En su Informe de Coyuntura, Filial Cuyo, la Fundación Mediterránea aborda la discusión entre Nación y los gobiernos de provincias petroleras, la cual está centrada en la magnitud de los fondos a cobrar por estas últimas (regalías y otros conceptos). Deben cobrar por ser dueños del recurso petrolero, pero se discute el “cuánto cobrar”.
Lo lógico es que a las provincias se les pague la regalía, cuyo porcentaje debiera ser flexible (aquellas zonas menos productivas aceptarían cobrar alícuotas menores). Igualmente, las provincias enfrentan un límite natural, que son las otras alternativas que tienen las empresas petroleras. Si se fija un porcentaje alto de regalías en una provincia, la empresa petrolera puede irse a otra provincia o a otro país (y así elude el pago de esas regalías).
Esta opción, sin embargo, no es tan sencilla para la petrolera estatal. Por su compromiso político de invertir más en el país, tendría más problemas para eludir el pago de aquellos conceptos provinciales. Y de ahí la discusión.
En este debate, no debe olvidarse que el principal problema en este sector es el impuesto a las exportaciones (retenciones). En vez de u$s 100 por barril, las empresas petroleras reciben un monto menor (ahora u$s 70, y antes u$s 42). El objetivo de este impuesto era evitar aumentos fuertes en los precios internos de los combustibles, pero como efecto colateral, ha causado la caída en la producción total de petróleo, obligando a importar combustibles, contribuyendo a deteriorar las finanzas del gobierno nacional. También ha reducido las regalías que cobran las provincias petroleras.
La eliminación de las retenciones reduciría los decibeles de esa discusión y alentaría la actividad petrolera en el país, pero tendría su consecuente impacto sobre precios internos de los combustibles. Esto se debe a que hace varios años se ha mantenido esa distorsión, haciendo más difícil su eliminación.
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