar las irregularidades de ese caso. Los abogados de Boudou y el abogado de Reinwick pertenecieron a la SIDE. ¿Es natural que este expediente judicial despierte tanto interés en el aparato de inteligencia? Sí. Ciccone no es una fábrica de helados. Es la imprenta que, durante años, ganó las licitaciones para producir dos bienes estratégicos para la seguridad estatal: papel moneda y pasaportes. No debería sorprender que la SIDE y la Policía Federal tuvieran ramificaciones en Ciccone. Tal vez cuando se propusieron, como afirma Lijo, capturar la empresa, Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele no advirtieron que estaban tocando las opacas entrañas del Estado.
El vicepresidente está aislado. Llega al Senado oculto tras los vidrios polarizados de su auto e ingresa a una cochera que sólo él utiliza. Ya no concurre al comedor. Ni sale del despacho. Para detectar su debilidad basta observar el tipo de respaldo que recibe. Cuando, 11 días atrás, Jorge Capitanich, Carlos Zannini y Axel Kicillof fueron al Congreso para hablar sobre la deuda, no lo invitaron a la reunión, a pesar de que él fue durante años la cara del Gobierno ante la justicia de Nueva York. Ahora será interesante conocer la respuesta que brinde Kicillof sobre las responsabilidades de Forcieri en el Banco Mundial, donde el funcionario representa también a Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Desde hace tiempo el ministro quiere designar allí a alguien de confianza.
La peripecia de Boudou demuestra, para espanto de muchos kirchneristas, que la Presidenta ya no controla algunas palancas del poder. O que, si queda un monto de impunidad disponible, ha decidido gastarlo en ella misma. Lijo no merece, como Griesa, una oleada de reproches. Y Di Lello no ha sido víctima de la cacería que se lanzó sobre Campagnoli, que pretendió investigar la causa Báez, donde el itinerario del dinero lleva a las empresas de los Kirchner. La presión ha sido tanta que una de las integrantes del jury, María Cristina Martínez Córdoba, abandonó el caso por estrés.
Boudou será una complicación para Cristina Kirchner hasta el fin de su mandato. Al caso Ciccone le seguirá el del auto con documentación adulterada. Un delito impropio de alguien que, al parecer, pretendía fabricar papel moneda. Después llegará la más escandalosa investigación por enriquecimiento ilícito. Los candidatos del Frente para la Victoria andarán con Boudou sobre los hombros en toda la campaña.
La oposición echa sal en esa herida. Pretende obligar al peronismo a proteger a "un María Julia". La estrategia opera sobre la contradicción que existe entre los intereses de la Presidenta que se va y de los dirigentes del PJ que aspiran a quedarse. Sin embargo, los rivales del Gobierno vuelven a mostrar su impotencia para pactar un procedimiento. Sergio Massa y Mauricio Macri apuestan a poner en funcionamiento la trituradora del juicio político, a sabiendas de que no tendrán los dos tercios del Senado necesarios para la condena. Los radicales y Elisa Carrió prefieren exigir la licencia. Y Hermes Binner pidió que Boudou renuncie.
Que un magistrado se haya animado a procesar a un vicepresidente en ejercicio es una novedad saludable en un país donde la función pública, en vez de una forma de exposición, es un blindaje. Las irregularidades también salen a luz por la investigación de la prensa independiente. Pero, como demostró el politólogo Manuel Balán en un estudio publicado en 2011, detrás de todo escándalo trabaja un conflicto interno del poder. El caso Boudou no escapa a esos estándares. No sólo es un síntoma de corrupción. Es una señal de que el oficialismo se está descomponiendo. Un ejemplo ínfimo: si Boudou quisiera saber qué piensa Lijo, le bastaría hablar con Juan Zabaleta, su mano derecha en el Senado. Zabaleta está en pareja con la hermana de José María Olasagasti, secretario privado de Julio De Vido y álter ego de "Freddy" Lijo, el hermano del juez.
Sin embargo, importa poco que la de Boudou sea una saga sin héroes y una justicia sin gloria. Si el caso progresa, el país recogerá los beneficios que produce el mal cuando se retuerce sobre sí mismo, devorándose.
