Después del peor verano de la era K (con apagones en diciembre; maxidevaluación en enero; caída récord de reservas hasta comienzos de febrero, aceleración inflacionaria, caída del salario real, freno del consumo y de la actividad económica en todos estos meses), el gobierno de Cristina Kirchner se ilusiona con pasar un otoño más apacible. Sin embargo, esto sólo significa por ahora que el dólar paralelo no vuelva a las primeras planas de los diarios.
El Banco Central mantiene anestesiado el mercado cambiario con altas tasas de interés, escasez de pesos, crédito más caro y restricciones al pago de importaciones, a la vez que la mayor y forzada oferta de divisas por parte de bancos y cerealeras tiende un puente de plata al ingreso genuino de dólares de la cosecha de soja a partir de abril y mayo.
A mediados de junio, el Mundial de fútbol de Brasil acaparará la masiva atención de los argentinos, con una apuesta implícita a que la selección argentina pueda cambiar el malhumor social. Y, antes de que el almanaque indique el comienzo del invierno, debería producirse la entrada en servicio de los nuevos trenes chinos que renovarán íntegramente las desvencijadas flotas de las líneas Sarmiento y Mitre, y prometen cambiar sustancialmente la forma de viajar -y preservar la vida- de millones de pasajeros del área metropolitana. Es tan explícita la apuesta oficial a este histórico reequipamiento ferroviario, que el ministro Florencio Randazzo -devenido en precandidato presidencial del cristinismo- presentó públicamente hace algunas semanas en el puerto porteño la primera formación de prueba, apenas fue desembarcada del buque que la transportó desde China. Y, un par de días más tarde, ya se difundía la consabida propaganda oficial en Fútbol para Todos.
No obstante, este pronóstico ideal delineado en los despachos oficiales se ve amenazado por varios frentes de tormenta cercanos. Sin ir más lejos, el Indec difundirá mañana la segunda medición del nuevo índice nacional de precios correspondiente a febrero, un mes en que, según la mayoría de las estimaciones privadas, la inflación siguió acelerándose debido al arrastre de la devaluación de fin de enero. Por ejemplo, el IPC Congreso registró para el área metropolitana un aumento de 4,3%, que acumula un alza de 9,1% en el primer bimestre y de 34,9% en los últimos 12 meses, la más alta desde comienzos de 2002. Entre los analistas las opiniones están divididas; pero más que discutirse si el nuevo Ipcnu reflejará una variación más baja o más alta debido a su alcance nacional, la duda es si el Indec volverá a sincerar la inflación como lo había hecho en enero (3,7%) o subestimará el incremento. Esas dudas alimentaron en estos días movimientos especulativos con los bonos ajustables por CER y son el costo que paga el gobierno de CFK por mantener en sus cargos a la misma conducción del Indec que falsificó las estadísticas durante siete años. Paralelamente, como el Gobierno se aferra a la limitada canasta de "precios cuidados" como si fuera un plan de estabilización y casi no existe en la mayor parte del país, otra incógnita es cómo habrán impactado los aumentos en las seis regiones que incluye el nuevo indicador. Sólo en marzo podría registrarse una desaceleración en el Ipcnu, aunque deberá computar los aumentos en combustibles, tarifas de subtes, colegios privados y medicina prepaga que ya están en vigencia.
La aceleración inflacionaria de los últimos meses no sólo acentuó el deterioro del salario real, sino también de los planes sociales (la Asignación Universal por Hijo, de 460 pesos, no se ajusta desde julio del año pasado) y de las jubilaciones. Según un cálculo del Banco Ciudad, el aumento de haberes jubilatorios de marzo (11,3%) ni siquiera alcanza a compensar la inflación acumulada desde septiembre (18%).
UN ANCLA MENOS FLEXIBLE
Aquí el gobierno de CFK está pagando el costo de haber devaluado sin un plan antiinflacionario, justo cuando comienzan las negociaciones salariales en paritarias, que en más del 60% se concentra en los tres meses de otoño.
La novedad, en todo caso, es que ahora parece estar reconociendo implícitamente esa realidad, a través de una flexibilización de su conflictiva idea de utilizar a las paritarias como "ancla" antiinflacionaria. La intención inicial de imponer una pauta salarial, que primero iba a ser de 18% y luego de 25%, ahora apunta al 30 por ciento.
Una prueba es la mejora de la oferta a los gremios docentes en la paritaria nacional, si finalmente se concreta la propuesta de elevar el piso salarial en 31% hasta diciembre de este año y no hasta junio de 2015 como se había planteado hace 10 días. Otra es la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que podría cerrarse esta semana con un aumento de 30% anual, a través de una compleja ingeniería financiera que combinaría un pago de una suma fija no remunerativa (del orden de $900/1000) por única vez en abril y ajustes porcentuales en dos tramos que se completarían hacia el fin del otoño. Aún así, estos mayores incrementos nominales no significarán una mejora del salario real, cuando la inflación acumula una suba de 35% anual y es una incógnita cómo podría evolucionar hasta fin de año, incluso para el propio Gobierno.
A primera vista, este cambio de criterio oficial apuntaría a brindar cobertura a los dirigentes sindicales aliados a la Casa Rosada, frente a la presión de seccionales o comisiones internas radicalizadas que desconocen a las conducciones gremiales y promueven una mayor conflictividad laboral. Pero no resuelve el problema de la competencia de gremios opositores que, con Hugo Moyano a la cabeza, ya anuncian movilizaciones y paros en reclamo de aumentos más altos. También coloca en un brete a los dirigentes empresarios, después de que Cristina Kirchner le señalara a la UIA que deberán absorber "aumentos excesivos", que nadie sabe cómo evaluar.
Aún así, el Gobierno tampoco logra unificar su discurso. Por caso, el ministro Julio De Vido acaba de anticipar que en junio comenzará a desmontar el esquema de subsidios a las tarifas de gas y luego continuará con las tarifas de electricidad. O sea, una forma de admitir que, una vez que se cierren los acuerdos salariales, habrá ajustes tarifarios en porcentajes que por ahora siguen siendo una incógnita. Más discretos, pero no menos peligrosos para el bolsillo, se muestran el gobernador Daniel Scioli y varios intendentes del conurbano bonaerense, al enviar boletas de impuestos con aumentos que oscilan entre 30 y 50%. Y tampoco se queda atrás la AFIP, que acaba de ajustar las valuaciones de automotores para el Impuesto a los Bienes Personales, sin ningún indicio de que vaya a hacer lo mismo con el mínimo no imponible, que mantiene inamovible en $ 300.000 desde 2007.
Sin embargo, en la segunda mitad del año, cuando la inflación haya consumido el repunte del tipo de cambio real y sea cada vez más difícil mantener como ahora una política monetaria restrictiva con una política fiscal expansiva, se abrirán las mayores incógnitas. Por más que entonces ya haya pasado el otoño.
