Cristina Kirchner dirige esa infartante exhibición. Capitanich anticipó ayer que el Gobierno no enviará una comisión a negociar la forma de pago de la deuda con los holdouts en el juzgado de Thomas Griesa. La noche anterior, Kicillof comunicó que no se pagarían en Nueva York los US$ 900 millones correspondientes a bonos reestructurados que tienen vencimiento a fin de mes. La Argentina había anunciado, por segunda vez en 13 años, el default de sus compromisos financieros. La Bolsa tuvo su enésima caída y el dólar paralelo trepó a $ 12,65.

Al mediodía, una fuente anónima del Ministerio de Economía informó a la agencia Reuters que esa definición de la más alta conducción económica no era "tan así". Se alineaba con los abogados del estudio Cleary Gottlieb, que patrocina a la República, quienes anteayer informaron a Griesa que "las autoridades están dispuestas a venir a negociar". El mercado suspiró cuando leyó el cable: pasó de la certeza del colapso a la incertidumbre. Es lo más que se puede esperar en estas horas de la administración económica argentina. El Gobierno sigue oscilando en el abismo.

La brumosa aclaración de Economía fortaleció la versión de una negociación con el fondo Elliot y los demás holdouts.

Varios de ellos son pequeños ahorristas argentinos. Minibuitres.

El acuerdo consistiría en pagar los US$ 1330 millones adeudados con un título similar al que recibió Repsol por las acciones de YPF. La oferta podría extenderse a los tenedores de bonos impagos que no fueron a juicio.

Algunos expertos sugerían anoche que, para evitar la cláusula RUFO (rights upon future offers), que obliga a extender a los tenedores de papeles reestructurados las ventajas que se concedan a otros acreedores, convendría pedir la intermediación de un banco.

La entidad recibiría del Estado una suma que no superara la que se ofreció en los canjes. Pero pagaría a los holdouts la totalidad de su reclamo. La diferencia sería saldada con el banco con la excusa de algún otro concepto.

Paul Singer, el titular del fondo Elliott, tiene un fuerte incentivo a aceptar una propuesta como ésa. Los que le prestaron sus ahorros a la espera de cobrar en un juicio rápido han pasado ya una década recibiendo no más que una moneda. Mientras tanto, él debió pagar los letrados que llevan adelante la aventura. "Desde el comienzo queremos negociar", dijo el abogado de Singer, anteayer, en lo de Griesa.

Los indicios de un encauzamiento del conflicto no alcanzaron para despejar la confusión. No por una estrategia de los funcionarios de nublar el panorama. La vacilación se debe a que el Gobierno da señales de estar perdido en un laberinto conceptual.

El comunicado de Economía, por ejemplo, lamentaba que la Cámara de Apelaciones neoyorquina hubiera levantado la cautelar que impedía embargar a favor de los holdouts los fondos destinados a los tenedores de bonos reestructurados. "Muestra la inexistencia de voluntad de negociación", dijo. Como si fueran los jueces, y no los acreedores, los que deben negociar con el deudor.

La misma falta de discernimiento -y de astucia- se puso de manifiesto el lunes, en el discurso de la Presidenta, cuando además de vituperar a los pestilentes holdouts también vapuleó a Griesa, como si fuera un "buitre" más.

Kicillof cayó en ese error al día siguiente, al explicar que él ya conocía el resultado de la peripecia judicial, por ser la instrumentación de una estrategia de destrucción de la economía nacional a la que sirven el Poder Judicial norteamericano, los holdouts y, moviendo su perversa mano invisible, el capitalismo a secas.

Esa tendencia a la generalización vuelve a demostrar que a Kicillof el bosque no lo deja ver el árbol. Cristina Kirchner también hizo apreciaciones ajenas al problema, como cuando habló de la gran rentabilidad que obtuvieron los "buitres" en estos años. Una tasa convencional si se la compara con la de sus hoteles en El Calafate o con el incremento de su patrimonio desde el año 2003.

Con la misma falta de rigor, la señora de Kirchner y Kicillof dictaminaron que el fallo de Griesa supone desembolsar no US$ 1300 millones en títulos, sino US$ 15.000 en efectivo, que sería el monto de todos los bonos que no entraron en el canje. Sin embargo, la identificación de los tenedores de esos papeles todavía está pendiente y requiere un trámite judicial.

