Como un cirujano que prepara el terreno para una operación mayor, el Gobierno viene anunciando en las últimas semanas su intención de avanzar en la quita de subsidios a la electricidad, el agua y el gas, lo que equivale a un incremento de las tarifas que pagan los usuarios de esos servicios públicos.

Ayer fue el turno del ministro de Economía, Axel Kicillof, que volvió sobre el tema en un diálogo con Radio Continental: "Vamos a sostener los subsidios para los que menos tienen y quitarlos para los que más tienen", informó. Fue una señal más en la dirección del ajuste y la ortodoxia económica que promueve el Gobierno desde principios de año mediante la devaluación, la suba de las tasas, el acuerdo con Repsol, el avance de las negociaciones con el Club de París y el cierre de juicios contra el país en el Ciadi.

En clave pedagógica, Kicillof explicó que "las tarifas de luz, agua y gas vienen con subsidio. El costo de producción es mayor a lo que se paga en la tarifa. Dicho de otra manera, lo que cuesta es más alto que el precio que paga el usuario. La diferencia la cubre el Estado nacional".

Según el ministro de Economía, "como hay un problema entre el valor de los subsidios en diferentes lugares del país, se genera una situación de inequidad. A veces una persona rica o que puede pagar una tarifa mayor termina muy subsidiada". Y agregó: "Muchos dicen que están pagando muy poco y se quejan. No los quiero ver salir a protestar a la calle cuando paguen lo que corresponda". Las empresas, sin embargo, continuarán con sus tarifas congeladas, con lo cual seguirán sufriendo pérdidas en sus balances.

El debate por los subsidios está presente en el Gobierno desde hace años, pero cobró nuevo impulso tras las elecciones de octubre del año pasado, en un contexto en que la estrechez fiscal hizo cada vez más evidente la necesidad de racionalizar esos recursos.

De acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en 2013 se destinaron $ 134.114 millones a las subvenciones económicas, de los cuales $ 81.405 millones (el 60%) se destinaron a subsidiar el costo de la energía y el gas que consumen industrias y, sobre todo, hogares. El número es gigantesco para las cuentas públicas. Equivale a casi el doble del superávit comercial argentino de 2013, la cuenta que mira el Gobierno para medir el ingreso de dólares.

Según fuentes oficiales, Kicillof y su equipo analizan diversas alternativas. Uno de esos trabajos, según pudo saber LA NACION de funcionarios que participan en las discusiones, consigna que el Estado podría ahorrar hasta $ 15.000 millones en subsidios al gas y a la electricidad si recortara las transferencias que tienen como destinatarios a sectores de alto poder adquisitivo. Las mismas fuentes sostuvieron, además, que Economía no prevé realizar un anuncio inminente.

La parte más gruesa de los subsidios, además, se destina a pagar las importaciones de gas que cubren la caída en la producción doméstica del fluido.

Kicillof -que ayer por la tarde firmó con los directores de Repsol Luis Suárez de Lezo Mantilla y Nemesio Fernández Cuesta el acuerdo que pone fin al conflicto por la expropiación de YPF- sostuvo que su equipo trabaja con el concepto de "equidad tarifaria". Sobre la misma base, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el coordinador del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, se reunieron el jueves de la semana pasada con representantes de las gobernaciones para avanzar en la quita de subsidios y el ajuste de tarifas en los distritos más rezagados (los principales son la Capital Federal y el Gran Buenos Aires).

Los funcionarios nacionales pusieron un borrador en la mesa de discusión: nueve páginas escritas con el extenso título "Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina". El documento, que hasta ahora sólo cuenta con el rechazo de las gobernaciones, propone realizar estudios para identificar usuarios "que, por su capacidad económica, puedan afrontar los costos de los tres segmentos" del negocio eléctrico (generación, transporte y distribución).

Y sugiere aplicar un "proceso de normalización" en la facturación para todos los usuarios. En ese encuentro sostuvieron que, para avanzar en el racionamiento, cruzarán datos de la Anses, la AFIP e incluso el PAMI para mantener los beneficios a los sectores de menores recursos.