En la Argentina de hoy, en la que muchos sectores de la sociedad transitan por un cada vez más difícil camino económico, resulta casi una burla enterarse de que el Estado puede celebrar contratos millonarios con particulares para la TV pública, de los que no ha rendido, ni quiere rendir, cuentas a nadie.
A comienzos de marzo pasado, y a través de los medios de comunicación, se conoció que el directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que administra Canal 7, Radio Nacional y sus respectivas repetidoras en las provincias, había aprobado dos contratos de producción de contenidos por unos 50 millones de pesos, según consta en las actas de esos encuentros. Se trata de una nueva temporada del programa de propaganda oficial 6, 7,8, del productor Diego Gvirtz, en un caso, y de una producción nueva, una telenovela protagonizada por la actriz Andrea del Boca -una presencia más que habitual en los actos presidenciales, que ya está en proceso de filmación, se llama Esa mujer y constará de 120 capítulos.
Los números tan elevados de los contratos y el hecho de que RTA se negara a dar a conocer más información sobre ellos motivaron que la periodista Mariel Fitz Patrick -con el patrocinio de la Asociación de Derechos Civiles (ADC)- ante esa negativa presentara en diciembre de 2012 una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, en particular para acceder a los contratos celebrados entre Canal 7 y la productora de Gvirtz, Pensado para Televisión (PPT), de los años 2010, 2011 y 2012. El 17 de enero de 2013, la jefatura de Gabinete le informó que, para poder acceder a esa información, debería demostrar un interés legítimo. Esta posición del Estado contradice los estándares interamericanos en materia de derechos humanos, que expresamente sostienen que para acceder a la información pública no es necesario acreditar ningún interés específico.
En el caso de la telenovela Esa mujer , ésta será producida por A+A Group, empresa que pertenece a Nicolás y Andrea del Boca y que recibirá 30 millones de pesos (sin incluir IVA) mediante un sistema de producción en el que interviene la Universidad Nacional de General San Martín (Unsam), que será la que le facture a RTA por los capítulos terminados.
Dentro de la opacidad en que se mueve todo el tema, aparentemente la producción será íntegramente financiada por el Estado nacional, el 40 por ciento del dinero lo pondrá RTA, y el resto, 18 millones de pesos más IVA, será aportado por la Unsam, que obtendrá esos recursos del plan de fomento de contenidos audiovisuales digitales del Ministerio de Planificación, al frente del cual está Julio De Vido. Esta metodología es similar a la que utilizó la Unsam para instalar stands del Gobierno en Tecnópolis, por la cual el fiscal federal Carlos Stornelli inició una causa penal contra el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y otros funcionarios por el desvío de fondos y contrataciones directas, en violación de la ley.
De tener éxito la telenovela, es decir, si el ciclo, que le estará costando al Estado 250.000 pesos por capítulo, logra ser exportado a otros mercados, RTA-Canal 7 se quedaría con el 50% de lo facturado, y el otro 50% sería para la cartera de De Vido, que, de todas formas, retendrá el ciento por ciento de los derechos de propiedad intelectual, por lo que no se entiende cuál es el papel jugado exactamente por la Unsam en la producción de esta novela.
Vale la pena destacar que el contrato de PPT -por el que se autorizó una suba del 20 por ciento en los pagos que recibe esta empresa, además del 50% de la publicidad emitida en el envío televisivo, que es otra fuente de ingresos de la productora por 6, 7,8- se aprobó en noviembre pasado, en la última reunión del directorio de RTA antes de la incorporación al organismo de los directores por la oposición, Gustavo Cusinato (UCR) y Marcelo Adolfo Romeu (Frente Amplio Progresista). El contrato con la familia Del Boca, en cambio, se aprobó en febrero pasado, lleva las firmas del presidente de RTA, Tristán Bauer, y el rector de la Unsam, Carlos Rafael Ruta, y fue votado en contra por los mencionados directores de la oposición.
Estos contratos representan un testimonio más de una conducta típica de los funcionarios del gobierno nacional. Nuevamente se confunde el Poder Ejecutivo, ocupado circunstancialmente por un determinado partido político, con el Estado, que es de todos los argentinos. Y de la misma forma, se confunden, adrede y malintencionadamente, los fondos estatales con los partidarios.
La reiterada negativa a cumplir con el libre acceso a la información pública sumado al uso arbitrario de la pauta oficial demuestran ese constante desprecio del oficialismo por las instituciones republicanas, junto con la subestimación de toda la sociedad argentina y de su capacidad para sacar cuentas y empezar a preguntarse seriamente adónde van a parar y con qué provecho sus aportes tributarios.
