La Argentina va ingresando peligrosamente en un tiempo de extrema anormalidad.
Esa anormalidad sería, sobre todo, política e institucional. Pero se prolonga también en recurrentes actos y conductas individuales y colectivas. Nada más grave ha ocurrido en estos años que el zarpazo que Cristina Fernández acaba de lanzar con su reforma para apropiarse del Poder Judicial. En ese intento, terminó por abrir sospechas, incluso, en una Corte Suprema insospechada, convertida ahora en la última frontera de un orden jurídico imperfecto que el Gobierno pretende arrasar. Nada más elocuente de la pusilanimidad y el miedo que impera en el cristinismo resultó la confesión de Héctor Lorenzino ante una periodista griega: “Me quiero ir”, dijo ante la primera pregunta que apuntó a la inflación. Habría que reconocerle al ministro de Economía, al menos, un gesto de sinceridad inconsciente: se resistió por un momento a la mentira, una de las vigas maestras del relato oficial.
El episodio resultó extraño porque casi en paralelo los diputados cristinistas votaban en nombre de la democratización tres proyectos orientados, sin dudas, al sometimiento de los jueces y al resguardo del Estado frente a potenciales demandas ciudadanas. Fue tan enorme aquella simulación que los especialistas convocados para exponer en la reunión de comisiones no lograron atenuarla. Los más afines al Gobierno justificaron tímidamente algunos aspectos. Ninguno se atrevió a pronunciarse sobre su constitucionalidad. Los más críticos la descalificaron íntegra.
El mayor problema, esta vez, no fueron el escándalo y las mañas kirchneristas que rodearon la aprobación de los proyectos medulares de la reforma, en especial el del Consejo de la Magistratura. La cuestión embretó también a la Corte Suprema, en especial a Ricardo Lorenzetti. La Presidenta aceptó que se introdujeran algunos cambios en el proyecto. Entre pocos, la devolución al Tribunal de la administración del presupuesto del Poder Judicial. Algo mas de $ 7.000 millones, de los cuales casi $6.000 corresponden al pago de salarios. La única objeción que Cristina atinó a escuchar, como lo había hecho antes en el Senado con el CELS, que cuestionó en la forma la limitación de las cautelares.
Elisa Carrió disparó la existencia de un presunto pacto espurio.
No hay constancia de la existencia de tal pacto aunque pudo haber existido impericia en el manejo público que hizo Lorenzetti. La mayoría de los camaristas del país (24 sobre 26) habían enviado una nota al titular de la Corte advirtiendo sobre el riesgo de una parálisis en el Poder que podría derivar del traspaso del presupuesto a la Magistratura. Pero también dedicaron críticas a la futura conformación del organismo (sometiendo a jueces y académicos al voto popular) y al mecanismo de la mayoría simple para ungir o destituir a magistrados. Esa observación desapareció de la nota que recibió la Presidenta. La omisión activó las palabras de Carrió.
Hubo otro detalle. El escrito fue firmado sólo por el juez Gustavo Hornos y no por los 24 camaristas. Hornos es el presidente de las Cámaras Nacionales y Federales. Escaló como juez de Casación en 1994. Fue quien denunció el otorgamiento irregular de un pasaporte argentino al traficante sirio Monzer Al Kassar. Algunos le atribuyen una relación cercana con Javier Fernández, el principal operador kirchnerista en la Justicia. Lorenzetti convino con Hornos el envío a Cristina de un texto acotado respecto del original. Por una razón: los integrantes de la Corte no quieren prejuzgar sobre ningún aspecto de la reforma porque saben que ese proyecto aterrizará en el Tribunal a raíz de las presentaciones sobre inconstitucionalidad. Habrá que ser justos: Lorenzetti se abstuvo de opinar desde el primer día. Sus seis colegas de la Corte lo respaldaron sin fisuras –en un comunicado que el Gobierno debería leer con detenimiento– no bien sobrevoló la sospecha del pacto. Hornos no tuvo la misma suerte: recibió críticas en la mesa directiva de la entidad que comanda.
Aquella solidaridad en la Corte obedeció a que Lorenzetti concilió con lo jueces cada paso que dio cuando tomaron conocimiento de la reforma que pretendió vaciar al Tribunal de poder y de sentido. Incluso anticipó su encuentro con Cristina, en el cual planteó las objeciones y sugirió que los siete integrantes podrían renunciar. La Presidenta pareció creerle a medias: le habría pedido a Carlos Zannini, el secretario Legal, que hiciera un chequeo con Raúl Zaffaroni, su cortesano de confianza. Recién entonces se convenció de que Lorenzetti no mentía y accedió a retocar el proyecto.
Tal vez, sin querer, el mismo Zaffaroni atizó las sospechas del pacto. Después de una reunión con Zannini sostuvo que la Corte debería pronunciarse sobre la ley de medios antes de las elecciones. Hace apenas diez días la Cámara Civil y Comercial declaró la inconstitucionalidad de un artículo clave, aunque convalidó otros. No todos los jueces de la Corte compartirían aquella premura de Zaffaroni.
