Es como consecuencia del fallo de la Corte de los Estados Unidos que, al dejar firme el veredicto del juez de primera instancia, Thomas Griesa, obliga a Cristina Fernández a enfrentarse con el reclamo de los holdouts, que con recurrencia se negaron a entrar en los canjes de la deuda en default. Para el Gobierno significó un doble golpe: una dura derrota política y un severo trastorno económico que se avecina.

Pero la alarma podría extenderse también a todo el arco opositor.

Allí, tal vez por comodidad o ausencia de iniciativas, venía dominando una idea frente a los profundos desajustes internos y externos del modelo económico: que no convenía en ese terreno hacer demasiadas olas ante una administración que posee, con certeza, una fecha de vencimiento. Deberá entregar el poder en diciembre del 2015.

Ese panorama variaría con la infortunada novedad sobre la deuda. El Gobierno puede encontrarse con nuevas dificultades económicas. Su gravedad tendrá relación con el camino que decida adoptar, al final, para sacarse de encima el conflicto con los holdouts. Por el momento, tanto el lunes Cristina como anoche Axel Kicillof han dado pistas enjabonadas: no quieren pagarle a los fondos buitre, sí quieren pagarle a los bonistas, tal vez cambiando de jurisdicción. Pretenden negociar a la vez (¿qué cosa?) con Griesa.

Todo junto, muy difícil

Aquellos sacudones previsibles no serían ajenos, tampoco, a las estrategias que vienen marcando los candidatos de la oposición. Con un añadido para todos ellos. Las secuelas de la deuda externa –negociada o en default técnico–parecieran adquirir cada vez mayor peso de cara al próximo período. Bastaría, para comprenderlo, repasar el modo en que fue saldado el acuerdo con Repsol, por la expropiación de YPF y el reciente trato con el Club de París, que insumirá U$S 9.700 millones con condiciones aún desconocidas.

El desafío podría tornarse aún mayor. La posibilidad de una negociación con los holdouts, a través del juez Griesa, no sólo requerirá de una fina ingeniería económico-financiera. Además, de una convicción y vigor político que, a lo mejor, empujaría a la oposición a estrechar filas con el Gobierno. Dos de los candidatos, Daniel Scioli y Sergio Massa, fueron explícitos en ese sentido. El gobernador convocó a un encolumnamiento patriótico. El líder del Frente Renovador se inclinó por la creación de una Comisión Bicameral para seguir en adelante el derrotero de la deuda. Mauricio Macri resultó más aséptico, aunque subrayó que una negociación con los holdouts sería el único camino para que el país pueda escapar del laberinto.

El panorama, al menos hasta ahora, asomaría más incierto en el Frente Amplio y UNEN. Allí predominaron las críticas a raíz de los errores cometidos durante años frente al poderío de la usura. Las expresaron, en especial, Julio Cobos, Ernesto Sanz y Martín Lousteau. Pero el viaje de la delegación multipartidaria a Washington encabezada por el titular K de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, a la que se sumó a último momento el ex ministro de Cristina, abrió filtraciones en la coalición.

La derrota política del Gobierno reveló varias cosas, algunas de ellas conocidas. Por ejemplo, el intento por maquillar siempre la realidad. Cristina confesó en su mensaje que fue la única en el poder que estuvo convencida de que la Corte de Estados Unidos daría la espalda a nuestro país. Si así ocurrió, de verdad: ¿por qué razón no tuvo a mano una estrategia inmediata? ¿Por qué Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega, el titular del Banco Central, trabajaron durante más de 24 horas para terminar diciendo lo mismo que ella, instalando sobre todo incertidumbre? Es posible que la Presidenta haya recogido alguna infidencia –o información aproximada– sobre lo que iba a suceder en su viaje a Bolivia el fin de semana para la reunión del G-77 + China.

Pero nunca antes de esa cumbre. En el kirchnerismo gobernante imperaba la creencia de que cualquier determinación del alto Tribunal le permitiría ganar tiempo. Estirar el pleito, en otras condiciones, hasta el año que viene.

En ningún caso se apuntaba la posibilidad de una solución para el problema.

Frente al choque contra la realidad, la reacción K se asemejó a la de otras ocasiones. Héctor Timerman dijo que sería inaceptable pactar con los holdouts, a los que denominó “piratas del asfalto”. La Presidenta señaló que no se sometería a ninguna “extorsión”, según consideró a la resolución de la Corte que dejó firme el fallo de Griesa. Kicillof, imbuido de la resistencia republicana española, dobló a ambos: “No pasarán”, les advirtió a los fondos buitre. La confrontación o la pretendida retórica épica prevaleció como un reflejo de la decepción y el enojo.

Aquellos recursos, tal vez, pudieron arrojarle rédito político al Gobierno en sus tiempos de esplendor. Pero ahora revelarían precariedad e impotencia ante una transición que se complica. La economía, mientras persista el conflicto, sufrirá. Golpeará los bolsillos y el talante popular. No era este el epílogo soñado.