Los elevados aumentos salariales logrados por fuerzas policiales provinciales por la extorsiva vía de autoacuartelamientos, que derivaron en saqueos y muertes en distintas localidades del país, anticipan ya una puja distributiva y no pocos conflictos en el sector público. La ilusión oficial de un incremento salarial limitado al 18% para 2014 amenaza con desvanecerse y los más pesimistas imaginan el inicio de un escenario parecido al de 1975 y su infartante carrera entre precios y salarios tras el recordado "rodrigazo".
La pregunta que todos se hacen es de qué manera financiarán las provincias los incrementos salariales. A juzgar por las señales del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien admitió una prórroga del pago de deudas provinciales con la Nación que vencen a fin de año, se impondría un nuevo acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias.
Lo que no surge hoy con claridad es de dónde pueden salir los recursos con los que la Nación auxiliará al interior, por lo que casi nadie piensa en otra alternativa que no sea más emisión monetaria, que representará mayor inflación. Para contrarrestar su efecto, economistas cercanos al oficialismo propician una suba en las tasas de interés. Pero esta medida sonaría por ahora antipática para la presidenta Cristina Kirchner, que detesta que se hable de enfriar la economía.
Es cierto que también la primera mandataria era la primera abanderada del desendeudamiento y que recientemente ha sido convencida sobre la necesidad de salir a buscar financiamiento en el exterior. El argumento esgrimido para persuadir a la Presidenta fue inobjetable: la deuda que se tome en los próximos dos años no la pagaría su gobierno, sino quien la suceda en diciembre de 2015. Claro que conseguir préstamos en el mundo no resulta hasta ahora fácil para la Argentina, y mucho menos a tasas inferiores a más del doble de las que vienen pagando nuestros vecinos uruguayos o chilenos.
Otra alternativa para que la Nación financie a las provincias sería reducir fuertemente el gasto público, empezando por los subsidios a los servicios públicos. Podría ser una línea por seguir después de las Fiestas. La duda es si la Presidenta se animará ahora a dar ese paso, que derivará en tarifas más altas para los consumidores de servicios públicos, en medio de las actuales convulsiones sociales. Cabe recordar que, a principios de 2012, había anunciado esa política de "sintonía fina", pero tras el trágico accidente ferroviario en Once resolvió dar marcha atrás con la generalización de la eliminación de los subsidios.
A Cristina Kirchner no le gusta que le arruinen las fiestas. Lo demostró en la noche del martes pasado, durante el festejo de los treinta años de democracia, cuando, después de que León Gieco repitiera su clásico "sólo le pido a Dios que la muerte no me sea indiferente" y mientras la angustia y la muerte sacudían a todo el país, la Presidenta salió a tocar el tambor y bailar, en un indudable gesto de desubicación.
Mientras la jefa del Estado sigue viendo conspiraciones contra su gobierno, nadie en su entorno advierte cuánto ha potenciado la situación de anomia de estos días el mensaje oficial asociado al resentimiento y la confrontación, y cuánto la ha potenciado una inflación que ha devaluado hasta los beneficios de los planes sociales de la propia clientela kirchnerista.
