La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA prestó suma atención en Washington a los testimonios que Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá brindaron, en representación de varios periodistas argentinos, sobre los constantes ataques del Gobierno al periodismo independiente y a los hombres y mujeres de prensa que lo ejercen.

A raíz de lo manifestado en la audiencia sobre "La situación de la libertad de expresión en la Argentina", y pese a los ataques que el Gobierno dirigió también contra la propia CIDH por haber realizado la audiencia con los periodistas -que el kirchnerismo vanamente intentó evitar a toda costa-, la CIDH produjo un informe final en el que no sólo respondió las objeciones del oficialismo y recordó cuáles son sus atribuciones, sino que expresó su "preocupación" por las descalificaciones a Ruiz Guiñazú y a Morales Solá formuladas por la embajadora argentina en la OEA, Nilda Garré.

Como informó este diario, fue significativo el silencio de la delegación oficial cuando un comisionado quiso conocer su opinión sobre la denuncia contra el secretario Guillermo Moreno por haber presionado a anunciantes privados para no publicar avisos en los diarios la nacion, Clarín y Perfil.

La audiencia fue solicitada, además de los periodistas ya mencionados, por sus colegas Nelson Castro, Luis Majul, Alfredo Leuco, Mariano Obarrio y José "Pepe" Eliaschev, en representación de tantos que sufrieron en los últimos años diversas presiones por el solo hecho de publicar información crítica de la gestión de gobierno.

La exposición de Ruiz Guiñazú y Morales Solá versó sobre tres ejes principales. El primero de ellos se refiere a las situaciones en las que distintos funcionarios de gobierno recurren de manera directa o por medio de sus laderos a la descalificación y demonización pública de los periodistas y los medios independientes, lo cual constituye un verdadero acto de intimidación que da lugar a clarísimas situaciones de censura indirecta o autocensura (periodistas que se ven conminados a no publicar determinadas informaciones para así poder evitar el riesgo de ser agredidos físicamente o de perder su fuente de trabajo).

Luego los expositores, a los que se sumó el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, Torcuato Sozio, precisaron datos técnicos de contenido cuantitativo y cualitativo, y dieron cuenta de la utilización discrecional del dinero público destinado a la pauta publicitaria oficial y de su irregular empleo para solventar propaganda política partidaria, y los ataques a periodistas y medios no oficialistas, mediante el uso irregular de los medios colonizados por el Gobierno. Reclamaron que se conmine al Estado argentino a que adopte una legislación que imponga reglas claras y equitativas para la asignación de esos fondos públicos, de conformidad con los estándares internacionales en la materia y con las decisiones adoptadas por la Corte en los casos Río Negro y Perfil.

Finalmente, los periodistas ilustraron a la Comisión acerca de los graves problemas que aún persisten en la Argentina para poder lograr el siempre restringido acceso a la información pública y bregaron para que se avance en la demorada sanción de una ley al respecto.

Pocas horas habían transcurrido desde la decisiva audiencia en Washington cuando dos de los periodistas más conocidos y respetados del país protagonizaron extraños episodios que podrían encuadrarse dentro de la larga serie de hostigamientos claramente denunciados ante la CIDH.

Un día después de que Ruiz Guiñazú regresara de Washington, recibió la sorpresiva y nada común visita de dos inspectores de la AFIP, que le requirieron información sobre un pedido que había realizado al organismo recaudador.

La AFIP se defendió mediante un comunicado en el que, contra toda lógica, quiso presentar el hecho como meramente rutinario e idéntico al que supuestamente lleva a cabo con 7443 contribuyentes que habían realizado trámites similares. Cuesta creer, sin embargo, que tal cantidad de contribuyentes hayan recibido cada uno la visita de dos agentes recaudadores, para lo cual se habría necesitado un pequeño ejército de sabuesos.

Lo inusual del episodio, sumado al hecho de que se produjo tras la ponencia de la periodista en el foro internacional, permite abrigar fundadas sospechas de que se trató de un hecho intencional que pretendió castigarla por sus denuncias y, al mismo tiempo, ejercer una ejemplificadora presión sobre el resto de los periodistas independientes.

El otro episodio lo sufrió Alfredo Leuco. Un día después de que Ruiz Guiñazú informara la visita de los inspectores de la AFIP, Leuco fue atacado en plena Avenida de Mayo, en inmediaciones del Café Tortoni, por un grupo de delincuentes. Lo interceptaron cuatro hombres en dos motos con cascos y vestidos "con ropa de lluvia, negra y flamante", según el periodista. Dos de ellos lo golpearon y le robaron su mochila que, según el periodista, nada tenía de valor material, salvo una notebook con archivos irrecuperables. Como Leuco forcejeó, uno de los delincuentes que aguardaba en una de las motos lo golpeó con una cachiporra en la espalda y en el codo, además de patearlo en las costillas.

La violencia ejercida sobre un periodista cuyo rostro es conocido por su desempeño en la televisión, sumada al hecho sumamente significativo de que la agresión ocurrió en plena Avenida de Mayo y a la vista de todo el mundo, alimenta las sospechas. Luego, el periodista sufrió agresiones verbales en la calle de gente que celebró el ataque del que fue víctima.

Lo ocurrido con ambos periodistas se inscribe en la larga lista de embestidas del kirchnerismo contra el periodismo independiente, como las del secretario Moreno hacia los representantes dela nacion y Clarín en las asambleas de Papel Prensa; los bloqueos a las plantas impresoras de ambos diarios; el retiro de la publicidad oficial en dichos periódicos y en Perfil; el envío a Clarín de un numeroso pelotón de inspectores de la AFIP, y el diseño, aprobación y ejecución de la ley de medios audiovisuales con el indudable objetivo de perjudicar al Grupo Clarín.

En los casos reseñados de Ruiz Guiñazú y de Leuco, resulta imposible atribuirle al Gobierno con absoluta certeza las agresiones de las que fueron víctimas. Pero también es cierto que, desde hace mucho tiempo, existe la práctica de dejar un pequeño margen de incertidumbre para reforzar la potencia del cobarde mensaje amedrentador.