El peronismo se ha puesto en marcha, definitivamente, para suceder en el 2015 a Cristina Fernández.
Nadie cree, en esa geografía, que las legislativas de octubre vayan a resultar distintas para el Gobierno de lo que fueron las primarias. Temen incluso que, si son distintas, podrían serlo para peor. Las cabezas que aspirarían a la herencia serían, por ahora, las de Daniel Scioli, Sergio Massa y José de la Sota. El cristinismo carece de un candidato. Se vio en la cumbre de gobernadores. Jorge Capitanich ganó apretadamente en Chaco en agosto. Sergio Uribarri lo hizo con mayor holgura. Pero el único pergamino que puede mostrar el mandatario de Entre Ríos sería el de su disciplina y su obsecuencia. Esos valores ya cotizan mucho menos que antes en la bolsa del PJ.
Se percibe en el peronismo un temblor subterráneo. El epicentro parece ubicarse desde la derrota en las primarias, sobre todo, en Buenos Aires. El traspaso de dirigentes de líneas intermedias peronistas hacia el Frente Renovador de Massa resulta incesante. Los intendentes que todavía permanecen en la vereda del Gobierno temen que otro fuerte resultado adverso impacte en el control de los Concejos Deliberantes y dificulten la gobernabilidad. Hubo, entre muchos, dos casos que activaron las alarmas cristinistas. El salto al massismo de la vicejefa del bloque del FPV en Lomas de Zamora, la tierra natal del candidato K, Martín Insaurralde. También, la migración hacia Tigre de la hermana del legendario jefe municipal de Ezeiza, Alejandro Granados.
Esas fugas, en sí mismas, dirían tal vez poco. Tampoco augurarían un masivo traslado de votos hacia el candidato del Frente Renovador. Pero constituyen una sintomatología histórica e inconfundible de cuando el peronismo se dispone a cambiar de monta. Buenos Aires sería, simplemente, el espejo grande de un fenómeno que podría replicarse en el resto del país. El peronismo se le desgaja también a Jorge Obeid en Santa Fe, donde la intervención de La Cámpora azuzó conflictos. Un diputado nacional de esa provincia aterrizó en Tigre. Algo similar le está ocurriendo en La Pampa al gobernador Omar Jorge. La derrota en las primarias de Luis Beder Herrera le hizo perder al mandatario algunas piezas clave en La Rioja. El nuevo hombre fuerte de Neuquén, el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra, que se opone al acuerdo de YPF con Chevron, habló la semana pasada con Massa. La estampida está ocurriendo también en el interior profundo.
Cristina y Scioli, sin embargo, parecen detener su mirada por ahora sólo en Buenos Aires. En ese distrito existen para el Gobierno otros problemas, al margen de las fugas. Las peleas de varios capitanes del conurbano con Martín Sabbatella, un incondicional de la Presidenta. El titular de la AFSCA y del partido Nuevo Encuentro participó en las primarias, en varios municipios, con listas colectoras que perjudicaron a los barones. Esos dirigentes pretenden que las colectoras sean abolidas en octubre.
Las críticas públicas contra Sabbatella no nacieron de esos hombres sino del riñón K.
“Carroñero”, lo llamó la senadora bonaerense Cristina Fioramonti. Se trata de la esposa del diputado nacional, Carlos Kunkel, que tampoco anduvo con eufemismos.
A ese estado de incipiente descomposición se añadirían evidencias, todavía provisorias, de l a persistencia del malhumor social con el Gobierno.
Una encuesta realizada sólo en el conurbano, concluida el viernes, habría incrementado el susto de Cristina y de Scioli. El trabajo indica que, a tres semanas de concluidas las primarias, Massa estaría venciendo a Insaurralde por 43% a 27%.
Un pésimo presagio para las pretensiones cristinistas de revertir, o al menos atenuar, la tendencia de agosto. Hubo un dato electoral de aquel momento que se extravió entre el fárrago inmediato de novedades políticas. Buenos Aires posee 135 municipios. Massa se impuso en 84, Margarita Stolbizer y Francisco De Narváez se distribuyeron 21 y al FPV le quedaron 30.
El mayor problema de las primarias para el Gobierno no fue sólo la marea de votos en contra. Fue el daño de ese resultado sobre un sistema político y de poder anclado en la figura y los caprichos de Cristina.
Remontar la cuesta bajo la lupa de esa realidad le resultará extremadamente difícil. ¿De dónde podrían salir los nuevos votos para Insaurralde cuando un 70% de los bonaerenses se inclinaron por alguna opción opositora? La tesis sobre la falta de conocimiento del candidato sonaría, a esta altura, a puro conformismo. ¿Cuántos ciudadanos, de verdad, pudieron haber elegido a un opositor por desconocer al intendente de Lomas de Zamora? Massa tendría, en cambio, posibilidades de seguir pescando. De Narváez podría sufrir.
