La pobreza en el país ataca con más crudeza a los chicos y a los adolescentes. Casi cuatro de cada diez de ellos padecen sus efectos como consecuencia de un deterioro de los ingresos de sus padres y de una inflación y desocupación crecientes. Esa realidad queda claramente expuesta en el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Según ese relevamiento, realizado en 5700 hogares de centros urbanos (unos 50.000 habitantes), la pobreza registró un avance desde la pasada medición de 2011. Es ahora del 38,8% contra el 37,2% de aquel año. Para el Gobierno, en tanto, se sitúa en el 5,4 por ciento.

La manipulación de las cifras oficiales no deja de asombrar. Mientras las más altas autoridades se ufanan de los datos positivos que aseguran arroja la economía, el lunes pasado fue el propio Indec el que informó sobre el aumento de la desocupación en el país, del 7,1 al 7,9 por ciento. Tan sólo en el primer trimestre de este año se destruyeron 255.000 puestos de trabajo, básicamente como consecuencia del estancamiento de la actividad productiva, de la falta de inversiones y del cepo cambiario que particularmente han afectado al sector de la construcción y al inmobiliario.

Del mismo modo, mientras que el Gobierno desacredita los informes privados sobre el agravamiento de la situación, la presidenta Cristina Kirchner se ve en la obligación de anunciar un aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un programa de transferencia de ingresos cuyo mantenimiento de ninguna manera puede ser mostrado como un éxito, como una salida a la problemática social de la pobreza en el país. Precisamente, el informe de la UCA llega a la conclusión de que si el Estado no pagara la AUH ni la pensión prevista para madres de siete o más hijos, la pobreza llegaría al 42,9 por ciento.

La grave situación de una enorme porción de la sociedad que depende de trabajos informales y sin continuidad es la causa del problema, que no debe ser encarado solamente con la entrega de dinero para reactivar un consumo que, de otra forma, la persona en situación de extrema vulnerabilidad no podría realizar. LA AUH, como otros programas, es necesaria para respuestas de corto plazo. De lo contrario, además de no resolver el problema de fondo, corren el riesgo de que se genere una dependencia transmisible entre generaciones.

Que la Presidenta haya anunciado la suba a 460 pesos de la AUH (el beneficio era de 340 pesos) implica un 35,3 por ciento de aumento. Y que se vanaglorie de que alcanzará a 3.368.726 menores de 18 años es grave, pues se trata de una foto de la dramática situación por la que pasa el sector más vulnerable: los chicos cuyos padres no logran insertarse en el mercado de trabajo.

Según el informe de la UCA, el pago de planes sociales representa, en promedio, el 26,9 por ciento de los ingresos en los hogares indigentes y el 16,2% en el caso de las familias pobres.

"El problema de la pobreza y de la desigualdad estructural no se resuelve con transferencias, sino que debería proveerse a la población de un mejor hábitat urbano, una mejor educación y de doble jornada, y de trabajos estables", dijo a LA NACION Agustín Salvia, investigador jefe del Observatorio de la UCA. Con él coinciden, entre otros, Daniel Arroyo, ex secretario de Políticas Sociales de la Nación durante la gestión kirchnerista.

Los anuncios de anteayer de la Presidenta -largamente aplaudidos con efusividad desbordada por el gabinete nacional casi en pleno- obviamente no incluyeron referencias al creciente problema del desempleo. Hubiera sido tener que admitir que el festival de subsidios procura tapar, aunque está visto que no lo logra, la problemática salarial de miles de argentinos que a duras penas alcanzan a cubrir siquiera la adelgazadísima canasta básica del Indec.

Apenas conocido el dato oficial del incremento del desempleo, numerosos especialistas del ámbito privado y dirigentes políticos opositores empezaron a alertar sobre la necesidad de implementar rápidamente políticas de fondo que reviertan la situación para que la inclusión social sea una práctica constante y no producto de la dádiva y la demagogia preelectoral.

En cantidad de población, el 38,8% de pobreza en el país, relevado por el Observatorio de la UCA, significa unos 4,8 millones de chicos que viven en hogares sin ingresos suficientes para comprar los bienes y servicios necesarios para su vida diaria.

Según la página web de la Anses, la AUH "es un beneficio que les corresponde a los hijos de las personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil", es decir, a los casi 3,4 millones de chicos a los que la Presidenta acaba de extender el subsidio. Una ratificación en los números de la realidad que se pretende enmascarar.