La última encuesta realizada por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) arrojó que, al finalizar el año pasado, la pobreza castigaba en nuestro país al 26,9 por ciento de la población, es decir, a casi once millones de argentinos, y se encontraba en crecimiento. La magnitud de ese universo debe mover a la reflexión y luego a la acción, pues constituye un verdadero escándalo. También el hecho de que casi nueve millones de esos pobres han sido ocultados por las estadísticas oficiales.
En efecto, según las cifras que produce el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza se ha reducido a sólo el 5,4 por ciento de la población, equivalente a 2,2 millones de personas.
¿Puede una misma realidad socioeconómica ofrecer dos versiones tan antagónicas al mismo tiempo? ¿Pueden las mediciones de un mismo universo poblacional diferir en prácticamente nueve millones de habitantes? No, a menos que, como es sabido, los datos del Indec no surjan de mediciones objetivas, sino de burdos dibujos sin la menor apoyatura en la realidad y elaborados con la única finalidad de sostener el relato o discurso gubernamental de un monumental descenso de la pobreza que, como vemos, sólo existe en los papeles.
Para arribar a tal grado de fantasía, el Indec parte de una Canasta Básica Total para una familia tipo de sólo 1588 pesos mensuales, mientras que para el Observatorio Social de la UCA ese costo es de 3226 pesos. Esta disparidad obedece a que hace ya seis años que el Indec, que supo gozar años atrás de prestigio nacional e internacional, se ha dedicado a elaborar aberraciones estadísticas en las que nadie cree y que le han acarreado sanciones y serias advertencias desde el exterior. Dos meses atrás, y por primera vez en su historia, el Fondo Monetario Internacional le aplicó a uno de sus socios -nuestro país- una moción de censura por brindar información no creíble sobre estadísticas de inflación y crecimiento. Poco antes, el Instituto Internacional de Estadística (ISI) había denunciado al Indec ante la sección Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas por las represalias gubernamentales contra las consultoras privadas que difundían cifras de inflación que contradecían las del organismo oficial.
A este altísimo costo, el Indec le permite al Gobierno festejar un descenso de la pobreza, cuando en verdad ésta habría aumentado en dos millones de personas al trepar del 21,9 por ciento en 2011 al 26,9 el año pasado, según el informe del Observatorio de la UCA. En cambio, en el fantástico mundo que construye y habita el Indec, la pobreza ha disminuido del 6,5 al 5,4 por ciento en el mismo lapso, al tiempo que 400.000 argentinos habrían dejado de ser pobres.
Como no podía ser de otra forma, idéntica disparidad presenta la indigencia, que el organismo oficial fija en 600.000 personas (1,5 por ciento), y el estudio privado en 2,2 millones (5,5 por ciento). Recordemos que hace pocos meses, de los datos del Indec se desprendía que con ingresos de 714 pesos mensuales o más una familia tipo no era indigente. De ese cálculo surgía que seis pesos diarios le alcanzaban a una persona para acceder a las cuatro comidas. El año pasado el organismo sólo registró una inflación del 10,8 por ciento, cuando las mediciones independientes arrojaron alrededor del 25 por ciento.
Ya nos referimos en esta columna a la perversidad que revela este ocultamiento de la pobreza. Silenciar la existencia de millones de argentinos equivale a condenarlos a permanecer en la pobreza y la indigencia. No advierte el Gobierno que, como ha dicho el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel al narrar su diálogo con el papa Francisco, "los derechos humanos son integrales y no hay que limitarlos a los asesinatos de la dictadura, sino también a la pobreza, el ambiente y la vida del pueblo".
La pobreza es un drama para quien la vive, y su combate debería ser una de las máximas prioridades de todo gobierno, y más aún de uno que se dice progresista. Ignorarla y deformarla hasta borrarla de las estadísticas muestra cuán poco les importa a las autoridades modificar esa realidad, y qué hueco y oportunista es su discurso.
En definitiva, ese comportamiento perverso no hace más que alimentar las sospechas de que a un gobierno en busca de su perpetuación no le convendría disminuir la cantidad de pobres, sino todo lo contrario, para seguir contando con una población cautiva obligada a votar al oficialismo por temor a perder los planes sociales.
