Un nuevo impuesto creado por el Gobierno Provincial a través de la Gerencia de Gestión e Información Multifinalitaria,  persigue revaluar los inmuebles rurales de los productores, quienes sin la posibilidad de defenderse deberán afrontar un nuevo intento de recaudación. La iniciativa carece de una legislación que la ampare y vulnera principios constitucionales  consagrados en nuestra Carta Magna.

A tal efecto, algunos productores ya han recibido una Notificación con el NUEVO VALOR DE LA TIERRA, mediante la cual se les comunica que el Departamento de Metodología Valuatoria ha detectado “modificaciones” en el valor de su tierra. Dicha disposición determina un nuevo valor del predio rural, por lo que si no se procede a reclamar en el transcurso de los siguientes 15 días hábiles, el valor de oficio de la Disposición queda firme.

Por ello es necesario que el productor contemple el plazo indicado y presente un Recurso de  Reconsideración mediante el cual se impugne la disposición notificada, identifique su número, órgano emisor y fecha de la Disposición.

Además, los productores deberán exigir que el organismo ponga a disposición los elementos y estudios necesarios para modificar el Formulario 911. En este sentido, para defender la vigencia del formulario es recomendable comunicarse cuanto antes con un profesional y asesorarse sobre la nueva práctica de ARBA.

No responder el reclamo significará un nuevo aumento en el Impuesto Inmobiliario Rural, que conjuntamente impactará en los Impuesto a los Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta, aumentando así la presión fiscal de los productores rurales.

Cabe señalar que hubiera correspondido que la Dirección Provincial de Catastro solicite una nueva presentación del Formulario 911, para luego verificar si se corresponde con sus documentos y proceder a notificar las coincidencias o discrepancias con las declaraciones realizadas.

Una vez más el afán del organismo de recaudar fondos provenientes de un sector que hoy tiene una de las más altas tasas de presión fiscal, evidencia que el productor necesariamente debe estar informado y cercano a sus organismos gremiales y  profesionales.

 

Fuente: Estudio Barrero & Larroudé (Agromanagement)- CP Dr. Carlos Barrero