Hugo Moyano es un aliado inestable del diputado del peronismo disidente. Tiene a un discípulo suyo, Omar Plaini, como segundo postulante en la lista provincial. Pero anticipó que, después de octubre, no tendría inconvenientes en converger con Massa. Detrás del líder camionero estarían agazapados muchos sindicalistas de la CGT K. La pata gremial es otra de las fracturas expuestas del Gobierno después de la derrota.
El horizonte tormentoso habría inducido a la Presidenta a improvisar algunos cambios de campaña. El principal: su papel quedaría circunscripto, sobre todo, a la gestión y a los anuncios.
La trinchera sería ocupada por Scioli. El gobernador se empeña en que lo entiendan: no desea más conflictos públicos ni más enojos.
Propone una agenda que Cristina siempre se encargó de ocultar. Logró que el cristinismo admitiera que la inseguridad es un auténtico problema y no una sensación mediática. Pero la conquista corre serio riesgo de agotarse en las palabras.
¿Cómo comprender que el gobernador, ya en su segundo mandato, recurra como fórmula salvadora a los policías retirados para sumarlos al combate contra el delito?
¿Cómo creer en un plan nacional contra la inseguridad, como el que lanzó la Presidenta por decreto, que requeriría de una permanente interacción entre el Gobierno y todas las provincias, aun las que no están en manos oficiales? Un caso alcanzaría para sembrar escepticismo: Antonio Bonfatti es socialista y gobierna desde el 2011 Santa Fe, uno de los tantos distritos donde el delito se mezcló con el narcotráfico. Jamás recibió una respuesta a sus reiterados pedidos de audiencia con Cristina.
La Presidenta había dicho en la campaña –y aun luego de la caída electoral– que las propuestas económicas de la oposición sólo apuntaban a desfinanciar al Estado. A intentar alterar, de ese modo, la gobernabilidad. Scioli hizo suyo también ese libreto. La semana pasada realizó un desprolijo anuncio sobre el aumento segmentado del mínimo no imponible y la exención del impuesto a las Ganancias. Pretendió cerrarle la boca a los opositores pero no hizo más que darles la razón.
Cubrió apenas uno de los muchos flancos vulnerables. A esas mejoras las devora invariablemente la inflación. Pero sobre eso no se puede hablar. Lo hace tímidamente Insaurralde aunque, con lógica, carece de herramientas y propuestas para hallarle alguna solución.
Tampoco se sabe que Cristina tenga algún plan para salir del laberinto. Está atrapada bajo las lógicas de Guillermo Moreno, la soberbia de Axel Kicillof y la insolvencia de Hernán Lorenzino.
Esas características, en promedio, serían también las suyas.
Massa reivindicó como propios los anuncios sobre mejoras salariales. Ahora irá por el secretario de Comercio, que es una de las figuras más impopulares para la sociedad, junto a La Cámpora.
Los camporistas generaron una batahola innecesaria con la empresa aérea LAN Chile. El titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, fue su bastión. Como el conflicto adquirió una envergadura impensada e inconveniente para el Gobierno –porque golpeó también la relación con Brasil– hubo un brusco giro de timón.
Recalde salió de escena e irrumpió Florencio Randazzo, el ministro de Interior y Transporte. La pretensión de quitarle rutas de cabotaje a la aérea chilena se transformó en un reclamo argentino para que Aerolíneas pueda hacer también vuelos internos en Chile y Brasil. La empresa no está ahora preparada para eso. Pero fue una manera de sortear temporariamente el pleito.
Las irreflexiones del Gobierno se notan demasiado. Desactivan algunas bombas y prenden la mecha a otras. Resultó impúdica la coacción cristinista sobre la Corte Suprema en los dos días de audiencia por tres artículos de la ley de medios. La impudicia se traslució en los alegatos y en la movilización callejera frente a Tribunales. Fue notoria la incomodidad de algunos jueces. Es notorio también el malestar en casi todo el universo judicial.
La Cancillería cajonea una información que la Justicia uruguaya envió el 31 de mayo. Versa sobre la compra de campos con dinero de la ruta K de Lázaro Báez. El juez Sebastián Casanello remitió hace 45 días, por idénticas razones, otro exhorto a la nación vecina. Tampoco salió aún del Ministerio de Relaciones Exteriores. Otro juez, Ariel Lijo, cuida que la Cámara de Casación no declare la nulidad de las pruebas que tiene contra Amado Boudou por el escándalo Ciccone. No es el único episodio que comprometería al vicepresidente: la causa por enriquecimiento ilícito también madura.
En ambas Boudou estaría en condiciones de ser citado a declarar. Y hasta, quizá, de ser procesado.
Pero nada sucederá antes de octubre. Habrá que esperar qué país asoma después de los votos.
