No habría que establecer ningún vínculo directo entre la derrota electoral del Gobierno del último domingo y un hecho que sucedería en la Justicia en los días venideros: la citación a declarar del general César Milani, el jefe del Ejército, convertido por errores de Cristina Fernández también en un tema de campaña. Pero la superposición objetiva de noticias indicaría que los malos vientos parecen empeñados en soplar ahora en contra del poder. La política, como la vida, detona esos fenómenos, muchas veces sin demasiada explicación.

Aquella próxima citación de Milani no tiene relación con su estado patrimonial, también bajo la lupa después de una denuncia presentada por el senador radical Gerardo Morales. Se vincula, en cambio, con las sospechas sobre la actuación del militar, cuando era subteniente, en el Operativo Independencia en Tucumán de represión contra la guerrilla.

Corrían tiempos de la dictadura. Desde junio de 1976 el ex conscripto Alberto Ledo figura en la nómina de desaparecidos. Ledo era ayudante del ahora jefe del Ejército.

Tras dormitar cinco años en los tribunales tucumanos, la causa del ex conscripto se reactivó por obra también de otro senador radical, José Cano. El juez Daniel Bejas tomó declaración la semana pasada al ex coronel Esteban Sanguinetti.

Y dispuso su detención.

Sanguinetti era el jefe de la compañía en la que revistaba Ledo. Milani firmó el acta en que se consideró al soldado desertor y se lo demandó, incluso, por una suma superior a los $ 17.000 de esa época, por supuesta sustracción de pertenencias.

Ese acta fue, por algunas evidencias, falsa y adulterada.

Sanguinetti es el único imputado por la desaparición del ex conscripto que procedía de La Rioja. Está con arresto domiciliario por su edad, 71 años. Pero los médicos lo están sometiendo a un chequeo de su salud para ver si puede ser trasladado a una cárcel común.

El juez Bejas había recibido ya en el 2008 un pedido de indagatoria para el mismo Sanguinetti.

Pero la había desechado. Ahora estableció secreto del sumario y analiza citar a declaración testimonial a Milani. Su nombre figuraría varias veces entre las referencias brindadas por Sanguinetti.

El militar detenido habría salido con Ledo a una misión en una zona montañosa tucumana. El ex conscripto nunca regresó y de esa ausencia nació el acta de la controversia que lo dio por fugado. Milani explicó que ese trámite era muchas veces azaroso y burocrático. Pero las organizaciones de derechos humanos afirman que, con dicho mecanismo, el Ejército se habría ocupado de hacer desaparecer a varios conscriptos. Tal sería el punto principal que podría afectar a Milani.

El jefe del Ejército, ni bien estalló el escándalo a raíz de su pliego de ascenso en el Senado, se presentó a declarar de modo espontáneo en Tucumán y La Rioja. Por entonces el juez Bejas no había reactivado la causa. En la Rioja existe la acusación de un hombre (Ramón Olivera) que habría sido secuestrado y apremiado. De ambas cosas, también responsabiliza a Milani.

El problema, para la Presidenta, posee dos andariveles, el judicial y el político. Pero en la medida que las tramitaciones judiciales progresen y rocen siquiera al jefe del Ejército, la situación general se tornará mas comprometida. En el medio de la discusión, cuando la campaña ingresa en dos meses determinantes, figura la política de derechos humanos del Gobierno. Las organizaciones se han dividido, al punto que el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) pidió al Senado frenar el pliego de ascenso de Milani.

El lunes se conoció otro punto de discordia.

Las Madres de La Rioja (la provincia de Ledo) le reclamaron a Cristina que eche al jefe del Ejército. Entre ellas está la madre del soldado desaparecido. El grupo tiene vinculación, a nivel nacional, con la línea que comanda Hebe de Bonafini. El documentó “deploró” que el Gobierno defienda a Milani. Bonafini prefirió hasta ahora guardar silencio sobre el conflicto. La titular de Abuelas, Estela Carlotto, relativizó en cambio las sospechas que pesan sobre el militar.

Cristina designó a Milani cuando, de modo sorpresivo, removió las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Pretendió, como en otros tantos temas, un trámite exprés en el Senado. El miércoles 17 de julio se anunció que el pliego sería tratado en la Comisión de Acuerdos del Senado el lunes 22. Pero la súbita objeción del CELS, que primero había avalado su nombramiento, forzó a la Presidenta a levantar esa sesión y a archivar temporariamente el asunto.

Nadie sabe –resulta imposible mensurarlo– cuánto la situación congelada de Milani pudo haber incidido en algunos núcleos de la sociedad a la hora de votar. Pero asomaría con claridad que la decisión presidencial de postergar la solución de pleitos resonantes insumen un costo. Si no fuera así, ¿ Por que razón Guillermo Moreno y Boudou, entre varios, también con causas judiciales, fueron escondidos durante la campaña?