“El Ministerio de Agricultura va a trabajar en una alta conjunción con el de Economía y con la Jefatura de Gabinete de Ministros”, dijo la semana pasada el flamante ministro Casamiquela. Paso seguido, anunció la puesta en marcha de una “competitividad sistémica, que se destaca por ser inclusiva y generar equidad social”.
A nivel político, los anuncios incluyeron la invitación al diálogo a todos los integrantes de las cadenas productivas, que comenzaron cumpliéndose con la reunión mantenida con Fascendini esta semana. Si bien no hubo anuncios importantes, se avanzó en la idea de una agenda común.
Por otro lado, las medidas anunciadas no fueron muy halagüeñas. El Gobierno nacional decidió incrementar al 32% los derechos de exportación a los productos del complejo sojero que hasta ahora tenían alícuotas menores, con el fin de unificarlos con el resto de los derivados.
La medida se dispuso en el Decreto 2014/2013, publicado en el Boletín Oficial, y abarca a los productos elaborados a partir de residuos obtenidos del procesamiento del poroto de soja; y para las preparaciones destinadas a la alimentación animal que contengan subproductos de la soja, no constituyendo estos últimos su componente esencial.
Para el funcionario “se sigue creciendo, seguimos teniendo buena superficie de cultivo, y se va a batir nuevamente el récord de siembra y producción de soja”.
Mientras tanto, la cadena de un cultivo como el girasol se encuentra en una encrucijada: si no se modifica el nivel de retenciones (30% para aceite y harina, y 32% para grano) la baja rentabilidad del cultivo pondrá en crisis a todo el andamiaje de agregado de valor que tiene la oleaginosa, “un negocio que en 2012 aportó 2.000 millones de dólares a la economía argentina y que este año apenas llegará a los 1400”, según ASAGIR.
Por ahora, la injerencia de la cartera económica en materia agropecuaria hizo quedar en off side al flamante ministro del campo.
