Otro anzuelo mordido por casi toda la oposición, con excepción del PRO de Mauricio Macri y de la Coalición de Elisa Carrió. A esos tres magros logros políticos quedó reducida, un año y medio más tarde, una de las decisiones más gravosas para la Argentina, en todos los planos, adoptada por Cristina Fernández.
El modo de expropiación del 51% de la acciones de YPF en poder de la española Repsol –de eso se trata– terminó de romper el último raquítico hilo de confianza que, por entonces, ligaba a nuestro país con el mundo. La gravosidad aludida se mediría también con una tabla de valores: la petrolera valía 17 mil millones de dólares en el momento del conflicto; no cotiza ahora más de US$ 8 mil millones.
Aquellos modos no tuvieron que ver, únicamente, con la determinación de desconocer cualquier derecho indemnizatorio. Se utilizó también la fuerza pública –la Gendarmería– para desplazar a los funcionarios españoles de la sede en Puerto Madero. Algunos de esos hombres hasta debieron soportar allanamientos en sus casas particulares.
La responsabilidad primaria por semejante error corresponde, sin dudas, al Gobierno. Pero, como tantas veces sucede en la Argentina, sería prudente además que el conjunto repasara sus conductas. El jolgorio de una buena parte de la clase política remitió a la triste celebración parlamentaria del default, en el 2001, cuyas consecuencias se continúan pagando. La sociedad debería interpelarse, tal vez con mayor asiduidad, sobre la propensión a las soluciones mágicas que nunca terminan de ser tales. Como bien apuntó días pasados el diputado Martín Lousteau –ex ministro de Economía de Cristina–, sería hora de indagar sobre la facilidad que tendrían las falacias para permanecer en el ánimo social. Lo dijo en relación a la década de vigencia en el poder de Guillermo Moreno. El saliente secretario de Comercio fue hijo pródigo de los Kirchner. Y sobrevivió a triunfos y derrotas electorales. Por lo menos, hasta la reciente del 27 de octubre.
En ese camino se empezaría a instalar ahora Axel Kicillof. El ministro de Economía fue mentor ideológico y ejecutor de la expropiación de YPF. Julio De Vido, el ministro de Planificación, quedó a su lado convertido en una paloma despreciada por la Presidenta. Kicillof demostró cómo restando los dividendos que Repsol había logrado en la Argentina de los que había abonado en 1999 por adquirir el 97,8% del capital accionario de YPF, no correspondía ninguna compensación económica por aquella expropiación. Exagerando la nota, incluso, llegó a asegurar en el Congreso que nuestro país podía iniciar una demanda por perjuicios a la petrolera española. Kicillof está ahora ansioso por conocer la aprobación del pre-acuerdo que, salvo un imprevisto, hará hoy mismo en España la asamblea accionaria de Repsol. Ese preacuerdo obligará a la Argentina a abonar alrededor de 5,5 mil millones de dólares a Repsol. Los españoles habían estirado su pretensión a 7 mil millones. Más allá de la diferencia en las cifras, ambas partes ganarían. El Gobierno se sacaría de encima algo del enjambre de juicios que aún no resolvió, por éste y otros temas, en los tribunales internacionales. Repsol podrá aflojar, a su vez, las tensiones con su socia, Pemex. La petrolera estatal mexicana aspira a meter baza en la futura exploración de Vaca Muerta y otros pozos hidrocarburíferos no convencionales de nuestro suelo.
Nunca el Gobierno –tampoco buena porción opositora– reparó debidamente en la simultaneidad de un episodio que acompañó a la manera arrebatada con que se apropió de Repsol. Dos días después que el Senado aprobó el proyecto de expropiación (63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones), 69 miembros de 30 países de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmaron una declaración mediante la cual se condenó “el asalto a la legalidad internacional” por el caso Repsol. Hace apenas una semana, con las negociaciones a pleno entre Buenos Aires y Madrid, el secretario de Energía de EE.UU., Ernest Moniz, ratificó su solidaridad con la petrolera española. Aquella votación de los senadores fue sólo el broche para lo que había sucedido en Diputados. Allí la ley alumbró con 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones.
La épica política K le sirvió de muy poco a Miguel Galuccio. El CEO designado en YPF observó desde adentro cómo la crisis energética se tornaba irremontable.
El antecedente de Repsol y las crecientes restricciones cambiarias desalentaban, por otro lado, cualquier chance de inversión. Se hizo, en ese marco, un pacto secreto y aún oscuro con la petrolera Chevron. Pero fue insuficiente como pretendido disparador. Sólo US$ 3 mil millones de inversión en tres años, con una capitalización inicial con fondos retenidos en la Argentina por la prohibición de girar utilidades al exterior.
Cristina, en su reaparición de la semana pasada, luego de su enfermedad, había deslizado indicios acerca de que algo en torno a la petrolera española estaba por ocurrir. De paso justificó también el controvertido acuerdo con Chevron. Se la escuchó llamativamente generosa con la posibilidad de cualquier inversión extranjera. Una apertura forzada, al parecer, por las circunstancias complejas.
Jorge Capitanich no se entrometió en las conversaciones con España. Pero hace rato que predicaba sobre la necesidad perentoria, para la marcha de la economía, de destrabar el pleito. Tanto se cuidó de no violar la medianera del vecino, que cualquier información de referencia la derivó a Kicillof. El ministro de Economía se resistió a dar detalles del preacuerdo amparado en la falta de aprobación todavía de parte de la gerencia de Repsol. Un cuidado que no había tenido, ni por asomo, cuando se embarcó en la expropiación.
Este Kicillof parece distintos, al menos en ciertos gestos, al de hace un año y medio.
El jefe de Gabinete también se esfuerza por darle a su tiempo otra impronta. No está recluido como su antecesor, Juan Manuel Abal Medina. Y ha sabido encontrar, siquiera en cuentagotas, a los primeros responsables de la herencia recibida. Cuando le preguntaron por el fuerte aumento en el precio de las naftas remitió a “acuerdos preexistentes”. Esa defensa apuntó contra Moreno, ya casi en estado de desamparo.
Capitanich ganó tiempo, de paso, para construir argumentos de los nuevos aumentos que sin remedio llegarán. Los demanda Galuccio desde YPF. El jefe de Gabinete ha sido diestro para montar un teatro nuevo. Habla diariamente con el periodismo, quizás recogiendo una enseñanza que en los 90 dejó el ex ministro Carlos Corach; promete su asistencia al Senado y convoca al diálogo a Macri y al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. El jefe porteño fue varias veces, sin fortuna, a la Casa Rosada. El santafecino quería hablar con Cristina. Deberá conformarse con Capitanich.
Habrá que ver si a ese desfile podría sumarse también, por ejemplo, José de la Sota. Habrá que ver cuánto se hace por creencia y cuánto sólo por las obligaciones que impone esta transición.
