Si prospera el proyecto de ley que impulsan en el Congreso de la Nación las provincias de San Juan y Mendoza para obligar a las bebidas colas a utilizar mosto de uva para endulzar sus productos, unas 100.000 toneladas de azúcar se quedarían sin mercado. Así lo advirtió el presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán, Julio Colombres, quien manifestó que, si la medida llegara a concretarse, “sería un duro golpe” para la “industria madre” de Tucumán, según publicó La Gaceta.
El gobernador José Alperovich, que ya fue alertado sobre esta situación, se reunirá hoy con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a quien le pedirá ponerle freno al proyecto.
“Así como defendimos la producción del limón, haremos nuestro planteo para defender a la industria azucarera con respecto de esta ley que quieren imponer en diputados para que se endulce con el mosto”, manifestó a la prensa el mandatario tucumano.
La iniciativa que hoy mantiene en vilo a la industria azucarera tucumana pretende modificar un artículo de la Ley Nacional de Impuestos Internos para elevar de un 8% a un 28% el tributo sobre las bebidas analcohólicas, gaseosas o no, entre las que se encuentran las elaboradas con azúcar. En cambio, apunta a reducir el impuesto para las bebidas que utilicen el mosto derivado de la uva o la manzana, de un 4% a un 2,8%. Mendoza y San Juan presionan para que la ley se apruebe este año y, como estrategia, ya acordaron destinar un 18% de su producción vitivinícola a la elaboración de mosto.
Colombres dijo que este es un proyecto “muy peligroso para el sector azucarero argentino en general, y para la industria tucumana, en particular”. Aseguró que si esta iniciativa se aprueba en el Congreso, “podrían desplazarse entre 50.000 y 100.000 toneladas de azúcar, lo que equivale a decir que uno o dos ingenios chicos no tendrían mercado como consecuencia de esta medida”.
Colombres indicó que transmitieron la preocupación del sector por esta iniciativa a las autoridades de la Nación, al Gobierno provincial y a los representantes tucumanos en el Congreso.
En diciembre, Alperovich había asegurado a la prensa que, por gestiones de su esposa, Beatriz Rojkés, se había frenado el tratamiento del polémico proyecto.
