Es que si bien el actual partido gobernante ha impuesto a más de la mitad de los magistrados que hoy están en funciones, su objetivo declarado es avanzar hacia una nueva categoría de jueces militantes. Este proyecto sufrió ayer un nuevo revés, que se suma a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo que fue aprobada el año pasado y hubiera consagrado la elección popular de los representantes de jueces, abogados y académicos en ese cuerpo encargado de la selección y remoción de magistrados.
En los últimos tiempos, el kirchnerismo ha dado varios pasos para cubrir su eventual retirada del Gobierno bajo un manto de impunidad. Entre ellos, se persiguió a fiscales independientes, como José María Campagnoli, y se nombró de manera irregular a jueces subrogantes muy afines al oficialismo en la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal a cargo de causas criminales que involucren al poder político.
Días atrás, el viceministro de Justicia y miembro del Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez, declaró que este órgano debe elegir a jueces "con conciencia social", que hagan política con sus fallos. Casi al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que la Justicia debería obligar a los medios periodísticos a divulgar los actos de gobierno.
Estos gestos, sumados a la aparente estrategia del oficialismo de combatir la inflación con escraches a empresarios y a supermercados, con la ayuda de la agrupación Quebracho, terminan echando por tierra cualquier esfuerzo o señal orientada a mejorar el clima de negocios. Salvando las distancias, buena parte del gobierno de Cristina Kirchner parece hacer hasta lo imposible para ser comparado con el régimen chavista de Venezuela.
El fuerte tono de la defensa al régimen de Nicolás Maduro por parte del gobierno argentino, sin reparar en los excesos de la represión ni en los renovados ataques a la libertad de prensa en Venezuela, podría explicarse por distintos motivos. Uno de ellos es el temor a perder el control de la calle, una cuestión que desvelaba al propio Néstor Kirchner no bien llegó a la Casa Rosada, en 2003. No puede escapar a ningún analista que la inflación ha sido uno de los factores que ayudaron a movilizar a los venezolanos contra Maduro y que ese flagelo se ha convertido hoy, de acuerdo con flamantes sondeos de opinión pública, en la principal inquietud de los argentinos, desplazando incluso a la inseguridad.
Otro motivo que moviliza al gobierno argentino en su cerrada defensa de Maduro es que su principal líder opositor, Leopoldo López, no ahorró críticas el año pasado al proyecto de "democratización" judicial del kirchnerismo, al que comparó con la llamada "modernización de la justicia" que impuso Hugo Chávez y que hoy le permite al chavismo dominar al Poder Judicial.
