Su pedido a la Justicia para que los medios de comunicación no puedan hablar de sus negocios con las propiedades hoteleras del matrimonio Kirchner, antes que a una maquinada estrategia parece un gesto de desesperación. Que en vez de diluir sospechas, sólo ayudaría a aumentarlas.

Salvando las distancias y la dimensión, tal vez, de los escándalos su actitud remontaría la memoria a otro caso que desvela al Gobierno. El de la imprenta Ciccone, que tiene seriamente embretado a Amado Boudou. Para intentar frenar esa investigación el vicepresidente, con la anuencia de Cristina, recurrió en su momento a un despiadado zarpazo. Promovió la renuncia del ex procurador general, Esteban Righi, logró el desplazamiento del juez Daniel Rafecas y apartó al fiscal Carlos Rívolo. Produjo al cristinismo un enorme costo institucional, político y social. Ganó tiempo, es cierto, pero nunca logró enterrar el escándalo. Al contrario, algunos testimonios de las últimas semanas –en especial los de la familia Ciccone– han dejado a Boudou en las orillas de una citación a indagatoria de parte del juez Ariel Lijo, que sustancia la causa desde el golpe contra Rafecas.

Los casos de Báez y Boudou parecieran competir en importancia pública y política.

El vicepresidente es el primer hombre en la línea sucesoria. De hecho, reemplazó a Cristina, aunque con ostensibles límites, durante su enfermedad y convalecencia. Pero las revelaciones sobre el empresario K apuntarían al corazón más sensible del poder.

A los Kirchner y a su fortuna patrimonial, tantas veces advertida por la oposición y, de igual manera, soslayada por la Justicia.

La supuesta ruta clandestina del dinero K viene de lejos. Desde que comenzaron a encontrarse rastros sobre el supuesto lavado de US$ 55 millones a través de Panamá, Uruguay y Suiza. Por esa cuestión están imputados en una causa Lázaro y Martín Báez (hijo del empresario), Federico Elaskar y Leonardo Fariña. La investigación está a cargo, con notable lentitud, del juez Sebastián Casanello. El fiscal es Guillermo Marijuan. Esa historia nació a partir de una investigación de Periodismo Para Todos (PPT).

La novedad de las últimas horas –divulgada por La Nación – reveló los presuntos pagos millonarios que Báez habría hecho para alquilar centenares de habitaciones en los hoteles de los Kirchner en Santa Cruz. Habitaciones que, según constataciones, en muchas ocasiones ni siquiera fueron ocupadas.

Ocurrieron, entonces, dos cosas que denunciarían la inquietud oficia l por la escalada del tema. Báez hizo un reclamo de mordaza para que toda información sobre el tema sea vetada “a organismos públicos, portales de Internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información”. La solicitud de la cautelar, por supuesto, fue realizada en Santa Cruz. Por otro lado, terció Oscar Parrilli. El secretario General de la Presidencia no negó la existencia de aquellos pagos entre Báez y los Kirchner aunque adujo que su divulgación sólo apuntaría a manchar la figura del ex presidente.

La irrupción de Parrilli, sin dudas, obedeció a una orden presidencial. La expectativa estaría centrada ahora en Jorge Capitanich: ¿responderá hoy el jefe de Gabinete, en sus habituales charlas matinales con la prensa, a alguno de los tantos interrogantes ahora instalados?

La acción judicial de Báez dio nuevos argumentos a la ofensiva de la oposición que había solicitado explicaciones a Cristina por la maniobra denunciada en el diario La Nación. Elisa Carrió hará una nueva denuncia en la Justicia por lavado de dinero. Habrá también una presentación contra el empresario K por su jugada mordaza. El enrarecimiento del clima, incluso, podría tener una onda expansiva inesperada. El kirchnerismo venía negociando en silencio con dirigentes radicales la posibilidad de un respaldo en el Congreso para la designación de Juan Manuel Abal Medina como Defensor del Pueblo.

Es un fuerte deseo de Cristina. Pero esas conversaciones desde anoche habrían quedado estancadas.

El recrudecimiento de la pista del dinero clandestino K coincidió con la suspensión que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, impuso al fiscal José María Campagnoli. Ese funcionario se involucró también, en algún tramo, en la investigación sobre Báez. Aunque la drástica decisión de Gils Carbó tendría otras razones. Campagnoli había comenzado a investigar a otros dirigentes y funcionarios kirchneristas.

El de menor talla sería Diego Rodríguez, el hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, involucrado al parecer en la reventa de entradas para los partidos de River.

Lo que ha comenzado a boyar en la superficie de nuevo, en medio de las complicaciones políticas, sociales y económicas, es la cuestión de la corrupción, latente durante toda la era K aunque encubierta siempre detrás de la bonanza consumista. Ese tiempo, con claridad, ya pasó. Báez y Boudou asoman en las últimas semanas como las caras más visibles de las oscuridades del poder. Y se han sumado a la de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, con el frente judicial más complicado, a quien le acabaron de incautar un yate de valor millonario escondido en el balneario uruguayo de Piriápolis.

La mayor preocupación política e institucional para el Gobierno, sin embargo, continúa siendo Boudou.

El vicepresidente, luego de su interinato, casi desapareció de la escena pública. Aguarda con inocultable ansiedad las novedades que podrían suceder en el Senado, donde están pendiente todavía la designación de las nuevas autoridades. Detrás de Boudou, en la línea sucesoria presidencial, asoma Beatriz Rojkés, la senadora y esposa de José Alperovich. Las rebeliones policiales, que impactaron en Tucumán con más muertes que en otras provincias, y algunas conductas que trascendieron del matrimonio habrían enfriado la relación con Cristina. Eso alimentaría la presunción de que Rojkés sería relevada de su cargo de Presidenta Provisional del Senado.

Sonarían como presuntos reemplazos dos hombres fuertes. Gerardo Zamora, el radical K y ex mandatario de Santiago del Estero que –ante la imposibilidad de una tercera reelección– convirtió a su esposa, Claudia Abdala, en gobernadora. Ambos fueron recibidos en Olivos, no bien ganaron, por la Presidenta. El otro nombre en danza sería el de Miguel Angel Pichetto que días pasados, a raíz del pliego de ascenso del general César Milani, dialogó con Cristina.

Cualquiera de las dos variantes no constituiría una señal grata para Boudou. En ningún caso por razones personales, aunque es conocida su mayor afinidad con Zamora que con Pichetto. Podría ser, en cambio, un síntoma de que el Gobierno buscaría fortalecer la línea sucesoria frente a una eventualidad. ¿La salud de Cristina? Nadie piensa en eso en la Casa Rosada. Se la observa bien recuperada. La conjetura rodea la posibilidad de que la situación judicial y política del vicepresidente pueda complicarse más, en la causa Ciccone, luego de que pase el verano. También pende sobre él una investigación por enriquecimiento ilícito.

Boudou ya es un lastre político incorregible para Cristina. Lo sería, en ese caso, todavía mucho más.