CORENOSA advirtió que para las empresas del norte es “muy injusto”, porque ni siquiera tienen energía. Desde Coninagro afirman que “violenta los principios y normas del Derecho Ambiental” y no respeta los criterios tributarios de generalidad, igualdad, razonabilidad y equidad.
El “Impuesto por Presión sobre el Ambiente Natural y Construido” -o “impuesto verde”- que el gobierno provincial incorporó en el proyecto de presupuesto para el año próximo, sumó esta semana fuertes críticas de entidades vinculadas con la agroindustria, especialmente del norte santafesino.
El presidente de CORENOSA (Consejo Regional Económico del Norte Santafesino), Alberto Padoán, disparó: “lo que tiene de impuesto verde es que es un impuesto al campo”. Tras señalar que el sector ya cuenta con una excesiva presión tributaria, y recordar que al mismo tiempo falta infraestructura y energía, reclamó “equidad” respecto de otras zonas de la provincia donde los costos de producción son menores. Incluso aseguró que “las empresas del norte se están yendo a Santiago del Estero y al Chaco”.
Por su parte, el Consejo Asesor Regional (CAR) de Coninagro Santa Fe difundió un análisis legal del proyecto, en el que señalan “observaciones” tales como: que “violenta los principios y las normas del Derecho Ambiental”, además de “desconocer principios del Derecho Tributario”. Incluso advierten que se exime a sectores que “ejercen igual o más presión sobre el ambiente”.
“Totalmente recaudatorio”
En diálogo con Radio EME, Padoán consideró “inconstitucional” la iniciativa por
ser el Poder Legislativo quien debe crear nuevos gravámenes y no el Ejecutivo.
“Parece que hay chicanas para poder seguir metiendo impuestos en una provincia
que ya está vapuleada de impuestos”, se quejó.
El dirigente dijo que no se trata de una crítica sino un “alerta” para que el gobierno tome nota de la situación del norte. “Habría que enfocarse en gastar mejor el dinero”, sugirió como alternativa al mero aumento o la creación de nuevos gravámenes.
A su vez, pidió equidad y recordó: “en el norte nos cuesta más caro el combustible, no tenemos energía, ni acueductos ni rutas”. Por eso demandó: “no nos engañemos, en el norte no podemos seguir bancándonos esta andanada de impuestos”.
Según la apreciación del titular de CORENOSA -también designado esta semana Vicepresidente 1º de la Bolsa de Comercio de Rosario- “lo que tiene de impuesto verde es que es un impuesto al campo”. En ese sentido explicó que, para el sector, el coeficiente “significa 10 veces más que para otro tipo de industrias” y recordó que “el campo ya tiene 35% de retenciones, impuesto al cheque, ganancia sin ajuste por inflación; es un desastre como estamos, no podemos seguir trabajando así”.
Incluso advirtió que por la falta de infraestructura y energía “las empresas del norte se están yendo a Santiago del Estero y al Chaco”. Por eso demandó “equidad respecto de las industrias instaladas en centros de población numerosa y acceso a los insumos”. Y tras calificar como “muy injusto lo que nos están haciendo”, se permitió una chicana: “tendremos que poblar más el norte para tener más votos y que nos tengan más en cuenta”.
Asimismo negó el aparente espíritu “ecológico” con que se presenta el nuevo gravamen y lo consideró “totalmente recaudatorio, es una imposición fiscal a la gente que trabaja y que ya viene aportando muchísimo en impuestos”.
Discriminatorio
En tanto, el CAR Santa Fe de Coninagro, en un trabajo titulado “Obervaciones al
proyecto de presupuesto provincial”, afirma que la iniciativa “violenta los
principios y normas del Derecho Ambiental” argentino. El argumento es que éste
se asienta en los tratados internacionales de Río de Janeiro de 1992 y en la
propia Constitución Nacional (art. 41), que determinan la protección la
ambiental como una obligación del Estado provincial, que no puede “obtener
recursos económicos por su alteración”. Por lo tanto -afirman- ni “siquiera es
admisible la posibilidad de sustituir el daño por una indemnización suficiente”.
En relación a esto, también observan el destino de la recaudación, que el proyecto dispone para la promoción y sostenimiento de la ciencia la tecnología y la innovación. “Descarta absoluta y abiertamente la posibilidad de recomponer las ‘externalidades negativas’ producidas”, por lo que al habilitar el principio del “contaminador pagador” -dicen- “el estado provincial estaría legalizando la contaminación”.
Por otra parte, el análisis de Coninagro indica que el proyecto también desconoce los principios tributarios de generalidad, igualdad, razonabilidad y equidad igualmente consignados en el Constitución Nacional. “Sólo se grava actividades Productivas y de Servicios, quedando fuera de su comprensión actividades que también ejercen ‘externalidades negativas’, como son la Comercial e Industrial, siendo esta última la de mayor impacto sobre el ambiente”. Esto se basa en que al momento de describir la base imponible, el proyecto sólo hace referencia a las actividades de transporte, acopio, acondicionamiento y despacho de granos. Por esta razón, además, lo consideran “discriminatorio”.
Qué dice el proyecto
Al momento de definir la base imposible, la iniciativa señala que la misma surgirá de una fórmula que contempla tres variables: la categorización de proyectos industriales establecida en uno de los anexos del Presupuesto 2014; la facturación anual; y “el impacto negativo en el ambiente originado por el transporte, acopio, acondicionamiento y despacho de cereales”.
A su vez, la norma establece cuatro escalas por medio de las cuales el gravamen se incrementa a medida que aumenta la capacidad de procesamiento de granos.
Si bien el proyecto asegura que las empresas agroindustriales podrán deducir hasta un 40% del monto total del impuesto en inversiones y seguros ambientales, se aclara que “será condición necesaria para la aplicación de la deducción la obtención de certificación de idoneidad medioambiental de la inversión expedida por la Secretaria Medio Ambiente (de Santa Fe)”.