Lo aclaró el abogado de los holdouts, Robert Cohen, delante de Griesa: "Aquí estamos discutiendo US$ 1300 millones, no 15.000". Tal vez Cohen no advierte que hablar de 15.000 le permitiría al kirchnerismo dar la vuelta olímpica cuando pague los 1300.

La señora de Kirchner también dijo que, si se reconociera la deuda de los holdouts, habría que compensar a los bonistas que aceptaron los canjes.

Sin embargo, existe un consenso bastante extendido acerca de que la cláusula RUFO no rige si a los holdouts se les paga por un mandato judicial y no por un acuerdo. Los tenedores de bonos reestructurados ya consiguieron una abogada exitosa: pueden reclamar en la justicia alegando el discurso de la Presidenta.

No fueron los únicos desaciertos que desnudan una gestión poco profesional del problema. Cristina Kirchner lamentó que, con fallos como el de Griesa, todas las reestructuraciones futuras se malogren. Mientras lo decía, Rafael Correa, su amigo ecuatoriano, que declaró el default en 2008, regresaba al mercado capturando US$ 2000 millones a una tasa inferior a 8%. Ella también repitió que la deuda que se discute no fue contraída por ella. El detalle no atenúa su responsabilidad. ¿Qué pasaría si el próximo presidente no corrigiera la inflación o el déficit energético diciendo que él no los provocó?

En su presentación, la Presidenta despotricó contra el Poder Judicial argentino, sobre todo por la celeridad en citar a Amado Boudou. Pero, al mismo tiempo, anunció que tal vez ofrecerá a quienes tengan bonos reestructurados evadir la jurisdicción neoyorquina para someterse a la de esos jueces indeseables.

La amenaza de evadir a la justicia norteamericana, en la que insistió Kicillof, también es una gaffe. En principio, exhibe la irrefrenable propensión del kirchnerismo a desobedecer a los tribunales. Por ejemplo, a la Corte Suprema argentina, cuando ajusta el haber de los jubilados. ¿Qué casillero de la ornitología ocuparán estos acreedores?

Además, la fuga que se insinúa es impracticable. Supondría entrar también en default con los que aceptaron los canjes, una chance que relampagueaba anteanoche en el comunicado de Economía.

La dificultad para modificar la sede de pago es que requiere la aceptación de una mayoría superior al 66% de los bonistas. Muchos de ellos son instituciones que tienen prohibido atesorar papeles con una jurisdicción distinta de Nueva York. Además, los bonos son administrados por instituciones alcanzadas por la sentencia de Griesa. Por ejemplo, están depositados en la Depositary Trust Company, una especie de Caja de Valores de alcance global. Quiere decir que la hipótesis de profugarse de la jurisdicción norteamericana presenta inconvenientes logísticos casi insolubles.

Sería un error, sin embargo, atribuir a estas deficiencias la incertidumbre generada por el Gobierno. La raíz de ese desasosiego está en la dificultad de Cristina Kirchner y su equipo para comunicar que conocen los costos a los que se expone el país si se arrojan al abismo del default.

Ni siquiera está claro si están al tanto de los daños que se provocarían a sí mismos. Porque la decisión de terminar de romper con las redes de financiamiento haría que la economía involucionara hacia el momento previo a la devaluación de enero.

Se reabriría el drenaje de reservas, obligando a subir la tasa de interés hacia un nivel insostenible, que desencadenaría una nueva devaluación. Las provincias e YPF ya no podrían seguir ingresando dólares y también se retraería la oferta de los exportadores.

Para compensar esa falta de divisas deberían derrumbarse las importaciones, con la consecuente caída del nivel de actividad y de empleo. Si los problemas que afectan al país son la inflación y la recesión, la receta rupturista garantizaría el agravamiento de ambas.

Tampoco hay motivos para pensar que la Presidenta detecta los beneficios que obtendría de un acuerdo. El país podría financiarse a una tasa inferior a 8%, lo que permitiría reponer reservas sin necesidad de aumentar la recesión.

Los acróbatas están en el aire. Y la vida pública, expuesta al peligro de esa tercera ley de la estupidez humana que tan bien formuló Carlo Cipolla: "Una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna o, incluso peor, provocándose un daño a sí misma en el proceso".