"En virtud del inminente tratamiento del presupuesto provincial en la legislatura bonaerense y en relación a los numerosos trascendidos que conllevaría un fuerte incremento en el impuesto inmobiliario rural, la Sociedad Rural de Tres Arroyos (entidad adherida a Carbap - CRA) manifiesta su más profunda preocupación ante un nuevo impuestazo que volverá a impactar negativamente en las economía de nuestro distrito", comienza el comunicado que elaboró la entidad ruralista en referencia al aumento del 18% en el Impuesto Inmobiliario propuesto por el Ejecutivo en el nuevo presupuesto provincial.
"Desde la Sociedad Rural de Tres Arroyos hacemos un llamado a la reflexión a nuestros legisladores provinciales, y en particular a nuestro señor intendente para que intercedan ante el señor gobernador con el fin de evitar aumentar la presión fiscal a un sector vital para la economía de nuestra región y el país en su conjunto como el agropecuario, al cual se le resta cada vez más competitividad", indica el comunicado.
"Si bien las entidades provinciales se encuentran solicitando a los distintos bloques legislativos y al propio Gobernador revisar esta medida que agravará la presión fiscal al sector y sumirá a la región en una parálisis económica, son nuestros legisladores provinciales y es nuestro intendente quien debe interceder a fin de poder terminar con el camino más fácil para disimular la falta de gestión de la Provincia que es el aumento indiscriminado de los impuestos provinciales", finaliza el comunicado.
"La presión tributaria que el sector recibe ya es asfixiante, no se tolera más", argumentan en el nucleamiento agropecuario. Sobre la "contribución especial" para seguridad, Horacio Salaverri, presidente de Carbap, enfatizó que "no se puede tomar como práctica tributaria generar un impuesto para determinado gasto".
En diálogo con El Cronista, el dirigente no descartó que el sector agropecuario provincial se movilice hacia La Plata o realicen manifestaciones en distintos puntos de la provincia "si es que la situación nos obliga". El campo ya marchó sobre la capital provincial hacia mediados de 2012, cuando el gobierno de Scioli modificó la ley tributaria, cambió la base de cálculo e hizo que miles de productores quedaran "enganchados" en Ganancias o Bienes Personales, dado que Nación no cambió las escalas.
