Todos pretenden, al final del duro camino de empedrado que conduce hasta el 2015, contar con su bendición. Pero las señales del presente tienden a desconcertarlos y a sembrar mayor confusión de la ya existente.

En ese marco se inscribe la irrupción de Carlos Zannini en dos episodios de importancia política. Su sorpresiva visita en la cumbre de mandatarios peronistas, de la semana pasada, que incluyó la presencia del disidente José Manuel de la Sota. También la condición de orador principal en el acto por el Día de la Memoria, a raíz del golpe de marzo de 1976, que se realizó en la ESMA. Siempre el kirchnerismo se pretendió apoderar del tema de los derechos humanos. El secretario Legal y Técnico se hizo cargo de esa responsabilidad, quizás con un discurso de tono más sereno del que era dable esperar.

La aparición del funcionario cordobés en los primeros planos detonó infinidad de conjeturas en el mundo peronista. Entre tantas, dos de ellas parecieron sobresalir respecto de las demás. La primera: Zannini hizo lo que acaba de hacer para demostrar que pese a su enredo judicial, que tiene al juez Norberto Oyarbide como uno de los actores principales, no ha perdido la confianza de la Presidenta. La segunda: sus últimas incursiones repondrían la vieja idea de que el secretario Legal y Técnico pueda ser ungido como el único heredero K de entera pureza, aún a riesgo de que no pase el examen de las PASO.

Esa hipótesis podría vincularse con otros movimientos de las últimas semanas en el cristinismo. Por ejemplo, la pretendida instalación de Máximo Kirchner como un dirigente de fuste a futuro. El camporista y titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, aseguró el otro día que cada vez que el hijo de los Kirchner habla provoca una “enorme conmoción”. No supo precisar dónde. Agregó que le agradaría verlo con un papel mas protagónico. Nadie conoce, de verdad, si Máximo tiene ese deseo en el fondo de su corazón. El dirigente kirchnerista bonaerense Fernando Navarro explicó que se trata de un “cuadro militante de buena formación”.

La Cámpora y Máximo no tienen una dulce relación con Zannini. Pero Cristina los habría instado, más allá de los gustos personales, a un trabajo político coordinado para no dejarle el terreno liberado al peronismo que aspira a sucederla en el 2015. Algunas puntas de la armonía se han comenzado a ver.

Máximo rehizo en parte el diálogo con el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta. Parecían, hasta hace muy poco, peleados a muerte. Los camporistas han invitado a muchas de sus reuniones a Julio De Vido. Al ministro de Planificación lo tentaba la postulación de Daniel Scioli. Todos coincidieron en un punto de una estrategia aún vaga: la necesidad de conservar en el 2015 el poder en Santa Cruz, al margen de cuál sea la herencia nacional. Por ese motivo, en los últimos días corrió como rumor intenso (sólo eso) la posibilidad de que Máximo sea candidato a intendente de Río Gallegos o a diputado por la provincia.

¿Podría el kirchnerismo atrincherarse en la Patagonia para intentar renacer? Esa interpelación fue creciendo con la salida de Zannini de su acostumbrada oscuridad. Hay quienes suponen que sería el único candidato para el 2015 en el cual Cristina confiaría ciegamente. Existe, en ese sentido, un antecedente cercano. Cuando el año pasado se lanzó la reforma judicial, la Presidenta pensó en el secretario Legal y Técnico para encabezar la listas de candidatos al Consejo de la Magistratura. El proyecto se frustró porque la Corte Suprema consideró inconstitucional ese tópico de la reforma. A partir de ese momento se puso en marcha un plan que culminó con éxito: incorporar a dos camporistas (el diputado Eduardo De Pedro y el secretario de Justicia, Julián Alvarez) como integrantes del organismo.

La jugada K no implicaría una libertad sucesoria para los mandatarios peronistas. El único delfín reconocido en ese ámbito por el cristinismo sería, hasta ahora, Sergio Uribarri. Casualmente (el gobernador estaba de viaje por Oriente) se ausentó del encuentro de los gobernadores del PJ, vigilados por Zannini y Jorge Capitanich.

Ese presunto envión de Zannini contó con otro par de buenas noticias. El proceso por el pedido de juicio político contra Oyarbide tendrá el tranco de una tortuga en la Magistratura. El propio magistrado rechazó ayer reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra la mano derecha del secretario Legal y Técnico, Carlos Liuzzi, que había solicitado el fiscal Patricio Evers.

Aquella jugada de Cristina no sería una novedad grata para Scioli. Tampoco para otros aspirantes que como Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte, se han lanzado al ruedo presidencial desde las entrañas del Gobierno. Casi todos sospecharían, con los hechos a la vista, que a la Presidenta no le importaría tanto ver al PJ tradicional sucumbir en el 2015 frente a cualquier adversario que le toque.

El temblor que esa cantidad de circunstancias producen en el peronismo llegó hasta las orillas sindicales. Hugo Moyano y Luis Barrionuevo aplazaron hasta hoy el anuncio sobre la fecha exacta para la huelga nacional que anticiparon la semana pasada. Ese aplazamiento reconoció tres motivos. En primer lugar, la necesidad de cerrar trato con el líder de la CTA, Pablo Micheli, interesado en participar de la medida de fuerza. También las improcedentes declaraciones de Barrionuevo sobre Néstor Kirchner, que levantaron polvareda.

Se supo de una severa queja de Sergio Massa, de gira por Estados Unidos.

La tercera razón fue el sondeo que los jefes sindicales hicieron en el universo del PJ para conocer el grado de acompañamiento que podían obtener.

Quedaron verdaderamente desilusionados.

Ninguno de los gobernadores consultados dio un OK.

Ni siquiera una aproximación.

Algunos porque –amén de lo que piensen– no podrían. Como Scioli, envuelto en el tortuoso conflicto docente y también ahora de los médicos de hospitales bonaerenses. La mayoría porque, aún con importantes apremios sociales en sus provincias, no querrían asomar como socios de una huelga en un momento en que Cristina dispuso dentro del PJ maniobras políticas de elevada intriga.

¿Para quién quedaría, entonces, el rédito político si aquella medida de fuerza tuviera buen acatamiento? Para los jefes sindicales que la promueven, sobre todo. Y para la oposición que enarbola el discurso del ajuste que el Gobierno ejecuta pero niega.