En mayo de 2014, en la ciudad de Puebla (México), la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) firmaron la denominada “Declaración de Puebla”, a través de la cual buscan alentar a los líderes de los gobiernos y sus respectivos gabinetes a tomar las medidas necesarias para promover y crear programas de gestión de riesgo de seguros agrícolas exitosos y sustentables en las Américas.
En el documento, las mencionadas entidades exponen los motivos que fundamentan este llamado. En tal sentido, destacan que para el año 2050, las proyecciones indican que el mundo tendrá más de nueve mil millones de habitantes, con el consecuente desafío de alimentarlos a todos de manera suficiente y apropiada.
La agricultura, particularmente la que está en manos de pequeños y medianos productores, produce una cantidad considerable de los alimentos del mundo. De allí la importancia de protegerla frente a la multiplicidad de riesgos que pueden alterar los resultados esperados, como los fenómenos naturales, el vaivén de los mercados, cambios de orden comercial, intervención del gobierno, conflictos sociales, entre otros. El impacto de estos factores sobre la actividad hace que el precio de los alimentos se incremente, con lo cual la posibilidad de combatir el hambre mundial se ve amenazada.
Ante este panorama, el seguro agrícola sigue siendo una herramienta importante de gestión de riesgos para ayudar a cubrir los impactos que los desastres naturales y otras variables causan en la seguridad alimentaria. Pero para lograr una economía agrícola moderna que ayude a satisfacer sus necesidades en este ámbito, un país debe ser capaz de hacer frente a los mencionados desafíos de manera sistematizada y responder adecuadamente a ellos.
Por ello, de acuerdo con la “Declaración de Puebla”, urge que cada Jefe de Gobierno revise las políticas actuales que afectan a los pequeños productores y se tomen las medidas necesarias para reducir la amenaza de un mayor daño económico mediante la creación de estrategias adecuadas de gestión de riesgos, incluyendo información técnica sobre las mejores prácticas, herramientas financieras como el crédito, el acceso a semillas y fertilizantes asequibles y de alta calidad, y una llegada más directa a los mercados.
Finalmente, el documento insta a los gobiernos a trabajar de forma colaborativa para crear un ambiente normativo estable y desarrollar asociaciones público-privadas duraderas para implementar programas de seguro agrícola exitosos y sustentables, siguiendo los conceptos y estrategias fundamentales para gestionar los riesgos agrícolas que promueven los intereses de los pequeños agricultores como un requisito esencial para el logro de la seguridad alimentaria ante el cambio climático.
