En la Argentina, unos dos millones de personas padecen hambre con frecuencia. La malnutrición, no tan sólo la desnutrición, deriva en serios problemas que podrían prevenirse con acciones tan simples como controlar que no se tire la comida apta para el consumo que hoy, por imperativos legales, se destruye.
Para ello se necesitan un cambio cultural tendiente a valorar los excedentes de la mesa familiar y de la industria como recursos indispensables para favorecer a los más desprotegidos, y una legislación que posibilite que esa mercadería llegue en tiempo y forma a quienes la necesitan.
En nuestro país, la Fundación Banco de Alimentos, una entidad que reúne a más de 500 organizaciones no gubernamentales reconocidas por su trayectoria y seriedad, como por ejemplo Cáritas, y aliada estratégicamente con sectores empresarios, es un ejemplo fundamental del esfuerzo mancomunado entre quienes pueden donar comida y los que la llevan hasta el plato de cada persona con carencias nutricionales. Mediante su asistencia, durante 2012, se logró distribuir 7100 toneladas de alimentos entre 1570 comedores, centros de apoyo escolar y comunitarios, hogares de niños y ancianos. Fueron más de 230.000 los beneficiarios, pero lo cierto es que podrían ser muchos más, muchísimos más.
A esa indispensable labor se suman programas como el denominado Nutrición 10, Hambre Cero, que reúne a más de mil instituciones de la sociedad civil con la ambición no sólo de eliminar el hambre, sino de lograr en cinco años una nutrición de excelencia. Entre esas acciones se destacan las que llevan adelante la Fundación Conin, del doctor Abel Albino; la Red Solidaria, y el Equipo de Niñez del Foro de Habitantes a Ciudadanos.
Según un estudio de calidad de los residuos sólidos urbanos realizado en 2011 por el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA y la Ceamse, en la ciudad de Buenos Aires se tiran entre 200 y 250 toneladas de alimentos por día, el equivalente a unas 550.000 raciones de comida. Esa mercadería resulta apta para el consumo humano, pues en buena parte es desechada por las empresas que la comercializan por cuestiones tan inocuas como, por ejemplo, defectos en los envoltorios o en los envasados, poca penetración del producto en el mercado, excedentes de producción o, como en el caso de los lácteos y otros productos, porque están limitados por su vida útil. Pero también es mucha la comida en perfecto estado que desechan restaurantes y casas de familia.
Es necesario producir un cambio cultural, ya que mucha gente desconoce que puede donar los alimentos que no utiliza y, también, abstenerse de comprar comida que finalmente no se vaya a usar. La manipulación de los excedentes de alimentos en restaurantes y casas de fiestas, por ejemplo, debe seguir ciertos estándares para hacerlos útiles para un posterior consumo. La falta de educación sobre cómo tratarlos termina siendo una de las causas del crecimiento de residuos comestibles.
Hace pocos días, con motivo de conmemorarse el Día del Medio Ambiente, el papa Francisco aseguró que "los alimentos que se tiran a la basura son los que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre". Condenó por ello la "cultura del desperdicio" y, a cambio, animó a promover "la cultura de la solidaridad".
A ese cambio de conducta debe sumarse, como dijimos, una normativa que aliente a los donantes. En nuestro país se aprobó en 2004 una ley denominada "donal" o "del buen samaritano", cuyo objetivo primordial fue promover que las empresas donen alimentos. Sin embargo, en 2005, el Poder Ejecutivo vetó el artículo 9 de la norma, precisamente el que trata sobre la responsabilidad civil de los donantes, con lo cual los dejó sin respaldo legal frente a posibles demandas judiciales.
El Estado, lejos de poner trabas, debería simplificar el proceso garantizando la calidad, pero también la rapidez y la provisión de este tipo de mercadería.
Esa limitación impuesta por el veto, no obstante, no ha impedido que unas 200 empresas, entre grandes y pequeñas, sumen su apoyo a los bancos de alimentos, que ejercen un minucioso control y seguimiento de los productos que reciben. Pero urge otorgar mayor confianza a los donantes si se quiere realmente evitar que, por falta de comida, muchas personas recurran a tomar el alimento de la propia basura, como sucede en las calles y en centros de acopio de residuos.
No se trata de deslindar responsabilidades, sino de ordenarlas y reglamentarlas. Es necesario también establecer campañas educativas. No es lo mismo una fecha de caducidad o vencimiento de un producto, que una vez superada podría acarrear problemas para la salud, que la fecha de "consumo preferente", que indica que el alimento mantendrá su objetivo aun después de cumplido el lapso estipulado en el envoltorio. También, educar a los consumidores para que cuenten con toda la información a la hora de donar, de administrar sus compras y de evitar desperdicios innecesarios.
En la Red Argentina de Bancos de Alimentos ( www.redbancodealimentos.org ) se necesitan donaciones de muchísimos productos de la canasta familiar para ayudar a paliar el hambre en el país.
Los desperdicios de alimentos que resultan intrascendentes para muchas personas son vitales para quienes no tienen forma de producir su propio sustento. Debemos tomar conciencia de esa necesidad y exigir al Estado que dé garantías a quienes sólo quieren hacer el bien, y obrar como sociedad en consecuencia.