Dirigentes del peronismo, del radicalismo y de Pro comenzaron a negociar ayer mismo la posibilidad de confeccionar una lista única de candidatos para el Consejo de la Magistratura en las primarias abiertas y obligatorias de agosto próximo. Esa unidad electoral sería, por ahora, sólo para los futuros consejeros del organismo que designa y destituye a los jueces.
La aflicción de los opositores llegó después de una primera comprobación, que pasó inadvertida en el fárrago de los anuncios de la Presidenta. Es ésta: la elección de los consejeros se hará y culminará en las primarias de agosto. Los candidatos a consejeros no pasarán a las elecciones generales de octubre. Los candidatos deberán, por lo tanto, ser presentados por partidos políticos o, en el caso de que a esos candidatos no les gustara ninguno de los actuales, tendrán que formar partidos políticos nuevos.
La creación de nuevos partidos significaría un engorroso trámite, que incluirá la recolección de afiliados y de dinero para estructura y campaña; también el reconocimiento en cinco distritos del país. Semejante contaminación partidaria y electoral comprenderá a los jueces que aspiren a ser miembros del Consejo. ¿Qué noción de neutralidad dejarán esos magistrados para cuando luego deban seguir administrando justicia?
De todos modos, la deducción de casi todos los exponentes opositores fue que el Gobierno jugaba con su capacidad para disciplinar a los propios. La perspectiva opositora es desalentadora: el Gobierno presentaría una sola lista en todo el país, mientras se disgregarían los candidatos opositores entre distintas fracciones. En tal caso, el Gobierno ganaría casi todos los cargos del Consejo de la Magistratura.
La oposición descuenta que la mayoría oficialista en el Congreso logrará sancionar las leyes con un trámite exprés y que la elección popular de consejeros se pondrá en marcha en el próximo mes de agosto. Si el Gobierno se impusiera en esas elecciones, como todo lo hace prever, el organismo tendrá 25 miembros hasta 2015, con amplia mayoría del cristinismo. Cristina Kirchner subrayó en su discurso de anteayer que los miembros actuales del Consejo cumplirán su mandato y que éste no será interrumpido por las modificaciones en curso. "Se llevarán puesto al Consejo", dramatizó ayer un dirigente opositor.
"Hay que hacer una sola lista de candidatos a consejeros por la oposición", señaló el diputado Ricardo Gil Lavedra. "O vamos todos juntos o se termina la República", dramatizó su correligionario Oscar Aguad. "Si vamos juntos podríamos ganar por 60 a 40", se entusiasmó Mauricio Macri. "O paramos esto o luego tendremos que empezar la democracia desde cero", apuntó un destacado peronista disidente, que pidió el anonimato hasta terminar de conciliar posiciones internas. Todos ellos se referían a una alianza amplia, y opositoramente unánime en lo posible, pero exclusiva para la elección de consejeros. "El resto de las alianzas podrá seguir discutiéndose, pero no podemos dudar sobre si queremos una justicia independiente o una justicia oficialista", dijo uno de los opositores.
Queda, todavía, la posibilidad de que la Justicia declare la inconstitucionalidad de las leyes que seguramente sancionará el Congreso. La mayoría de los especialistas en derecho constitucional asegura que esos proyectos violan el artículo 114 de la Constitución, que regula la integración y las funciones del Consejo de la Magistratura. De cualquier forma, ningún juez se pronunciará antes de que los proyectos hayan sido aprobados por senadores y diputados y promulgados por el Poder Ejecutivo. Tampoco una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Justicia es una certeza absoluta para ningún dirigente político. Reaccionan, por lo tanto, ante la única posibilidad que hay hasta ahora: que la Presidenta logre todos sus propósitos.
Para los opositores será más difícil, si no imposible, encontrar una fórmula para neutralizar los proyectos que limitan las cautelares o que crean las Cámaras de Casación en todos los fueros. Un Estado virtualmente impune en sus decisiones, que es lo que se propone la reforma, desalentará aún más las inversiones que ya cayeron verticalmente en el país cristinista. ¿Quién invertiría un peso o un dólar en un país donde el Estado se podría quedar con la propiedad ante la impotencia de la Justicia?
La creación de las Cámaras de Casación tendrá también una insensible consecuencia social. Es el caso de los jubilados. La torpeza o la premeditación de los escribidores de los proyectos unificó, por ejemplo, el fuero previsional con el del trabajo. El fuero de trabajo es una competencia local; el previsional es un fuero federal. Los jubilados deberán esperar hasta más allá de sus vidas para que exista una resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre sus reclamos previsionales. No sólo le agregaron una instancia más al trámite por los salarios de los jubilados, la Casación, sino que mezclaron sus planteos con los casos laborales.
Ya la Corte Suprema de Justicia fijó varias veces su jurisprudencia: el Estado no cumple con las leyes ni con la Constitución cuando les liquida los haberes a los jubilados. El Gobierno se negó tenazmente a llevar esa jurisprudencia a una nueva ley previsional. Demora en pagar las órdenes que le impartió la Corte Suprema. El jefe de la Anses, Diego Bossio, llegó a decirles a esos jueces que su organismo quebraría si cumpliera con la opinión del tribunal. La Anses es, al mismo tiempo, el organismo que financia gran parte de las políticas populistas de Cristina Kirchner.
La Justicia quedó ayer sepultada por el estupor y la sospecha. Nada logró disipar el malhumor que había provocado el lunes una concurrencia cristinista con cánticos contra la Justicia delante del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y de varios jueces importantes del país. Cierto aire fresco les llegó ayer a los jueces, sin embargo, cuando se hizo pública la cálida y excepcionalmente larga carta del papa Francisco al propio Lorenzetti.
Seguramente escrita antes de los anuncios de Cristina Kirchner, esa carta fue redactada, de todos modos, cuando ya se había desatado la furia del cristinismo contra la Justicia, hecha pública por la Presidenta el 1° de marzo en la inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento. El papa Bergoglio vivió aquel momento; él fue elegido pontífice el 13 de marzo. El Papa les pidió a los jueces "ecuanimidad" e "imparcialidad", palabras que definen la independencia. Y estableció las condiciones de un buen juez: grandeza de espíritu, prudencia, sabiduría, integridad y fortaleza. "A Dios le hablaré de usted", le escribió el Papa a Lorenzetti, justo cuando Lorenzetti es un hombre necesitado de la ayuda de Dios. La carta no se escribió ayer, en efecto, pero pareció escrita ayer.
