Se trata de una protección altísima que provoca cierres y desempleo, en la que la propuesta alternativa de la industria de sustituir la importación de combustibles con el biodiésel choca con la decisión oficial. La producción y exportación de biocombustibles constituye una contribución importante y, en cierto modo, novedosa a la resolución de la crisis energética, fruto amargo de la política oficial del último decenio.

En primer lugar, una contribución radica en el aumento de la producción de energía y, a nivel nacional, por el crecimiento exportador. En segundo lugar, por la calidad de los productos que surge de las combinaciones de insumos agrícolas e industriales y, entre otros méritos, por los subproductos emergentes del proceso industrial.

El biodiésel nace por combinación con aceites vegetales o grasas animales, en tanto que el bioetanol se obtiene por combinación con caña de azúcar o derivados. En lo que respecta a subproductos, se verifica su utilización para la alimentación animal en grandes cantidades. El perjuicio económico recae sobre la producción y exportación de biodiésel, que, como hemos dicho, había logrado la condición de líder mundial, seguido por Indonesia y, en tercer lugar, por Alemania. En esas circunstancias la Unión Europea decidió la aplicación de un arancel compensatorio del 24%, al cual se le sumó un 6,5%, por aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias, lo que totaliza 30,5%, un arancel altísimo que desató una crisis, con cierre de fábricas y pérdida de más de 300 empleos.

La respuesta argentina ha sido llevar el caso al órgano de solución de diferencias de la OMC, que podría tardar dos años en arbitrar una solución. También lo ha llevado a la Corte Europea de Justicia. Desde esta columna hemos sugerido destinar el biodiésel al abastecimiento doméstico, reduciendo en igual proporción la importación . La postura oficial fue llevar la mezcla actual para el consumo del 8% al 10%, considerado insuficiente por la industria. Ésta, por su parte, suscribe la conveniencia de trocar consumo por importación y sostiene la necesidad de una paridad tributaria entre los componentes de la ecuación.

La decisión oficial no sería más que un paliativo menor que no resolvería la cuestión de fondo. Así las cosas, no se advierte una solución que resuelva la crisis de la exportación, del empleo y de la actividad económica involucrada en el sector.