El régimen de Teherán está siendo presionado por Europa y los Estados Unidos para que pacte las condiciones pacíficas de su desarrollo nuclear. Irán, cuya diplomacia es experta en alargar plazos y crear problemas donde no los hay, participa de las negociaciones, dialoga, se enoja, rompe y luego vuelve, en un círculo constante y ya aburrido. Occidente se enfurece, pero Washington y Europa prefieren hasta ahora la presión política a cualquier otra alternativa. En ese tenso contexto, la Argentina rompió su alianza occidental y pactó con los gobernantes iraníes por el hecho concreto más aberrante que éstos deben explicar: el criminal atentado a la AMIA en Buenos Aires, que dejó 85 muertos.
Las razones de Cristina Kirchner nunca se explicaron más allá de la retórica dialoguista que la presidenta argentina cultiva con los autoritarios de este mundo, pero no con sus connacionales. Tres meses después de que el Congreso argentino aprobara ese acuerdo, con la ajustada soledad del kirchnerismo convencido o interesado, ayer el gobierno de Irán informó que él también autorizó el pacto . ¿Por qué el gobierno argentino sometió a ese acuerdo a un trámite exprés en el Parlamento argentino si Irán pudo disponer de tres meses adicionales? No hay respuestas, pero sí una deducción: la Presidenta detesta que sus polémicas iniciativas sean agitadas durante varios días por el vendaval de la refutación. Sus órdenes deben ser cumplidas en el acto.
La segunda novedad que trajo la noticia de la víspera es que el acuerdo con la Argentina no pasó por el Parlamento de Irán, como estaba previsto en el pacto firmado entre ambos gobiernos. Un artículo de ese tratado señala que podrá ser el Parlamento o también "otros cuerpos" los que aprueben su contenido. El hermético régimen de Teherán no informó nunca de que el acuerdo con los argentinos haya sido revisado por el Parlamento ni por el Consejo de Guardianes, que tiene un poderoso poder de veto, ni por el líder supremo del país, el ayatollah Ali Khamenei, con facultades tan amplias que hasta puede destituir al presidente con su sola firma.
En resumen, la Argentina cristinista firmó un acuerdo con un gobierno débil. El presidente iraní, el ofensivo Mahmoud Ahmadinejad, podría ser condenado, dijo hace poco un vocero del Consejo de Guardianes, a 74 latigazos por violar la ley electoral. Dentro de poco más de 20 días se celebrarán elecciones presidenciales en Irán. El mandato de Ahmadinejad vencerá el próximo 3 de agosto entre indisimulados enfrentamientos del presidente con los clérigos que tienen el poder real del país persa.
Es probable que el gobierno argentino le haya hecho saber al iraní que era necesario una pronta conclusión del trámite del acuerdo. Esa conclusión sería menos posible en la medida en que se aproximara la elección del presidente iraní. Y la indefinición hubiera dejado a Cristina Kirchner expuesta a nuevas y mayores críticas internas por un pacto con un gobierno al que la justicia de su país considera cómplice de una masacre de argentinos inocentes. Esa complicidad adquiere ribetes reales, y no sólo supuestos, cuando cuatro imputados en la investigación del atentado que voló la AMIA aparecen ahora como precandidatos presidenciales de Irán.
El riesgo de la aprobación iraní de un acuerdo sin la participación del Parlamento es que el pacto sea desconocido durante la próxima gestión presidencial. O que directamente sea vetado por el líder supremo de Irán, si éste recibiera una propuesta en ese sentido de parte del Consejo de Guardianes, duramente enfrentado con Ahmadinejad. La presidenta argentina ya había hecho una concesión inexplicable cuando aceptó la creación binacional de una "comisión de la verdad". ¿Acaso no existe una verdad para la justicia argentina? ¿No es una verdad que Interpol haya aceptado la persecución internacional de seis iraníes, mediante "circulares rojas", por el atentado a la AMIA?
Desde la firma del acuerdo, los gobiernos argentino e iraní se mezclaron en una sutil polémica pública por el sentido de los interrogatorios. El canciller Héctor Timerman aseguró que los sospechosos podrán ser interrogados por jueces argentinos, aunque de nada valdría si no fueran indagados. Es decir, si la justicia argentina no estuviera luego en condiciones de procesarlos y de pedir su prisión preventiva. El gobierno de Irán aseguró, a su vez, que los iraníes serán interrogados por jueces iraníes. También subrayó que la intención verdadera del acuerdo es que Irán traslade a la Argentina su versión de la historia. Esa versión ya es conocida: el culpable fue el gobierno de Israel, que ordenó un autoatentado, aseguró siempre el antisemita gobierno de los ayatollahs. Nunca quedó claro cómo ni quién haría los interrogatorios a los imputados iraníes.
Tampoco se esclareció nunca la situación del fiscal general de la investigación argentina del atentado a la AMIA, Alberto Nisman, quien tiene captura recomendada por el régimen de Irán. El gobierno de Teherán consideró una afrenta a su supuesto patriotismo la exposición del fiscal argentino Nisman ante Interpol, en la que respaldó su pedido de captura de los iraníes, muchos de ellos funcionarios en el momento del atentado. La exposición de Nisman en la sede central de Interpol, en Lyon, fue elogiada por las autoridades de esa agencia internacional, pero le valió la persecución aún vigente de parte de Irán. El gobierno cristinista nunca defendió a Nisman ante los crueles gobernantes de Teherán.
Cristina Kirchner rompió con vastos sectores de la sociedad argentina por ese acuerdo. La dirigencia de la comunidad judía, la DAIA y la AMIA, ratificaron ayer su duro rechazo al acercamiento con los iraníes, que colocaría a éstos a un paso de la impunidad. Los principales países occidentales tomaron mayor distancia de la Argentina desde la firma de ese inverosímil pacto. La pregunta sigue siendo la misma: ¿a cambio de qué hizo semejantes destrozos la presidenta argentina?.
