Las entidades agropuecuarias agrupadas en la Mesa de Enlace rechazaron hoy la Resolución 4762 y Circular 1780/13 del Banco de la Nación que reduce el financiamiento para los productores de soja. “Es una medida claramente discriminatoria hacia el campo y que perjudica especialmente a los productores más chicos, que necesitan un financiamiento genuino para poder seguir produciendo”, expresaron.
La iniciativa fue del director de la entidad bancaria, Juan Forlón, miembro de La Cámpora y amigo personal de Máximo Kirchner. La idea es reducir el financiamiento del banco exclusivamente a los productores de soja, para obligarlos a desprenderse de este grano si aún lo tienen almacenado en sus campos.
“Esta medida restringe la financiación para quienes producen soja, limitando así su capital de trabajo y contradiciendo abiertamente la misión del Banco, tal como se explica en la Carta Orgánica: Los créditos del Banco Nación para el sector agropecuario están destinados a atender todas las necesidades de financiación de los productores, especialmente de los pequeños y medianos”, expresaron las entidades rurales a través de un comunicado.
La resolución habla de "normas transitorias" hasta el 28 de febrero de 2014, puntualmente para aquellos clientes, ya sean propietarios, arrendatarios, contratistas, entre otros, "cuya actividad principal o secundaria incluya producción de granos de soja".
La iniciativa fue la primera de Forlón en su llegada al sillón principal de la entidad bancaria. El director del Nación llegó en noviembre a ese cargo. Es un antiguo conocido de la familia Kirchner, fue asesor de Cristina en su época de senadora y aconseja a Máximo en temas legales.
Básicamente su circular establece ahora que cualquier renovación de carpetas de refinanciamiento va a tener que ser considerada por el directorio, no por los gerentes zonales.
“Pensar que todos los productores de soja tienen la misma capacidad financiera es una muestra más del desconocimiento que tiene el Gobierno sobre la situación real del campo argentino”, explicaron las entidades rurales.
La medida pretende desfinanciar a los productores y obligarlos a vender soja. Aunque los ruralistas aseguran que “gran parte de la cosecha ya no está en manos de los productores”.
“Sin embargo, el principal factor que induce al productor agropecuario a vender el fruto de su esfuerzo en forma escalonada, si es que lo puede hacer, es la altísima inflación y la necesidad de resguardar el valor de su trabajo a lo largo del año para hacer frente a los gastos y a las inversiones que requiere la producción”, explicaron desde la Mesa de Enlace.