“Es un tema de alta complejidad. No nos pueden colocar contra una pared”, señaló uno de los magistrados. El mismo hombre apuntó que, con certeza, deberían darle prioridad a los planteos de inconstitucionalidad que se vendrán por la reforma.
“¿Cómo se harán las elecciones primarias de agosto si no se resuelven rápido?”, interrogó. Hay cuestiones más graves aún que permanecen en vigilia. Por caso, la causa de la tragedia de Cromañón que el Tribunal recibió en diciembre y recién empieza a sustanciar. Hay trece detenidos que esperan su resolución.
La reforma judicial esconde además otros ardides. Las nuevas Cámaras de Casación serán conformadas con jueces subrogantes hasta que se realicen los concursos. Allí influirá, inconfundible, la mano kirchnerista. Un garabato electoral de último momento dispuso que sólo podrán presentar candidatos a consejeros los partidos o alianzas reconocidos en 18 de los 24 distritos.
Exigencia superior a la de una candidatura presidencial. En esas circunstancias, únicamente, podrían llevar los mismos postulantes. El requisito lo cumpliría ahora sólo el radicalismo. Las demás fuerzas opositoras, no. El Gobierno conoce las dificultades de esa oposición para arribar a coincidencias. Carrió zamarreó a Lorenzetti, pero Mauricio Macri, Jorge Yoma, Felipe Solá y los radicales lo defendieron. En aquella prevención kirchnerista podría descubrirse una admisión y un miedo: que, en efecto, están tratando de avasallar al Poder Judicial; que una hipotética oposición unida podría provocarle un fuerte trastorno electoral.
La oposición enfrenta otro desafío. Uno de los proyectos de la reforma –el de la Magistratura– debe volver al Senado para que se convierta en ley. Es probable que eso no ocurra antes del miércoles 8, a raíz del feriado de esta semana. El 13 es la fecha límite que posee Cristina para convocar a las primarias. En ese estrecho lapso deberían concretarse las primeras presentaciones sobre inconstitucionalidad. Las asociaciones de magistrados trabajan para eso y los opositores también. Los políticos buscarían un mecanismo de impacto, pero difícil: que el planteo pueda surgir de una mayoría de la propia Magistratura.
La reforma judicial tendrá un efecto mucho más vasto que la consolidación de un poder autoritario, la afectación de libertades ciudadanas, el ocultamiento de la corrupción y la distorsión del sistema democrático, tal como se reconquistó en 1983. Se hará sentir, además, en una economía que desde hace mucho tiempo viene en retroceso. La minera brasileña Vale no es la única que levantó su emprendimiento en el país. No hay semana que no se conozcan nuevas deserciones. ¿Cómo no habría de ocurrir con un Gobierno que modifica de un plumazo las reglas jurídicas de juego? ¿Cómo no sucedería si desde el 2007 se buscan frenar las consecuencias de los problemas y nunca afrontar las soluciones? ¿Cómo pensar en otra realidad si Guillermo Moreno timonea la economía de la Nación como si se tratara de un almacén de pueblo?
El supersecretario, sin embargo, pretende dar lecciones de administración eficiente. Fue lo que hizo durante su cómica irrupción del jueves en una asamblea societaria de Clarín. Lo tuvo de esbirro al viceministro Axel Xicillof y de tosco guardaespalda al titular de la SIGEN y frustrado procurador, Daniel Reposo. La marcha de la economía desdice a Moreno. Desde el 2012 se registra la más baja creación de empleo de la última década. También, el menor nivel de inversión directa. Pese al cepo cambiario, en el primer trimestre se fugaron US$ 1.000 millones de un sistema cuya cantidad de moneda estadounidense estaría casi en su piso.
El Banco Central ha perdido sólo en este año US$ 3.500 millones de sus reservas. Aún con el ingreso de muchos dólares por la exportación de soja. El congelamiento de precios es una virtualidad. Por eso Lorenzino se quebró. Pero no importa. Moreno se ocupa de difundir novedades que halagan a Cristina. El INDEC informó que la tasa de pobreza descendió a 5,4% en 2012 y la indigencia a un 1,5%. ¿Cómo pudo haber sucedido con el estancamiento económico de ese año? Las buenas noticias no se agotan. La indigencia se declaró erradicada en La Rioja y también, según los números del supersecretario, está en vías de extinción en Jujuy (0,2%) y Tucumán (0,3%). Una verdadera tomadura de pelo.
Cristina recita a Moreno. Recita también a su propia imaginación cuando describe lo que ocurrió el 18A. Y progresa con el dominio absoluto de la política y de las instituciones. Desde la política, sin importar las pertenencias, podría colocarse un freno a tanta ambición. A la Corte Suprema le quedaría la responsabilidad de que los últimos límites de la democracia no desaparezcan.
