El gobierno de Chubut formalizó ayer con un decreto el pago de una compensación a unos 2.100 chacareros que afrontaron de su bolsillo labores culturales contra la carpocapsa.

El aporte no reintegrable será de 13,9 millones de pesos y se asignará por intermedio de los municipios valletanos. Según anunció el titular de Fruticultura, Julián Álvarez, en una segunda instancia, que podría llegar en los próximos 20 días, habrá otros 14 millones de pesos.

De acuerdo al decreto gubernamental Nº 589, la necesidad de atender esta situación se dio porque durante la reciente temporada quedó descartada la posibilidad de enviar fruta a industria. Para ello se tomó en cuenta que los precios que emanan de los negocios de venta de jugos no cubren los costos de recolección, de manera que el producto no fue levantado para ese fin, generando una amenaza de la "re-infestación".

De acuerdo a las estimaciones de Álvarez, el valor de este rubro se redujo un 33% en dólares con un costo de cosecha de 0,35 pesos por kilo de fruta, y un exiguo reconocimiento de la materia prima de 0,20-0,25 pesos.

En la propuesta elaborada por la Secretaría de Fruticultura para la limpieza de montes y neutralización de los efectos de aparición de potenciales larvas vivas, se les reconocerá a los chacareros un valor de 1.350 pesos por hectárea.

Para elaborar el informe se consideró que la tarea de recolección pudo rondar en 810 pesos (pago de tres jornales), 250 para el tractorista, 180 por combustible y 110 en gastos de maquinaria.

La fórmula de cálculo permitirá atender el costo de hasta 20 hectáreas por productor. Alvarez estimó que en forma completa, cada chacarero podría estar recibiendo hasta 27.000 pesos, una vez cumplido todo el circuito. El reconocimiento será para la cobertura de hasta 20.759 hectáreas que implicarán asignar recursos totales por casi 28 millones.

El decreto aclara que todo el procedimiento planteado será controlado y fiscalizado por los técnicos del organismo, y en los casos de los productores más vulnerables se realizará un relevamiento económico-financiero para tener como sustento de una propuesta del Estado provincial con recursos financieros, asesoramiento y seguimiento para cambios estructurales que logren sacar al productor de esa situación de pérdida de rentabilidad y fragilidad constante.